Docentes de Madrid desmiente a la Consejería de Educación y denuncia ante Inspección de Trabajo la ausencia de mediciones de gas radón en los centros educativos

El Sindicato Docentes de Madrid desmiente públicamente las declaraciones atribuidas a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, difundidas en distintos medios de comunicación, en las que se señala que la Comunidad de Madrid “está cumpliendo con la normativa que regula la exposición al gas radón” y que “se realizan las mediciones oportunas, se evalúan los resultados y se toman las medidas correspondientes”.

Tras las gestiones y reuniones mantenidas en los últimos meses con distintos departamentos de la Administración educativa, y especialmente con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, Docentes de Madrid afirma que no consta la realización de mediciones de gas radón en los centros educativos ni la existencia de un plan efectivo de actuación en esta materia. Según la información trasladada en la última reunión con dicho servicio, únicamente se estaría llevando a cabo la formación de personal técnico, sin que se haya informado de campañas de medición en marcha, resultados obtenidos, calendarios previstos ni actuaciones correctoras en los centros afectados.

Esta situación pone en cuestión el mensaje trasladado por la Consejería y evidencia que no se está aplicando de forma efectiva la normativa vigente, en particular el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, y la Instrucción IS-47 del Consejo de Seguridad Nuclear, que obligan a medir, evaluar, registrar y controlar los niveles de radón en los lugares de trabajo situados en zonas de riesgo.

Cabe recordar que ya en noviembre del pasado año Docentes de Madrid reclamó formalmente a las Direcciones de Área Territorial Madrid-Norte y Madrid-Oeste el inicio inmediato de estas mediciones en los centros educativos ubicados en zonas de actuación prioritaria, advirtiendo de la obligación legal de proteger la salud del profesorado, del personal no docente y del alumnado. El cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales no puede basarse en declaraciones genéricas ni en anuncios sin respaldo documental, sino en actuaciones verificables y trazables, tal y como exigen la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 1029/2022 y la normativa técnica del Consejo de Seguridad Nuclear.

Por todo ello, Docentes de Madrid ha trasladado la correspondiente denuncia a la Inspección de Trabajo, al considerar que la Administración educativa no está dando cumplimiento a las obligaciones que le corresponden en materia de prevención de riesgos laborales, y reclama a la Consejería de Educación:

• El inicio inmediato de las mediciones de gas radón en los centros educativos ubicados en zonas de riesgo.
• La elaboración y difusión de un plan de actuación claro, con soporte documental.
• La comunicación transparente de los resultados a las comunidades educativas y a los representantes del personal.
• La adopción de las medidas correctoras necesarias en aquellos edificios en los que se detecten niveles que superen los umbrales legalmente establecidos.

CSIT UNIÓN PROFESIONAL y Docentes de Madrid insisten en que proteger la salud laboral no es una opción ni una cuestión de imagen pública, sino una obligación legal que debe cumplirse con rigor técnico, responsabilidad institucional y absoluta transparencia.