Rotunda sentencia contra la minera Cobre Las Cruces en Sevilla

El 12 de septiembre se celebró el juicio oral contra los acusados François Fleury (ex consejero delegado de la minera Cobre Las Cruces), William Thomas Williams (ex director de la mina de CLC) y Paz Cosmen Shortmann (directora del departamento de medio ambiente de CLC). Los tres acusados, de conformidad con la Fiscalía y la acusación popular ejercida por Ecologistas en Acción, se han declarado culpables de sendos delitos contra el medio ambiente (art. 325, 326 y 340 del Código Penal) y de daños al dominio público (art. 263 y 264 del C.P.).

Las penas impuestas para cada uno de los condenados han sido de un año y tres meses de prisión y un año de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión. La indemnización por responsabilidad civil de la empresa ha quedado fijada en 43.688,17 € por contaminación y 249.521,43 € por detracción ilegal de aguas subterráneas.

Las investigaciones judiciales se iniciaron en mayo de 2008 tras la denuncia de Ecologistas en Acción ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Durante la fase de construcción de la corta minera de CLC en Gerena, un grupo de activistas de la organización detectaron una gran cantidad de balsas ilegales con aguas contaminadas, que fueron denunciadas de manera reiterada ante la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, desde junio de 2007.

Los hechos delictivos cubren el periodo entre 2005 y 2008, cuando se detectaron concentraciones de arsénico en las aguas subterráneas del acuífero Niebla-Posadas en concentraciones muy superiores a las permitidas para el consumo humano.

Según indican desde Ecologistas, «la contaminación se provocaba por el sistema de drenaje-reinyección SDR de la mina, cuando la función de ese sistema debería ser la de proteger el acuífero«. En definitiva, la empresa «estaba inyectando aguas contaminadas procedentes del fondo de la corta minra, algo terminantemente prohibido».

El colectivo subraya que los daños producidos «no fueron mayores» gracias a la paralización cautelar que ordenaron técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir» que, «de forma significativa», terminaron siendo apartados del control de la mina.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla indica que desde el año 2006 se detectó una surgencia que estaba vaciando el acuífero y vertiéndolo al río Rivera de Huelva con conocimiento de la empresa. Y también ha quedado demostrada una detracción ilegal de aguas, derivada del incumplimiento de la obligación de mantener un equilibrio entre las extracciones y reinyecciones de aguas subterráneas de SDR. En los primeros nueve meses de 2007 se reintegró al acuífero un 43% menos de agua de lo necesario para mantener ese equilibrio.

Ecologistas en Acción, como acusación popular, se muestra satisfecha «por el trabajo riguroso, constante e ininterrumpido» del Juzgado nº 19 y de la Fiscalía de Medio Ambiente durante la instrucción, recabando numerosos informes a diferentes organismos técnicos, hasta llegar a las «contundentes conclusiones» que se plasman en el escrito de acusación.

El colectivo censura, en cambio «la actitud pasiva de las Administraciones públicas», tanto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como de la Junta de Andalucía, «que además de no personarse para defender el dominio público y la salud de la población, siguen amparando los reiterados ataques medioambientales» de la minera Cobre las Cruces.