El programa del PSOE para las elecciones del 23-J no incluye ni derogación ni modificación de la «Ley Mordaza»

El programa del PSOE para la siguiente legislatura rellena 263 páginas con decenas de medidas divididas en siete bloques, algunas de las cuales han sido anunciadas ya en los últimos días por el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez.

En su programa para la legislatura que vence el PSOE se comprometió a aprobar una ley de seguridad ciudadana que sustituyese la aprobada por el PP, vigente desde julio de 1015, en la página 179: «

Aprobaremos una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que sustituya a la llamada ¨Ley Mordaza¨ con el acuerdo de la mayoría de los grupos, reforzando la protección de las personas y asegurando un marco legislativo que facilite el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Un nuevo texto donde la sociedad española sienta reflejados sus derechos y sus libertades y donde garanticemos la protección de las FCSE.

«DE ESO NO TE QUEPA LA MENOR DUDA»

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió con la derogación de la Ley Mordaza en numerosas ocasiones. Algunas señaladas; En julio de 2022 afirmó que su ejecutivo “tiene toda la voluntad de reformar la ley mordaza” en el debate del Estado de la nación; En octubre de 2021 -“Avanzaremos poniendo punto y final a leyes como la ley mordaza y la reforma laboral del PP, impuestas y sin acuerdos, que precarizaron los contratos y devaluaron los salarios. Avanzaremos fortaleciendo Europa y aboliendo la prostitución que esclaviza a las mujeres”-; En julio de 2019, en el Congreso: «y esa conciencia es un motivo más que justificado para derogar la ley mordaza, un compromiso que quiero asumir de forma expresa con la Cámara»; En mayo de 2018 aseguró que «promovería la derogación «urgente» de los artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) que «limitan desproporcionadamente» los derechos de reunión, manifestación, libertad de expresión y libertad de información, así como la disposición final que permite la expulsión de extranjeros en la frontera «de forma arbitraria y sin derecho a tutela judicial efectiva»; en septiembre del mismo año, 2018 afirmó “Vamos a avanzar en derechos, derogando la ley mordaza porque ninguna sociedad realmente libre persigue la libertad de expresión”…

“¿La “ley mordaza”? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. De eso no te quepa la menor duda.” @lamoncloa pic.twitter.com/tFbl2gpDLn

— La Ley Mordaza (@La_Ley_Mordaza) July 10, 2023

UN CLAMOR DESDE SINDICATOS Y ORGANIZACIONES EN DEFENSA DE LAS LIBERTADES Y DDHH

Por supuesto, sindicatos y organizaciones sociales (Amnistía Internacional, No Somos Delito, Greenpeace, IRIDIA, Defender a quien Defiende, Ris, Novact y Legal Sol, etc.) han reclamado su derogación, o la modificación de los aspectos más lesivos, tras ocho años documentando y denunciando las vulneraciones de derechos en el marco de la aplicación de esta ley, pero no fueron escuchados. El 29 de junio, y con la mirada puesta en el 23-J reiteraron a los partidos políticos que acepten las recomendaciones internacionales para proteger el derecho a la protesta y reformen la Ley Mordaza en seis meses;

[…] Ante la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio, las organizaciones reclaman a todos los partidos políticos la protección del derecho a la protesta como parte central en sus programas electorales. “Es necesario que hagan realidad el compromiso asumido por escrito ante la sociedad civil en febrero de 2015 y terminen el trabajo que empezaron en la última legislatura. Los partidos estuvieron cerca de aprobar una reforma, pero, finalmente, el bloque que sostenía la legislatura y era partidario de la modificación no alcanzó un acuerdo y esta la ley sigue en vigor” […]

Recordaron que los delitos del Código Penal que afectan al derecho a la protesta deben estar definidos de forma precisa para no criminalizar indebidamente actos de desobediencia civil pacífica, ni imponer penas desproporcionadas. En cuanto al delito de desórdenes públicos, recientemente modificado, debe asegurar que sólo se castigan actos graves de violencia, sin que se pueda sancionar la protesta pacífica de los movimientos sociales, como los que defienden el derecho a la vivienda o protestan contra la crisis climática.

Igualmente recuerdan que en España las pelotas de goma deben estar prohibidas, por ser intrínsecamente imprecisas e indiscriminadas en su trayectoria, por la falta de trazabilidad que impide conocer qué agente dispara y por el elevado riesgo de causar lesiones graves que su uso conlleva.

FALTA DE ACUERDO EN LA LEGISLATURA QUE FINALIZA

Precisamente, en marzo de este año se llevó al congreso la modificación de más de 60 aspectos pactados en el texto de la norma durante meses entre los grupos de izquierda, pero decayó tras no lograrse el respaldo de ERC y Bildu. Los partidos nacionalistas se negaron a votar a favor de esas modificaciones ante la negativa del PSOE de incluir la supresión de las sanciones por desobediencia, las faltas de respeto, las pelotas de goma y las devoluciones en caliente.

Desde su aprobación con los votos del PP en solitario, más de 250 mil personas, entre las que se incluyen periodistas y activistas sociales, han sido sancionadas con multas o penas de cárcel por protestar pacíficamente o por tratar de grabar a policías durante movilizaciones ciudadanas, desahucios, etc., e incluso en ocasiones en las que las fuerzas de seguridad se extralimitaron en sus funciones vulnerando derechos fundamentales.

