Ecologistas en Acción exige a las administraciones compromisos efectivos para conservar las vías pecuarias y los caminos públicos y frenar su deterioro

En el Estado español se han perdido 40.000 kilómetros de vías pecuarias. La base esencial para gestionar, conservar y recuperar las existentes es su clasificación, deslinde y amojonamiento, como así lo recoge tanto la ley estatal de vías pecuarias como la de las cinco comunidades autónomas que las tienen aprobadas en su ámbito territorial.

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en la actualidad existen 112.556 kilómetros de vías pecuarias clasificadas en el Estado español. Ecologistas en Acción, con la información proporcionada por las 12 comunidades autónomas que cuentan con este tipo de vías, cifró en 138.146 los kilómetros mínimos inventariados de vías pecuarias en ese momento. 30 años después de la promulgación de la ley básica estatal de vías pecuarias, aún falta un 20% de ellas por clasificar. Las cifras son prácticamente idénticas a las suministradas a Ecologistas en Acción en 2014, por lo que el avance en los últimos 10 años ha sido prácticamente nulo.

Según el MITECO, de los 112.556 kilómetros de vías clasificadas se han deslindado 20.098 kilómetros, un 17% de las anteriores, y se habrían amojonado 1.860 kilómetros, un 9% de las deslindadas y un 1,3% de la totalidad de vías pecuarias existentes en la actualidad. Lo que es un indicativo de la enorme pasividad con la que se trabaja este tema a nivel autonómico. Para conseguir avanzar en este proceso, Ecologistas en Acción ha solicitado durante los últimos años la creación de Direcciones Generales específicas de vías pecuarias en las comunidades autónomas, que cuenten con presupuestos y medios suficientes para conseguirlo.

Pero más allá de esta pasividad autonómica, Ecologistas en Acción ha detectado en los últimos años una disminución de las herramientas jurídicas para la conservación y uso de las vías pecuarias, a través de leyes ómnibus autonómicas, como está pasando en la Comunidad de Madrid y en Castilla La Mancha.

La Comunidad de Madrid pretende la modificación de la ley autonómica de vías pecuarias, para facilitar el desarrollo de proyectos urbanísticos sobre ellas, a través de una propuesta de ley de medidas urgentes para el incremento de la oferta de vivienda con protección pública.

En Castilla La Mancha, copiada por otras comunidades autónomas, los esfuerzos van encaminados a permitir la caza en las vías pecuarias, espacios considerados tradicionalmente como no cinegéticos, a través de la ya aprobada Ley 1/24 de Medidas Administrativas y de Creación de la Agencia de Transformación Digital. Esta ley se encuentra recurrida en el Tribunal Constitucional por la Administración General del Estado, ante los requerimientos de varias organizaciones, entre ellas Ecologistas en Acción.

Entre las demandas a las administraciones públicas también se encuentra la dirigida al gobierno estatal para la pronta aprobación de la Red Nacional de Vías Pecuarias, que si bien se ha sometido recientemente un segundo borrador, que incorpora a esta red 11.393 kilómetros, a información pública, su aprobación lleva 30 años de retraso. Esta red estatal debe estar integrada por aquellas vías pecuarias interautonómicas e interfronterizas, así como las de amplio interés o las que sirven de enlace entre ellas y es básica para una buena gestión y conservación de las mayores vías pecuarias estatales.

Los caminos públicos no están en mejor situación y aquí la responsabilidad es de los ayuntamientos. Cada consistorio está obligado por la normativa de régimen local a elaborar y mantener su propio inventario de caminos públicos de su municipio, dado que recae en ellos la responsabilidad de su gestión y conservación. Pero a pesar de la importancia de contar con esta herramienta, son muy pocos los ayuntamientos que han aprobado estos inventarios.

Los caminos públicos, al igual que las vías pecuarias, son espacios de dominio público y, por tanto, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. A pesar de ello, muchos tramos de ambos espacios han desaparecido o son ocupados, degradados o reducidos por diferentes actividades humanas. Los inventarios de caminos públicos son una herramienta legal y técnica imprescindible para evitar usurpaciones, defender el dominio público y garantizar el acceso vecinal.

Los caminos públicos y las vías pecuarias, como otros espacios y servicios públicos, merecen y deben ser conservados. En ese objetivo se enmarca la celebración de un Día de las Vías Pecuarias y los Caminos Públicos que sirva para dar a conocer su importancia y denunciar la actual situación de degradación de la que son objeto.