Las organizaciones ecologistas se reúnen con la nueva ministra Sara Aagesen para pedir las medidas y coordinación necesarias frente a la crisis ecológica y social

La mitigación, la protección y la adaptación frente al cambio climático, el freno de la pérdida de biodiversidad, la lucha contra la contaminación, un sistema alimentario sostenible, la detención de la sobreexplotación del territorio y del agua, así como la protección de las personas más vulnerables frente a los efectos de la crisis ecológica y la perspectiva de género en todas las políticas son los principales desafíos a los que se enfrenta España y requieren de la coordinación y colaboración de todos los ministerios. Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene una responsabilidad central en abordar estas cuestiones desde una visión ambicioso, transversal y de largo plazo, han señalado las organizaciones.
Por ello, han trasladado a la ministra varias demandas concretas que han girado en torno a tres ejes:

1. Conservar la naturaleza para proteger la vida. Ante el grave proceso de pérdida de biodiversidad, es necesario adoptar medidas extraordinarias para cumplir con el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, y especialmente las 23 metas orientadas a detener la pérdida de biodiversidad en 2030: frenar la fragmentación de hábitats y consolidar una red coherente de zonas naturales, incrementar la protección de los ecosistemas marinos y costeros, y avanzar en las medidas encaminadas a una gestión del territorio forestal. En especial, el establecimiento por parte de las comunidades autónomas de mecanismos y condiciones para incentivar las externalidades positivas de los terrenos que se encuentran ubicados en espacios declarados protegidos o en los cuales existen acuerdos de custodia del territorio.

2. Luchar, protegerse y adaptarse frente a la emergencia climática. La DANA del pasado mes de octubre debe marcar un antes y un después. España debe elevar su ambición climática para cumplir con sus responsabilidades internacionales. Además, la adaptación a los impactos del cambio climático es urgente y debe priorizar a las personas más vulnerables y las soluciones basadas en la naturaleza. Por todo ello, el sistema energético debe ser más justo, democrático y sostenible, empoderando a la ciudadanía y reduciendo los abusos del oligopolio eléctrico; el despliegue de energías renovables debe ser compatible con la biodiversidad, la producción sostenible de alimentos y las necesidades locales, evitando malas prácticas y enfoques descontrolados, y la reducción de la sobreexplotación del agua por las principales demandas para garantizar su disponibilidad, calidad y la protección de los ecosistemas acuáticos.

3. Salvaguardar el territorio y asegurar una vida sana y una economía circular. Esto supone actuar en varios frentes: 1) la regulación de la actividad minera debe adaptarse a los estándares más estrictos de sostenibilidad y seguridad; 2) deben implantarse planos de acción que protejan el suelo frente a su uso como receptor de residuos mezclados de la industrial y la agricultura; 3) garantizar el derecho a un aire limpio mediante el cumplimiento de normativas más estrictas y la implementación de medidas locales efectivas; y 4) reducir la generación de residuos y su toxicidad es esencial para avanzar hacia una economía circular y sostenible.

“La crisis climática y ecológica está asociada a su vez con una crisis social donde las personas en situación de mayor vulnerabilidad sufren los impactos ambientales con mayor intensidad. Entendemos que sin justicia social no habrá transición ecológica, sólo mediante la acción coordinada y coherente de las distintas políticas sectoriales será posible satisfacer los objetivos que la transición ecológica justa nos exige en este tiempo crucial”, han concluido las organizaciones.