Más País-Verdes Equo pide incluir el crimen del Ecocidio en el Estatuto de Roma
Aunque en la actualidad se están desarrollando diferentes trabajos para encontrar una definición jurídica definitiva, se entiende por ecocidio el daño grave y la destrucción masiva de los ecosistemas, cometido durante un determinado espacio de tiempo.
En las jornadas celebradas en el Congreso de los Diputados este martes 15 de junio, la diputada de Más País- Verdes Equo, Inés Sabanés, ha insistido en la importancia de que el Gobierno de España se comprometa a impulsar y a liderar la reforma del Estatuto de Roma, para incluir el crimen del ecocidio, como otro de los delitos reconocidos por la Corte Penal Internacional.
En estas jornadas han participado también Maite Mompó, representante de la iniciativa Stop Ecocidio España; Rodrigo Lledó, director de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR); Teresa Vicente, directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia e impulsora de la Iniciativa Legislativa Popular para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor; y Pablo Fajardo, abogado y activista ambientalista de Ecuador, ganador del caso Chevron y también parte del Panel Internacional de Juristas que han elaborado la Definición de Ecocidio.
Durante el evento, se ha puesto de relevancia el momento decisivo que atraviesa el planeta: o dejamos de destruir los ecosistemas que sostienen la vida o nos veremos cada día más cerca de una crisis climática que no tenga vuelta de hoja. Todos los ponentes han destacado que para evitar avanzar en esa senda es vital poner soluciones políticas y jurídicas a la destrucción del medio ambiente.
Según Sabanés “en España hemos sufrido, tristemente, muchos casos en los que no se ha cumplido la premisa esencial de que quien contamina debe pagar. Se destacaba en la prensa esta semana: casos como el Prestige, el vertido de la mina de Aznalcóllar, o la destrucción sistemática del Mar Menor han tenido impactos brutales en nuestros entornos naturales, pero no sólo las empresas no se han hecho cargo de restaurar los daños, sino que además tienen equipos jurídicos dedicados específicamente a evitar las sanciones. Frente a esto hay dos fenómenos: administraciones que prefieren mirar para otro lado, como ha sido el caso del Mar Menor, y administraciones que, simplemente, no tienen los recursos para enfrentarse a esos equipos jurídicos.”
Los representantes de Stop Ecocidio y FIBGAR han solicitado a los diputados y diputadas presentes en las jornadas que se hagan eco de esta petición para crear el crimen del ecocidio, tal y como vienen demandando la sociedad civil y la ciencia desde hace años.
Sabanés, que forma parte de la Alianza Internacional por el Ecocidio (una unión de parlamentarios que reúne a cargos de diversos países), ha invitado al resto de diputados y diputadas a trabajar juntas para que el Gobierno de España asuma este compromiso y lidere junto a Francia, Bélgica, Vanuatu y Maldivas, la inclusión del crimen del Ecocidio en el Estatuto de Roma.
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