TLP -Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo y Alianza Verde advierte de que el macrocentro de datos de Torrelobatón amenaza el agua y el futuro de los pueblos de su entorno

El proyecto previsto en Torrelobatón contempla una inversión de 1.600 millones de euros, una potencia informática de 160 megavatios y una demanda eléctrica estimada de 2.025,6 GWh al año. La documentación calcula además un consumo directo de 5.996 metros cúbicos de agua anuales. Para TLP-IU, estas cifras son suficientemente contundentes como para exigir que se deje de hablar exclusivamente de inversión y empleo y se empiece a hablar también de recursos naturales, de sostenibilidad y, sobre todo, de las consecuencias que tendrá la instalación sobre los municipios que tendrán que convivir con ella.

La preocupación es especialmente intensa en San Pelayo, el municipio más cercano a la instalación proyectada y que ya afronta en la actualidad dificultades para garantizar el suministro de agua a su población durante los meses de verano. La alcaldesa de San Pelayo, Elisa Cerrillo, de TLP, denuncia que el descenso del nivel del manantial ha obligado en varias ocasiones este verano a recurrir a camiones cisterna de los bomberos de la Diputación para poder llenar el depósito municipal. “Estamos trabajando para dotar al municipio de un nuevo sondeo y un nuevo depósito de agua para dar solución a este problema. Lamentablemente, la burocracia para obtener los permisos de la Junta está retrasando la actuación más de lo deseado”, explica Cerrillo.

Para la alcaldesa, resulta especialmente grave que mientras un pequeño municipio como San Pelayo tiene que hacer frente a dificultades para disponer de agua para sus vecinos y vecinas, se pretenda instalar a escasa distancia una infraestructura que necesitará grandes cantidades de recursos para su funcionamiento. “Si el centro de datos que se pretende instalar llega a hacerse realidad, supondría el fin para San Pelayo, puesto que dejaría al pueblo sin agua para abastecer al municipio. No se puede consentir que pretendan poner en riesgo el futuro de un pueblo por un proyecto que carece de sostenibilidad y que supone una grave amenaza para nuestro municipio”, afirma.

El diputado provincial de TLP y portavoz de la formación, Julio Pereda, considera que la denuncia de la alcaldesa de San Pelayo debería hacer saltar todas las alarmas en la Junta de Castilla y León. “No estamos hablando de un problema hipotético ni de una amenaza que pueda producirse dentro de veinte años. San Pelayo está teniendo ya problemas para garantizar el agua durante el verano y está necesitando camiones cisterna para llenar su depósito. Y, en esta situación, se pretende colocar prácticamente al lado una macroinstalación que va a demandar enormes cantidades de recursos. Es sencillamente una temeridad”, sostiene.

Pereda reclama que el proyecto deje de analizarse desde una perspectiva exclusivamente económica y que se estudie qué consecuencias tendrá sobre el territorio. “Parece que para algunos cualquier proyecto de 1.600 millones de euros merece barra libre. Desde TLP no aceptamos ese planteamiento. El dinero de una inversión no compra el derecho a disponer ilimitadamente de los recursos de nuestros pueblos ni puede estar por encima del derecho de sus vecinos y vecinas a tener agua ”, afirma.

El rechazo a la instalación se extiende también a Torrecilla de la Torre. El concejal de TLP en el municipio, José Linares, considera que el macrocentro de datos constituye “una auténtica amenaza sobre el territorio” y reclama que se ponga el foco en una de las consecuencias menos visibles del desarrollo de la inteligencia artificial: su enorme demanda de recursos. “Esta es también la otra cara de la moneda de la inteligencia artificial, de la que se habla mucho menos. Detrás de cada aplicación y de cada avance tecnológico hay una infraestructura que necesita enormes cantidades de energía y agua para funcionar. Y esa demanda tiene consecuencias sobre los territorios y sobre las poblaciones que tienen que aportar esos recursos”, señala Linares.

El concejal de TLP advierte de que el debate no puede desligarse de la situación climática que atraviesa el territorio. “Estamos ante un escenario de cambio climático y de creciente escasez de agua. Llevamos décadas recibiendo advertencias sobre el proceso de desertificación que afecta a buena parte de España y estamos viendo ya algunas de sus consecuencias más graves, como los grandes incendios forestales que están arrasando extensas superficies de la Península. En este contexto, apostar por instalaciones que requieren un consumo permanente y elevado de agua exige, como mínimo, una enorme responsabilidad y un análisis de sus consecuencias a largo plazo”, afirma.

