El Gobierno obedece a EE.UU y mantendrá secretos los documentos con las principales decisiones para descontaminar Palomares y las actas del CSN sobre qué hacer en la zona

Lunes, 10 de diciembre 2018.

El Gobierno de Pedro Sánchez da la razón a EE.UU y no tiene ninguna intención de hacer públicos o de permitir el acceso a los distintos documentos e informes que, tal y como reconoce el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), recogen los últimos acuerdos alcanzados entre las administraciones de ambos países para rehabilitar el entorno almeriense de Palomares y hacerse cargos de las ingentes toneladas de tierra contaminada a raíz del accidente en 1966 de dos aeronaves estadounidenses que dejaron caer cuatro bombas termonucleares que causaron una grave contaminación en la zona almeriense afectada, que se prolonga de forma bien localizada hasta hoy.

En una respuesta parlamentaria escrita recibida ahora a raíz de una iniciativa puesta en marcha en julio por la diputada andaluza de IU Eva García Sempere, el Ejecutivo del PSOE responde que ‘de acuerdo con la legislación vigente, el Gobierno no puede revelar públicamente materias e informes clasificados propiedad de o elaborados por otro Estado, ni tampoco puede violar la confidencialidad en las respectivas posiciones en negociaciones presentes o ya llevadas a cabo por España con un tercer país, en este caso concreto con los Estados Unidos de América’.

García Sempere ya denunció en su iniciativa escrita que registró el pasado 16 de julio que una amplia documentación que debía ser pública y de libre acceso sin ningún tipo de problema ha sido “arbitraria e ilegalmente declarada materia reservada”.

Entre ella, según datos del propio CSN a los que hace referencia la diputada, están “documentos como el Plan de Rehabilitación de Palomares (2010), la contrapropuesta norteamericana de 2015 aceptada íntegramente (‘Evaluation of Alternatives for Remediation of Soils of Contamination at the Palomares Accident Site’), las actas de las reuniones negociadoras entre ambos gobiernos, el Anexo del acta del propio CSN de la sesión celebrada el 22 de julio de 2015, donde se recogen los niveles de intervención para la restauración de los terrenos e, incluso, el informe de la estimación del daño económico y social sufrido por las áreas afectadas”.

La respuesta del Gabinete de Sánchez obedece a la pregunta concreta de la parlamentaria de IU que le interrogó sobre si “¿piensa desclasificar y hacer públicos estos documentos para evitar que sean refugio de presuntos conflictos de intereses ajenos, comportamientos ilícitos y quebranto de los derechos de la ciudadanía y la población afectada tras 52 años padeciendo contaminación radiactiva?”

En la misma línea, Eva García Sempere preguntó también al Ejecutivo del PSOE si “¿tiene intención de instar al CSN a que culmine el plan de gestión de residuos que incluya su almacenamiento provisional en un almacén temporal y otros estudios complementarios para la ejecución urgente del Plan de Rehabilitación de Palomares, dentro de los criterios radiológicos de 2003, con o sin la ayuda de los EE.UU?”

A este respecto, en su escueta respuesta de tan solo tres párrafos, el Ejecutivo señala que ‘en cualquier caso, este tema se abordará en el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos que el Gobierno está elaborando y que se ha comprometido a presentar a lo largo del año próximo’.

‘Se informa -concluye el Gobierno en su respuesta parlamentaria- que corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear plantear las condiciones de ejecución del Plan de Rehabilitación de los terrenos de Palomares’.

García Sempere denuncia que con este tipo de respuestas “el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene el mismo férreo oscurantismo que sobre este tema tuvieron tanto la dictadura como sucesivos gobiernos del PSOE y PP, los cuales prolongaron así el statu quo, los modos y maneras instaurados por el franquismo. Esta es la misma opacidad que ha mantenido engañados y desinformados durante varias generaciones tanto a la opinión pública como a los/as propios/as vecinos afectados/as”.

Los distintos ejecutivos del PSOE y PP llevan décadas negociando que EE.UU se haga cargo y se lleve de España las tierras contaminadas con el plutonio y el americio esparcido durante el accidente militar. “Al mismo tiempo, se han ido aceptando contrapropuestas de reducir un 44% las tierras a tratar e incrementar un 400% la radiactividad a dejar en Sierra Almagrera, aledañas a las poblaciones de Villaricos y Palomares”, denuncia la diputada andaluza de IU.

A su juicio, “si en 1966 se utilizó Palomares en aras de la estabilidad política del dictador, mucho nos tememos que ahora ha servido como moneda de cambio en transacciones comerciales con el país causante. Nos enfrentamos siempre a razones ajenas a la radioprotección y a los riesgos a la salud de los afectados y el estigma medioambiental que tanto lastra su economía”.