SUMAR APUESTA POR LA DEROGACIÓN O MODIFICACIÓN EN PROFUNDIDAD

En el programa electoral de Sumar sí se indica específicamente lo siguiente en relación a las políticas de seguridad y prevención (15 apartados);

8. Estableceremos modelos de gestión policial de las movilizaciones sociales y la desobediencia civil más tolerantes, menos agresivos y más respetuosos con los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación. No podemos decir que la seguridad ciudadana es la garantía de los derechos fundamentales si la usamos como excusa para restringirlos excesivamente. El modelo de gestión mediada —avalado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Parlamento Catalán y la Audiencia Nacional— constituye una buena práctica que debería convertirse en referente.
   También reformaremos, y derogaremos, aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión (la «ley mordaza» y el Código Penal) en un momento en el que las movilizaciones sociales son importantes para, por ejemplo, concienciarnos de la emergencia climática.
9. Propondremos una regulación completa del uso de la fuerza policial que incluirá la prohibición del uso de pelotas de goma y otros materiales antidisturbios altamente lesivos. Los y las profesionales y la ciudadanía se merecen una mayor seguridad jurídica en este ámbito. Se articulará una nueva regulación de rango legal y reglamentario del uso de la fuerza por las fuerzas policiales. Una regulación que sea flexible pero vigilante con el uso de mecanismos menos lesivos; que adecue los protocolos a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otras recomendaciones de organizaciones internacionales; que permita la participación ciudadana o de organismos independientes en el desarrollo de protocolos de actuación (que han de ser públicos) que supongan un uso de la fuerza, y que articule mecanismos de reparación ágiles y adecuados en caso de uso impropio de la fuerza.
   En nuestro país se mantiene el uso de balas de goma por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto en contexto de protestas pacíficas con fines de dispersión, como en el marco de operaciones en la frontera. Se trata de un material altamente lesivo que puede ocasionar lesiones de enorme gravedad que van desde la pérdida de ojos, la ruptura de vértebras y costillas, hasta la muerte. Por ello, se prohibirá el uso de pelotas de goma y otros materiales antidisturbios altamente dañinos para la integridad física de las personas.
   Regularemos, a la luz de la experiencia internacional, el uso de cámaras personales, como registro fidedigno de interacciones policiales con la ciudadanía.
   Igualmente, se establecerán mecanismos para el control del uso de la fuerza en todos los espacios de privación de libertad (ya sean penales, policiales, de menores o extranjería).
10. Limitaremos el uso de las paradas de identificación policial y las prohibiremos a efectos de aplicar la Ley de Extranjería. En España se usan de forma desmesurada las paradas de identificación policial, aunque la ciencia destaca que su impacto sobre la delincuencia es muy cuestionable. Su utilización para controlar la inmigración conlleva que su peso recaiga injusta y desproporcionadamente sobre personas racializadas como es reconocido por varios estudios, sentencias e informes de organismos internacionales, incluyendo Naciones Unidas y la Comisión Europea. Prohibiremos de forma expresa el uso de perfiles raciales y restringiremos la práctica de paradas policiales de identificación a situaciones vinculadas a la prevención e investigación de delitos y a supuestos muy justificados, concretos y documentados. Se modificará la «ley mordaza» y se establecerán protocolos más estrictos y menos ambiguos, registro sistemático y publicación abierta y rápida de los datos, así como mejor formación en este ámbito para evaluar y evitar el uso sesgado de este poder policial.
11. Potenciamiento de la democratización de los cuerpos policiales y refuerzo de los mecanismos de control interno y externo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es fundamental que
    las fuerzas y cuerpos de seguridad se auto controlen y asuman los contenidos básicos del Código
    Europeo de Ética de la Policía. Ello pasa por la identificación clara y visible en los uniformes para posibilitar la depuración de responsabilidades. Facilitaremos y estableceremos canales para la participación de la ciudadanía y de la sociedad civil que sean representativos y proactivamente inclusivos, sobre todo de colectivos en situación de vulnerabilidad.
    La judicatura y la fiscalía recibirán formación especializada para actuar contra los abusos en este ámbito. Se reforzará la capacidad fiscalizadora de las defensorías del pueblo mediante la atribución de carácter vinculante a sus propuestas. Respetando competencias territoriales y por medio de la negociación, se promoverá la estandarización, el fortalecimiento y la homologación de los procesos de disciplina interna para que cumplan criterios mínimos en todo el Estado. Se crearán, como piden las organizaciones de derechos humanos, instituciones externas especializadas en tareas de observación y control. Desarrollaremos indicadores públicos y transparentes de rendimiento de los cuerpos policiales, y de sus subdivisiones, para poder auditar el cumplimiento de las funciones básicas y la satisfacción de la ciudadanía. […]

La derogación o modificación de la Ley Mordaza queda a expensas de un resultado electoral que posibilite una nueva coalición progresista, y de que el programa de mínimos entre PSOE y Sumar incluya esta cuestión.

PROGRAMA ELECTORAL SUMAR