IU pide una doble comparecencia del ministro de fomento para que explique el anuncio de licitación de la gestión de las autopistas rescatadas

Izquierda Unida, a través de su portavoz en el Congreso, Alberto Garzón, y de su también diputado encuadrado en En Comú Podem y portavoz del grupo confederal en la Comisión de Fomento, Félix Alonso, ha registrado hoy sendas iniciativas para que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, explique en sede parlamentaria diversas cuestiones polémicas en relación al rescate de las autopistas con dinero público.
En concreto, Garzón y Alonso buscan que De la Serna dé, por un lado, “todas las informaciones relativas al anuncio de concurso de licitación de la gestión de las autopistas rescatadas” y que haga lo mismo en relación a las “renovaciones sobre las concesiones de carreteras que actualmente posee Abertis”.

Félix Alonso valora que el rescate de las autopistas “puede costarnos a toda la ciudadanía cerca de 5.000 millones de euros de dinero público” y recuerda que, de hecho, “el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha anunciado que las sacará a concurso en cuanto las tenga bajo su control, en teoría para que su coste sea ‘el menor posible’”. “Esto -denuncia el diputado catalán- es falso. Si el rescate, por ejemplo, asciende finalmente a 5.000 millones y con el concurso se ingresan 3.000 millones, el Estado deberá poner de su bolsillo directamente los otros 2.000 millones, pero realmente dejará de ingresar esos 3.000, que irán al rescate, por lo que el coste real sigue siendo esos 5.000 iniciales. En otras palabras, si estuviéramos hablando de un asunto saneado el Estado podría ingresar 3.000 millones de euros, pero aquí los va a perder”.
De hecho, el Tribunal de Cuentas se ha pronunciado por primera vez ahora sobre este desastre para las cuentas del Estado. En un informe de autoría sobre estas cuentas señala que la factura pública sobre esta cuestión podría alcanzar los 3.718 millones de euros, eso sin contar con el elevado número de litigios pendientes sobre las expropiaciones de terrenos para construir esas carreteras.

Esta es la cantidad a la que debe enfrentarse el Gobierno del PP en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración por haber fallado las concesiones y tener que revertir a manos del Estado. Pero, además, el Tribunal de Cuentas amonesta al Ministerio de Fomento por no haber recogido de forma efectiva el impacto que tendrá la quiebra de las autovías radiales de Madrid en las cuestas públicas. El organismo fiscalizador señala que estas pérdidas deberían haberse plasmado como “pasivo contingente” en la memoria del ministerio cuando al frente de éste estaba Ana Pastor, actual presidenta del Congreso.
Por su parte, la petición de comparecencia del ministro De la Serna que tiene que ver con Abertis tiene que ver con la actual situación de esta compañía, la principal concesionaria de carreteras del Estado, que soporta una OPA importantísima por parte de la italiana Atlantia, mientras J. P. Morgan estudia una contra OPA. La principal fuente de ingresos y facturación de Abertis procede de las concesiones que caducarán desde ahora a dos años vista, mientras el Gobierno no ha dejado clara su renovación.

Para Félix Alonso, “el problema que se plantea no es fácil de resolver ya que el error viene de origen, al haberse construido unas autopistas sin demanda ni necesidad. La solución ahora es muy complicada y siempre con dinero público de por medio. Podría darse el caso de que las radiales fueran la excusa y si utilizaran como compensación para abrir la posibilidad, negada hasta ahora, de que se convoque un nuevo concurso para algunas autopistas que sí son rentables, y algunas mucho, como la AP7”.