40 años después, las ballenas siguen amenazadas: llamamiento urgente al Gobierno para reforzar su protección y la de sus hábitats

Hace 40 años entró en vigor la moratoria para la caza comercial de las grandes ballenas a nivel mundial, impulsada por la Comisión Ballenera Internacional, para frenar su extinción. Ecologistas en Acción y OceanCare alertan de que cuatro décadas después muchas de estas especies de grandes mamíferos marinos, entre ellas las ballenas azules y los rorcuales, siguen estando gravemente amenazadas, e incluso en peligro de extinción.

Lo mismo ocurre con otras especies de cetáceos grandes, como los cachalotes, y otros de menor tamaño, como calderones, zifios, marsopas  y delfines, que no están oficialmente protegidos por la moratoria sobre la caza comercial de ballenas. Estas especies son esenciales para la salud de los océanos y del planeta y continúan estando en peligro debido a la presión creciente de impactos humanos y cambios ambientales que amenazan su supervivencia y desestabilizan sus poblaciones.

Entre las especies de ballenas que se encuentran en una situación más crítica, destacan el rorcual común, tanto en aguas del Mediterráneo como en Canarias, o la ballena vasca del Atlántico Norte (Eubalaena glacialis). De entre los odontocetos, destacan las orcas, especialmente la subpoblación del Estrecho de Gibraltar y el Golfo de Cádiz, así como el cachalote, la marsopa o el zifio de Cuvier.

Aunque el Estado español ha avanzado en la designación de espacios marinos protegidos relevantes para ballenas y diversas especies de cetáceos —como el Área Marina Protegida (AMP) “Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo”, los espacios Red Natura 2000 del Mar de Alborán, el Banco de Galicia o varias Zonas de Especial Conservación (ZEC) en Canarias—, la protección efectiva de estos hábitats sigue siendo insuficiente.

En este contexto, las organizaciones ecologistas reclaman que el plan de gestión del AMP Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo (cuya aprobación, tras años de retraso, está ahora prevista para junio de 2026) suponga un punto de inflexión real en la protección de este espacio marino protegido. También que garantice una reducción efectiva de las colisiones de cetáceos con buques, mediante medidas concretas, vinculantes y basadas en la mejor evidencia científica disponible.

Además, señalan que urge reclasificar las subpoblaciones del Mediterráneo del rorcual común y del cachalote de especies “vulnerables” a “en peligro de extinción” en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA), elaborando los respectivos planes de recuperación que mejoren por fin su estado de conservación.
Esta reclasificación debe hacerse en coherencia con las recomendaciones de los principales organismos científicos, como las evaluaciones de la Lista Roja de la UICN y el Comité Científico de ACCOBAMS, y con las decisiones que España ha adoptado en el seno de organismos regionales de conservación, como ACCOBAMS, ya en 2022. Cuatro años después, España sigue sin cumplir con su obligación, a pesar de que se le ha instado repetidamente a hacerlo.

Reducción obligatoria de la velocidad de las embarcaciones

Ecologistas en Acción y OceanCare insisten en la necesidad de establecer reducciones de velocidad obligatorias para cada tipo de embarcación, incluidas las recreativas. En 2023, la Organización Marítima Internacional (OMI) designó el Mediterráneo noroccidental como Zona Marina Especialmente Sensible (ZMES) –siendo la primera ZMES aprobada por la OMI con el objetivo de reducir el riesgo de colisiones de buques con ballenas–, en la que está incluida la totalidad de la AMP Corredor de Migración de Cetáceos. Sin embargo,  finalmente se limitó a recomendar  reducir la velocidad de los barcos a 10-13 nudos.

Un estudio de OceanCare que analiza comparativamente el tráfico marítimo en la ZMES del Mediterráneo noroccidental en 2023 y 2024 muestra que las navieras no están cumpliendo con esta recomendación. “Esto evidencia que la medida voluntaria es insuficiente para proteger a los cetáceos que habitan la zona”, defienden las organizaciones.

Ajustar las rutas de navegación no es una opción de mitigación del riesgo de colisiones en esta zona concreta, ya que las ballenas utilizan toda la zona de forma aleatoria durante todo el año y su presencia es difícil de predecir. Sin embargo, reducir la velocidad de los buques disminuye, por un lado, el riesgo de colisión con las ballenas; y por otro, las emisiones de ruido submarino, que suponen una amenaza adicional para estos mamíferos que dependen del sonido para sobrevivir, ya que lo utilizan para comunicarse, orientarse y cazar, funciones esenciales para su vida y conservación.

Carlos Bravo, portavoz de OceanCare, ha declarado: “Las organizaciones queremos conciliar la actividad del transporte marítimo con la protección de las grandes ballenas en el Corredor de Migración de Cetáceos. Para eso, actualmente la única medida eficaz es incluir una norma de reducción obligatoria de la velocidad de los barcos en el plan de gestión de esta Área Marina Protegida que está elaborando el MITECO. Una medida legalmente vinculante proporcionaría igualdad de condiciones para todas las compañías y evitaría la generación de distorsiones competitivas entre las que estuvieran dispuestas a reducir la velocidad por el bien de las ballenas y los que no”.

Marta García Pallarés, portavoz de Ecologistas en Acción, ha añadido: “Reclamamos que esta limitación obligatoria de velocidad se extienda a otras zonas del Estado español que son clave para la cría, alimentación y migración de cetáceos. Un caso donde la problemática alcanza dimensiones especialmente preocupantes son las aguas de las Islas Canarias, donde el cachalote se dirige hacia la extinción local”.