Denuncian la preocupante inseguridad de la central nuclear de Almaraz tras un último fallo de seguridad

Ecologistas en Acción de Extremadura denuncian una nueva situación de inseguridad que se ha generado en la Central Nuclear de Almaraz. En este caso se ha registrado una parada automática de la Unidad I por la anomalía en una fase del transformador, aparentemente relacionada con el deterioro de ciertos componentes de las instalaciones.

La organización recuerda que la CNA ha superado con creces su tiempo de vida útil y que es un peligro para la población circundante. Ecologistas en Acción recuerda que estas instalaciones nunca debieron haber sido construidas, que son una fuente permanente de peligro y de residuos de imposible gestión y que los operadores, Iberdrola, Endesa y Naturgy se han estado enriqueciendo a costa de la ciudadanía a cambio de dejar unos residuos cuya gestión va a durar millas de años y que no les va a suponer ninguna carga económica pues, con la complicidad del gobierno, van a eludir sus responsabilidades en la construcción del Almacén Geológico en Profundidad que está prevista para 2073, tres años después del cese de responsabilidades de los operadores nucleares en materia de residuos.

Ecologistas en Acción de Extremadura exigen al gobierno que no se plantee ningún tipo de prórroga para el cierre, si acaso un adelanto si la precaria situación de estas peligrosas instalaciones lo requiere. Por este motivo el intento del PP y Vox en el Congreso de los Diputados con la abstención de Junts per Catalunya de extender la vida útil de las centrales nucleares y de dejar en manos de las eléctricas la toma de decisiones al respecto de las cuestiones energéticas, pone de manifiesto la servidumbre de los grandes partidos al oligopolio energético.

La propuesta de los partidos de derechas pretende limitar la capacidad de los gobiernos para establecer la política energética, la deja bajo control de las empresas nucleares y busca dar continuidad a estas plantas, sin fecha de cierre hasta que los operadores lo estimen conveniente o el Consejo de Seguridad Nuclear lo exija. Además, propone modificar el 7º Plan General de Residuos Radiactivos y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para asumir la mayor cantidad de residuos radiactivos que habrá que gestionar durante un período arbitrario de 10 años, sin entrar en consideraciones de cómo se va a financiar eso.

Alargar la vida de las nucleares supone gastar enormes inversiones públicas en mantenimiento, seguridad y gestión de residuos y renunciar al principio de “quien contamina paga”, siendo las grandes empresas eléctricas las que obtienen beneficios empresariales históricos.