Para Linares, “no se puede presentar la inteligencia artificial únicamente como símbolo de progreso y modernidad y ocultar los costes ambientales que lleva asociados”. A su juicio, el desarrollo tecnológico debe estar condicionado por la capacidad real del territorio para soportarlo y por la obligación de preservar unos recursos que son imprescindibles para garantizar la vida y el futuro de los pueblos.

El diputado provincial Julio Pereda respalda las palabras del concejal de Torrecilla de la Torre y considera que “precisamente ahí está una de las claves de este debate: quién paga el coste de la llamada revolución tecnológica”. “No podemos aceptar que los beneficios de estas grandes inversiones se privaticen mientras los costes ambientales, el consumo de agua y la presión sobre el territorio recaen sobre nuestros pueblos. Si la inteligencia artificial necesita cada vez más centros de datos, también tenemos que preguntarnos dónde se instalan, qué consumen y quién asume las consecuencias”, añade.

El portavoz provincial considera especialmente preocupante que el macrocentro se plantee en un entorno en el que también existen otros grandes proyectos industriales con importantes necesidades de agua. “Aquí no estamos hablando de una instalación aislada. Tenemos que mirar el conjunto. Torrelobatón, San Pelayo, Torrecilla de la Torre y los demás municipios del entorno comparten territorio y recursos. No se puede autorizar proyecto tras proyecto sin preguntarse cuánto agua hay, cuánto se está utilizando ya y qué va a ocurrir dentro de unos años”, señala.

La formación advierte además de que la disponibilidad de una gran infraestructura eléctrica no puede convertirse en el criterio determinante para ubicar este tipo de macroproyectos. El hecho de que el territorio disponga de capacidad energética para acoger una instalación de estas características no significa que tenga capacidad ambiental o hídrica para soportarla. “Nos preocupa profundamente que se esté aplicando la lógica de ‘como aquí hay electricidad, aquí ponemos un centro de datos’. ¿Y el agua? ¿Y los pueblos? ¿Y su futuro? ¿Quién responde si dentro de unos años San Pelayo no puede garantizar el abastecimiento? No podemos permitir que la Junta mire únicamente las cifras de inversión y se desentienda de las consecuencias que van a sufrir quienes viven aquí”, denuncia Pereda.

TLP-IU recuerda que el proyecto no solo presenta una enorme demanda eléctrica, sino que necesita sistemas de refrigeración para mantener en funcionamiento miles de servidores y contempla además un importante sistema de generación eléctrica de emergencia. A juicio de la formación, todos estos elementos deben ser valorados conjuntamente dentro de una evaluación ambiental rigurosa, que tenga en cuenta tanto el impacto directo de la instalación como sus efectos acumulativos con otros proyectos previstos en la zona.

El grupo provincial reclama también que se valore de manera realista el retorno que este tipo de instalaciones tendrán para los municipios afectados. “No estamos en contra de que lleguen inversiones a nuestros pueblos. Estamos en contra de un modelo en el que se privatizan los beneficios y se socializan los costes. Si una macroempresa viene a consumir suelo, agua y energía, lo mínimo que tiene que demostrar es que su actividad es compatible con el territorio y que aporta un beneficio proporcional a los recursos que consume”, afirma Julio Pereda.

Para la formación de izquierdas, el caso de San Pelayo demuestra la necesidad de cambiar el enfoque. “La lucha contra la despoblación no consiste en llenar nuestros campos de macroproyectos. Consiste en garantizar que nuestros pueblos tengan agua, servicios públicos, empleo y condiciones dignas para vivir. Si para instalar un centro de datos tenemos que poner en riesgo precisamente aquello que permite que un pueblo siga existiendo, estaremos caminando en la dirección contraria”, concluye el diputado provincial.

TLP- IU exige, por tanto, a la Junta de Castilla y León que no tramite este proyecto como si se tratara de una actuación industrial más y que analice con el máximo rigor sus efectos sobre San Pelayo, Torrecilla de la Torre, Torrelobatón y el conjunto del territorio. La formación considera que la prioridad debe ser garantizar los recursos y el futuro de los pueblos, y advierte de que ninguna inversión, por millonaria que sea, puede justificar poner en riesgo el abastecimiento de agua de la población.