PACMA se persona ante el Tribunal Supremo para defender la condena al cazador que mató al perro Nerón en la Sierra de Baza

Madrid, 20 de mayo de 2026 – El Partido Animalista PACMA se ha personado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo como parte recurrida en el recurso de casación interpuesto por la defensa del cazador condenado por matar de un disparo al perro Nerón en la Sierra de Baza (Granada). Los hechos tuvieron lugar en marzo de 2022, mientras el animal paseaba por el campo junto a sus tutores. El condenado intentó posteriormente ocultar el cadáver, según quedó acreditado en sede judicial.

La formación política da así continuidad a su actuación como acusación popular en un procedimiento que ha supuesto un considerable precedente judicial en materia de maltrato animal y responsabilidad penal derivada de la actividad cinegética.

Inicialmente absuelto

Aunque el Juzgado de lo Penal nº1 de Granada absolvió inicialmente al acusado en junio de 2025, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de la provincia revocó íntegramente aquella sentencia tras estimar el recurso presentado por la acusación particular, al que PACMA se adhirió como acusación popular. 

La Audiencia condenó finalmente al cazador por un delito de maltrato animal con resultado de muerte, imponiéndole una pena de un año y un día de prisión y tres años de inhabilitación para actividades relacionadas con animales y para la tenencia de los mismos, lo que conllevó a la pérdida temporal de su licencia de caza. La representación legal del condenado anunció posteriormente la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por presunta infracción de ley. 

El presidente nacional de PACMA, Javier Luna, considera que “este caso simboliza la necesidad urgente de endurecer la respuesta penal frente a la violencia contra los animales y de acabar con la impunidad que históricamente ha rodeado determinados abusos cometidos en contextos cinegéticos”.

Desde PACMA recuerdan además que, pese a la condena obtenida, la pena impuesta sigue permitiendo previsiblemente que el condenado evite el ingreso efectivo en prisión, lo que evidencia, según la formación, «la insuficiencia de las actuales penas previstas para delitos graves de maltrato animal».