Podemos vuelve a interpelar al Gobierno por el veto a los concursos públicos al ‘cártel de las consultoras’

El diputado de Unidas Podemos por Bizkaia, Roberto Uriarte, ha vuelto a interpelar al Gobierno en el Congreso de los Diputados por el hecho de que se prohíba acceder a contratos públicos a empresas implicadas en el ‘cartel de las consultoras’. Uriarte ha registrado nuevas preguntas para su respuesta por escrito para conocer las intenciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ya que, según advierte, la decisión que adopte al respecto es “especialmente relevante dado que algunas de las consultoras sancionadas ya están resultando adjudicatarias de contratos relacionados con las administraciones públicas vascas, como por ejemplo PWC, además de que “podrían ser beneficiarias de cuantiosos contratos financiados por los fondos europeos de recuperación”.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sancionó el pasado 11 de mayo con multas de 6,3 millones de euros a 22 consultoras por manipular licitaciones públicas para repartírselas entre 2008 y 2018 en una resolución que activaba “el presupuesto legal para que las empresas sancionadas no puedan participar en los próximos concursos organizados por las administraciones públicos”.

Abierta la puerta al veto en los concursos públicos, Uriarte interpeló al Gobierno el 8 de junio por “la situación del procedimiento administrativo para concretar la duración y el alcance de las prohibiciones de contratar, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado”. Ésta era una de las cuestiones que se incluían en la batería de preguntas (diez en total) formuladas por el diputado de Unidas Podemos para que el Ejecutivo español diera explicaciones sobre el ‘cártel de las consultoras’.

En su respuesta, el Gobierno eludió muchas de las cuestiones y, en respuesta a la interpelaciones sobre las posibles sanciones, argumentó que “no resulta posible iniciar la tramitación de los procedimientos de declaración de alcance y duración de la prohibición de contratar en tanto en cuanto no haya transcurrido el plazo necesario para garantizar que los sujetos sancionados no han interpuesto recurso contenciosoadministrativo, ni solicitado la suspensión del procedimiento como medida cautelar del mismo”.

Sin embargo, Uriarte apela al respecto al razonamiento mantenido por la Abogacía del Estado para dejar constancia de que el Ministerio de Hacienda y Función Pública, prevista propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, debe decidir a la mayor brevedad posible sobre el alcance y duración de la prohibición de contratar de las consultoras sancionadas. Y más aún, incide, cuando algunas de las empresas implicadas están siendo ya adjudicatarias de contratos públicos, sin olvidar que podrían recibir cuantiosas ayudas de los fondos de la UE a la recuperación.

Ante esta preocupante situación, Uriarte ha preguntado al Gobierno por si las consultoras sancionadas “han interpuesto recurso y solicitado la suspensión de la ejecución de la prohibición de contratar impuesta por la CNMC” y si, en el caso de que estas empresa hayan solicitado la suspensión de la prohibición de contratar como medida cautelar, se va a proceder a determinar el alcance de esta prohibición, tal y como defiende la Abogacía del Estado”. En el supuesto contrario, interpela por los motivos por los que el Ministerio “adoptaría una posición contraria por la Abogacía del Estado”.

Igualmente, en la iniciativa registrada, quiere conocer por escrito por cómo Hacienda “pretende asegurar el interés general y el buen uso de los fondos europeos en el caso de que decida no llevar a cabo la determinación de la duración y alcance de la prohibición de contratar” en el caso del ‘cártel de las consultoras’.

Uriarte defiende que el Gobierno debe informar de forma transparente sobre este asunto ya que “es fundamental ir hasta el final en un caso de corrupción que nos afecta de forma tan grave”. A este respecto, recuerda que, en su resolución sancionadora, el CNMC “describe hechos y aspectos que indican la connivencia, conocimiento o incluso implicación activa de gerentes de la función pública en los cárteles”, por lo es preciso que la Administración Pública actúe de forma responsable y sin dejar ningún espacio para la duda.