Diez años después los problemas del accidente nuclear en Fukushima continúan

Japón lleva 10 años intentando solucionar el desastre del complejo nuclear de Fukushima Daiichi, pero la tarea es muy difícil y los avances, muy lentos. La empresa TEPCO todavía no ha sido capaz de retirar todo el combustible gastado de las piscinas de los reactores dañados. Las 880 toneladas de combustible nuclear fundido siguen allí y es posible que no puedan retirarse completamente, lo que exigiría mantener encerrados los reactores en un sarcófago. El plazo estimado por la empresa para completar el proceso de desmantelamiento se alarga hasta 2041 o 2051. Si es que no hay más retrasos. El balance de la central de Fukushima es de 30 a 40 años de producción comercial y otros tantos años para recuperación del desastre y desmantelamiento. Un fracaso de la tecnología nuclear y del sentido común.

Este año además, a pesar de la covid, se celebran los Juegos Olímpicos contra la opinión mayoritaria de la población. Japón tiene previsto el vertido de 1,24 millones de toneladas de agua radiactiva al mar. La situación sigue sin controlarse y la zona del accidente no será habitable en muchos años. A pesar de los avances tecnológicos y las ingentes cantidades de recursos que se están utilizando.

Es necesaria y urgente la puesta en marcha de una transición energética que elimine los combustibles fósiles y la energía nuclear y permita transitar hacia un modelo basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables, en el que considere la energía como un derecho social básico.

La situación es inquietante, a lo que se suma la alta probabilidad de seísmos. Desde 2011, la región ha sufrido dos terremotos importantes, uno de magnitud 7,4 en 2016, y otro de otro de 7,1 el pasado 13 de febrero de 2021. No hay datos de la intensidad que alcanzó en el sitio de los reactores porque TEPCO no sustituyó los dos sismómetros del reactor, tres de ellos rotos hace ya un año. Además se cree que el último seísmo empeoró los daños en las tuberías y otras partes de la contención. Prueba de ello son los indicios de nuevas fugas, ya que el nivel del agua que refrigera y aísla los restos fundidos del núcleo ha bajado entre 40 y 70 centímetros en el contenedor del reactor 1 y unos 30 centímetros en el contenedor del reactor 3.

El agua radiactiva acumulada en Fukushima es una gran preocupación local e internacional. Hay que seguir refrigerando tres de los reactores porque sus núcleos fundidos están activos. El agua, muy contaminada radiactivamente, sale de las agrietadas contenciones de los reactores hacia los sótanos donde se mezcla con la que ha penetrado desde un río subterráneo. Para evitar que llegue al mar se han dispuesto sistemas de bombeo y de bloqueo que no resultan ser suficientemente eficaces. Aun así, el agua que se logra extraer es una cantidad tan ingente que TEPCO declara que se quedará sin espacio para almacenarla en 2022. Quieren verterla al océano y el gobierno japonés está de acuerdo. Son 1,24 millones de m3 de agua radiactiva, con radioisótopos de estroncio, yodo y carbono-14, entre otros, además de tritio. El sistema de purificación no ha funcionado bien, y se sabe desde 2018 que el 80 % del agua contaminada almacenada en tanques tendría que someterse de nuevo a tratamiento para reducir las concentraciones de sustancias radiactivas. Menos el tritio, pues TEPCO no hará nada para la eliminación de este contaminante, su plan es diluirlo hasta cumplir con los límites reglamentarios. Pero hay que señalar que esto no reduce la cantidad total de radiactividad liberada al medio ambiente. Si bien el comportamiento del tritio en el océano presenta una rápida capacidad de dispersión y dilución, y en principio, a bajas concentraciones, parece que no es potencialmente peligroso, no se pueden ignorar los graves impactos que pueden generar el resto de isótopos radiactivos sobre el medio marino. Isótopos como el carbono-14, cobalto-16 e incluso el plutonio contenido en estas aguas, son más propensos a ser incorporados por la fauna marina o acabar asociados a los sedimentos del fondo incluso en concentraciones mucho más pequeñas. En septiembre de 2015 ya se arrojaron 800 toneladas de agua radiactiva al Océano Pacífico.

Cerca de 39.000 residentes de la prefectura de Fukushima todavía eran evacuados “oficiales” en abril de 2020. Y aunque el gobierno continúa levantando las órdenes de restricción para algunos municipios, la ciudadanía no se atreve a volver porque los niveles de radiactividad de esas áreas pueden superar veinte veces los estándares internacionales. La política del Gobierno de forzar el retorno a las zonas contaminadas está fracasando. Relatores especiales de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU han declarado su preocupación por las políticas japonesas sobre los evacuados.

