Ecologistas: «La prórroga de Almaraz es un fraude y una traición a la ciudadanía»

Ecologistas en Acción rechaza la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y de su titular, Sara Aagesen, de prorrogar el funcionamiento de la central nuclear de Almaraz hasta 2030. La organización ecologista considera que esta decisión incumple el compromiso con la ciudadanía, la planificación energética e, incluso, el programa electoral del PSOE. Para Javier Andaluz, responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción: “Esta prórroga es una traición y un fraude a la ciudadanía, que asumirá mayores costes a medio y largo plazo mientras se retrasa una transformación energética que resulta inaplazable”. Andaluz ha añadido: “Con esta prórroga, el Gobierno abre la puerta al caballo de Troya nuclear: una maniobra que no busca garantizar el suministro eléctrico ni la seguridad radiológica, sino perpetuar un negocio radiactivo cada vez más dependiente del dinero público para seguir operando”.

Ecologistas en Acción subraya que el Gobierno de España pretende escudarse en un procedimiento administrativo nada ortodoxo para justificar la prórroga, sin haber llevado a cabo una revisión de seguridad en profundidad. El propio informe del Consejo de Seguridad Nuclear que avala la operación reconoce que se limita a analizar la concesión de la autorización, dejando fuera la labor de inspección y control de la central durante estos años, así como el cumplimiento íntegro de los compromisos exigidos en la renovación de 2020. La organización ecologista subraya su compromiso en enfrentar el “sucio y radiactivo negocio nuclear”.

Para Ecologistas en Acción no se trata solo de Almaraz. El precedente que sienta esta forma de proceder allana el camino para que el resto del parque nuclear reclame idéntico trato, arrastrando en su calendario a Ascó 1 y Cofrentes, bloqueando así el cierre nuclear pactado. Por ello, la organización ecologista continuará analizando los efectos de esta normativa y sus implicaciones legales para la planificación energética, que el Gobierno ha terminado convirtiendo en papel mojado al ceder ante los intereses del oligopolio eléctrico y de la derecha política. 


Una orden ministerial ad hoc que saldrá cara

Para Ecologistas en Acción la nuclear es una energía cara, insegura e innecesaria. Encarece el precio de la luz, resulta incompatible con una gestión eficiente de una red eléctrica basada en energías renovables y desvía fondos que deberían destinarse a la transición energética. La organización ecologista señala que la continuidad de estas centrales resulta fundamental para que Iberdrola, Endesa y Naturgy, sus empresas propietarias, mantengan el control sobre el mercado eléctrico y sobre la política energética del Estado, a costa del bolsillo de la ciudadanía.

En palabras de Javier Andaluz: “La orden ministerial recientemente publicada en el BOE parece copiar la propaganda pronuclear con la que se ha bombardeado a la ciudadanía”. Andaluz explica que “los argumentos que se incluyen como el posible efecto de la volatilidad de precios, el bajo impacto de los residuos o la seguridad radiológicas no tienen la solidez necesaria. De hecho, se ignora deliberadamente elementos como que el combustible nuclear también está financiando la guerra y nos hace muy dependientes de países como Rusia o Estados Unidos”.

El Movimiento Ibérico Antinuclear, del que forma parte Ecologistas en Acción, muestra su rechazo a esta prórroga. Para Cristina Rois, portavoz del MIA: “El Gobierno ha roto su compromiso de condicionar la prórroga de Almaraz a tres condiciones: conveniente para la seguridad del suministro eléctrico; no a costa del bolsillo del contribuyente; y seguridad radiológica, que en opinión del Movimiento Ibérico Antinuclear se satisface a nivel normativo pero sin suficientes garantías”.

El movimiento antinuclear advierte lo que puede venir a continuación: cruces de informes, anuncios de reducciones de tasas u ofrecimientos de dinero público, peticiones empresariales de beneficios adicionales, modificaciones postergadas y nuevas ventanas de oportunidad fabricadas para seguir reclamando subvenciones. Cristina Rois recuerda: «No es la primera vez que ocurre: el cierre de Garoña se convirtió en una agonía de meses hasta que, finalmente, el gobierno de Mariano Rajoy y el entonces ministro Álvaro Nadal la cerraron por cara e innecesaria, demostrando que otra decisión siempre es posible”. Rois advierte: “Las empresas propietarias del negocio nuclear estarán ante una situación muy favorable para obtener nuevas prórrogas con rebaja de impuestos, como el de la ecotasa extremeña, un regalo de unos 40 millones de euros por año. Esta decisión tendrá consecuencias en todo el parque nuclear y en el dinero disponible para la gestión de residuos”.

Ecologistas en Acción recuerda además que la orden no recoge la propia evaluación estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Gobierno de España, que reconoce que prolongar las centrales nucleares retrasaría el desarrollo de las renovables y encarecería la transición a medio y largo plazo. Paca Blanco, activista antinuclear en Ecologistas en Acción, denuncia: “Esta prórroga es una traición que condena el futuro de todo un territorio que verá durante décadas los residuos nucleares en la central. Vuelve a ganar el oligopolio que sigue atando el futuro a las grandes corporaciones que especulan con nuestro territorio”. “A ello”, concluye Blanco, “se suma que sigue sin existir una respuesta satisfactoria a la gestión de los residuos radiactivos, mientras persisten cementerios nucleares como El Cabril o los residuos de alta actividad derivados del accidente de Vandellós I”.