IU lleva al Congreso una iniciativa para que el Gobierno “paralice definitivamente” y no sólo de forma temporal el almacén de basura radiactiva en Villar de Cañas

Jueves, 19 de julio 2018.

Izquierda Unida, a través de su coordinador federal y portavoz parlamentario, Alberto Garzón, y su diputada y portavoz en temas medioambientales, Eva García Sempere, ha registrado en el Congreso una iniciativa para que el Gobierno “paralice definitivamente el proyecto de Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radiactivos (ATC) en la provincia de Cuenca”.

IU trabajaba desde hace tiempo para poner en marcha esta proposición no de ley, pero la aceleró ayer mismo tras conocer el alcance real, exclusivamente temporal además de propagandístico, de la decisión publicitada a bombo y platillo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre las instalaciones en la localidad de Villar de Cañas. De hecho, lo que el Gabinete socialista se ha limitado a hacer ahora es solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión temporal de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación del ATC para ‘analizar con cierto detalle la situación’.

García Sempere argumenta su iniciativa en que “si la solución que se ofrece es temporal, tal y como indica su denominación, hay que tener en cuenta que todas las centrales nucleares del país ya cuentan con un Almacén Temporal Individualizado (ATI) donde almacenar provisionalmente los residuos que producen o están en diferentes fases de cara a su construcción. Construir el ATC sería duplicar la inversión de forma totalmente innecesaria, por lo que nos podríamos ahorrar más de 2.800 millones de euros entre construcción, explotación y posterior desmantelamiento”.

Frente a distintas versiones interesadas, aclara también que “tampoco hay prisa para que los residuos de Vandellós I vuelvan de Francia, pues no se está pagando un solo euro por su custodia merced al convenio entre la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos nucleares en España, Enresa, y la multinacional francesa del sector nuclear, Areva, firmado en octubre de 2012”.

La parlamentaria de Izquierda Unida desmonta también en la iniciativa otro de los falsos argumentos aireados por los sectores pronucleares, el innegable beneficio económico que acarrea para todo el territorio cercano la instalación de este tipo de basureros nucleares zona. Señala que “no traerá ningún beneficio, más bien al contrario, a las diversas Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas con las que cuenta la agricultura y la ganadería de la provincia de Cuenca. El campo y quienes viven de él, tan necesitados de ayuda, recibirían un duro golpe que podría ser definitivo para sus economías y la de la zona”.

La proposición no de ley que impulsa IU insta también al Gobierno del PSOE en su parte propositiva a “elaborar un calendario para el cierre de todas las centrales nucleares y valorar el volumen de residuos nucleares generado a gestionar, a través de un procedimiento abierto y participado por la ciudadanía, atendiendo a la seguridad, la protección del medio ambiente y los menores costes económicos”.

Eva García Sempere entiende que “para caminar hacia la solución menos mala sobre estos residuos, tras establecer el calendario de cierre de las centrales nucleares, se debería redactar un nuevo plan de gestión de residuos nucleares. El actual de 2006 está obsoleto y el que debe hacerse tiene que contar con un amplio consenso mediante un proceso participativo”.

Izquierda Unida reconoce el encomiable trabajo que llevan a cabo “los grupos y asociaciones de la provincia agrupadas la mayoría en la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Villar de Cañas”. Gracias a su labor se han podido conocer y dar la publicidad necesaria a informes de diversa índole “que dejan clara la no idoneidad de los terrenos elegidos, por lo que la sociedad conquense y la castellano manchega han seguido pidiendo que el Consejo de Seguridad Nuclear estudiara a fondo estos graves problemas. Se ha pretendido seguir adelante con el proyecto sin todas las pruebas necesarias para ello y sin pensar en la seguridad y el coste de la instalación”.