Mientras tanto, lo que más trasciende es que el gobierno japonés sigue empeñado en organizar las olimpiadas, para mostrar al mundo que el país ha recuperado la normalidad. Pero es un autoengaño irresponsable. Como lo fue la creencia de que nunca podría ocurrir un accidente nuclear grave en las centrales de Japón. El mito de la seguridad, que “infectaba” tanto a los operadores nucleares como a la administración y al regulador junto con la excusa de no provocar “alarma social”, condujeron a decisiones de una negligencia que produce escalofríos. En el caso de Fukushima, tenían conocimiento de la alta probabilidad de un tsunami que superara las hipótesis de diseño del complejo nuclear pero no hicieron nada. Decidieron ignorarlo porque “era extremadamente improbable que pudiera ocurrir un accidente grave”.

La central de Cofrentes (Valencia) está en una zona de antiguos volcanes e inundable en caso de rotura de alguna de las presas aguas arriba. Sin embargo no se ha hecho ningún simulacro de emergencia con escenario de rotura de presa. El reactor de Cofrentes es semejante al nº 3 de Fukushima. La central, propiedad de Iberdrola, lleva 37 años en operación y la empresa pretende mantenerla hasta 2030, a pesar de declarar que no es rentable. ¿Puede garantizarse la seguridad de una compleja instalación que produce pérdidas a sus titulares? La central ha obtenido un informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear, pero la decisión de renovar su autorización casi una década más es del ministerio de Teresa Ribera.

Ecologistas en Acción y el Movimiento Iberico Antinuclear (MIA) piden a la ministra que no prorrogue la autorización de Cofrentes. Que no se cometa el mismo error que con las centrales de Almaraz y Vandellós 1, a las que se les permite funcionar más de los 40 años para los que fueron diseñadas.

El accidente de Fukushima es un recordatorio permanente de que la electricidad que producen las nucleares no compensa el riesgo en que nos ponen.

Para asegurar la implicación de la administración en este ámbito y el cumplimiento de las leyes actuales, Sociedad Humana, Greenpeace y Ecologistes en Acció de Catalunya presentaron un total de 24 requerimientos a las administraciones y cargos públicos con responsabilidades sobre el cumplimiento de la normativa de las centrales de Ascó y Vandellós. Estos requerimientos fueron enviados a los ayuntamientos con Planes de Actuación Municipal en Emergencia Nuclear (PAMEN), es decir, a los municipios que se encuentran en un radio de 10 kilómetros de las centrales nucleares (zona 1), al Director General de Protección Civil, al Delegado del Gobierno en Catalunya, al subdelegado del Gobierno en Tarragona, al Consejo de Seguridad Nuclear, al Ministerio de Interior, al Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya y a la Asociación Nuclear de Ascó-Vandellòs.

La dejadez y despreocupación frente a estos planes de emergencia de muchas de las administraciones que fueron notificadas, supone un riesgo en caso de un accidente nuclear. Por ello, con motivo del aniversario del accidente de Fukushima, las organizaciones firmantes de las cartas denuncian la inacción por parte de la administración pública y la industria nuclear en el cumplimiento de la normativa en seguridad, protección e información ciudadana y, a la vez, se quiere dejar constancia que los actores destacados y con responsabilidades son conocedores de la obligatoriedad normativa existente en relación a la industria nuclear, siendo responsables directamente de cualquier incidente perjudicial que pueda producirse al medio ambiente y a la salud de las personas por falta de acción de prevención y seguridad de las centrales nucleares. También de la falta de interés, preocupación e implicación del CSN para resolver los incumplimientos actuales y su despreocupación hacia la colaboración para asegurar una correcta aplicación normativa en seguridad, prevención e información ciudadana.

Ecologistas en Acción se une también este 11 de marzo a la declaración firmada por más de 83 colectivos de 15 países europeos en contra de la continuidad de la energía nuclear en Europa. Según esta declaración: “La lucha por la justicia climática es una lucha contra el statu quo. La energía nuclear forma parte del sistema político y económico que nos lleva a múltiples catástrofes”. Añade que “la energía nuclear muestra las injusticias fundamentales sobre las que se construyen nuestras sociedades. En resumen, encarna todo aquello a lo que nos oponemos en el capitalismo industrial global. Por ello, un grupo diverso de colectivos que luchan por la justicia climática declaramos nuestra oposición a la energía nuclear”.

Por todo ello, cada 11 de marzo, como protesta y para recordar a las víctimas de Fukushima, el movimiento ecologista pide boicotear a la energía nuclear realizando diversas acciones personales: desde reducir el consumo un día hasta producir su propia energía. Reiterando la necesidad de un compromiso de desconectarse de la energía nuclear a través de la campaña Desenchufa la energía nuclear.