Las medidas excepcionales para garantizar los suministros esenciales no palian la creciente pobreza energética

Tras la declaración del estado de alarma en el Estado español el pasado 14 de marzo con el objetivo de centralizar la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobó una serie de medidas con carácter de urgencia y de manera excepcional para reducir los efectos económicos en la población.

Entre estas actuaciones figuraban las siguientes:

1. La garantía de suministro de agua, electricidad y gas en todos los hogares, siempre en relación a la vivienda habitual.

2. La prórroga automática del bono social eléctrico a quienes se les caduque la prestación en estas fechas, hasta el 15 de septiembre de 2020.

3. La suspensión de la revisión de precio de GLP envasado y la tarifa TUR de gas.

4. Una ampliación del bono social eléctrico a trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o visto reducida su facturación como consecuencia de la COVID-19.

5. La posibilidad de suspensión de las facturas de luz y gas y/o la flexibilización de estos contratos de suministro para autónomos y pymes.

Ecologistas en Acción y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) celebran la adopción de estas medidas, pero consideran que algunas de ellas podrían extenderse a otros colectivos que también lo necesitan y echan en falta algunas otras.

Las organizaciones ecologistas afirman que “nos encontramos con cifras terribles, que nos muestran que casi una cuarta parte de la población se encuentra en situación de precariedad frente al resto”. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE (Instituto Nacional de Estadística) del año 2018, con datos de la renta de 2017, la tasa AROPE ¹ situaba en riesgo de pobreza o exclusión social al 26,1 % de la población residente en España.

Esta no es una fotografía actualizada, advierten Ecologistas en Acción y Px1NME. La paralización de una gran parte de la actividad económica debido a la pandemia global provoca que cada vez más personas sufran una minoración tan severa en sus ingresos que ven amenazadas sus condiciones actuales de vida. El descenso en las rentas está incrementando las personas que acuden a los comedores sociales, las solicitudes de ayuda a los bancos solidarios de alimentos, las solicitudes de moratorias en préstamos e hipotecas y las solicitudes de reducción o incluso condonación de las mensualidades por alquiler de vivienda. Porque los efectos económicos afectan en primer término a este 26,1 % de la población que ya se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, pero los últimos datos que nos ofrece laEncuesta de Población Activa (EPA) durante el primer trimestre de 2020 indican que además se está produciendo un aumento en la desigualdad y la pobreza. El número de parados llega a 3.313.000 personas (14,41 % de paro), casi un número similar al de trabajadoras y trabajadores autónomos, que en 2019 suponían ya 3.112.000. El número de ocupados disminuye en 285.600 personas respecto al trimestre anterior (un -1,43 %), situándose en 19.681.300 personas (58,18 %).

Con motivo de la conmemoración de la Semana Europea contra la pobreza energética se elaboró un manifiesto en el que se proponían siete medidas para hacer frente de manera inmediata a un problema social tan grave como el de la pobreza energética. Algunas de estas propuestas, como la optimización de los contratos de suministro, ajustando el término de potencia a la demanda real y eligiendo las tarifas que mejor se adapten al horario de los hábitos de consumo de cada persona para no pagar por encima de sus necesidades, son para Ecologistas en Acción y Px1NMEmás necesarias que nunca. Esta actuación, a juicio de las organizaciones, debería hacerse de manera obligatoria por parte de las compañías distribuidoras, responsables de la recogida de los datos de consumo, y debería aplicarse de manera inmediata el tipo de IVA reducido al 4 % para todas las facturas a la que aplique el descuento por bono social.

Asimismo, Ecologistas en Acción y Px1NME lamentan que “la medida excepcional de ampliación del bono social al colectivo de trabajadores autónomos y pymes que hayan visto cesada su actividad o reducida su facturación como consecuencia de la COVID-19 no pueda aplicarse de la misma manera excepcional a trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena que han perdido sus empleos como consecuencia del parón de la actividad económica por la pandemia, ya que muchos de ellos ni siquiera han sufrido un ERTE sino que simplemente ha finalizado su contrato de obra y servicio, por ejemplo”.

“Y es que –prosiguen las organizaciones– aunque nuestros ingresos hayan sufrido una merma de manera radical, nos encontramos con que al solicitar el bono social, los datos económicos que constan en la aplicación que las comercializadoras van a revisar son los del 2018 (no hay otros), de modo que puede que en aquel momento no estuviéramos en los parámetros de renta aplicables a la concesión del bono social, pero ahora sí”.

Ecologistas en Acción y Px1NME unen a lo expuesto las dificultades que surgen para la acreditación de las circunstancias especiales reconocidas: discapacidad, ser víctima de violencia de género o condición de víctima del terrorismo o encontrarse en situación de dependencia reconocida de grado II o III, puesto que deben dirigirse a los servicios sociales, actualmente colapsados. En el caso de familias monoparentales, que deben acreditarlo con el libro de familia y el certificado de empadronamiento, o en el caso de las personas pensionistas, que deben acreditar su renta con el certificado de ingresos facilitado por la seguridad social.

Por último, las organizaciones señalan que les parece “muy necesaria la medida de prohibición de cortes de suministro de servicios básicos como agua, electricidad y gas por impago, pero que no deja de ser un endeudamiento a futuro, puesto que no supone una anulación de las facturas de los suministros, sino un aplazamiento de su pago, por lo que proponemos la implantación de mecanismos suficientes de protección adicional a esta problemática”.

Ecologistas en Acción y Px1NME recomiendan a quienes tengan dudas sobre si tienen derecho o no a solicitar el bono social que utilicen la aplicación web creada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Fundación Civio. Para resolver cualquier duda relacionada con el proceso de solicitud, la CNMC habilita el siguiente buzón de correo electrónico: proteccionalconsumidor@cnmc.es.