Aumenta la presión social sobre el Gobierno para que apoye la pequeña producción agroalimentaria y los canales cortos de comercialización

Tras una respuesta “poco clara y evasiva” y ante la falta de medidas concretas, cerca de 600 organizaciones y colectivos de todo el Estado han registrado una nueva carta a los ministerios de Sanidad y Consumo este 8 de abril. En ella se solicita formalmente que se “dicten las instrucciones pertinentes a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que se busquen soluciones para los mercados no sedentarios de proximidad”, entre otros sectores.

 

Esta segunda carta es el siguiente paso en el marco de la campaña #SOSCampesinado, una alianza de organizaciones ecologistas, sindicatos, productoras y productores locales, plataformas, cooperativas y grupos de investigación que exige medidas concretas para la protección de la economía local y el sector agroalimentario de pequeña escala.

 

Las organizaciones denuncian los costes inasumibles a los que productoras y productores locales tienen que hacer frente por el cierre generalizado de los mercados alimentarios. Esto se debe a la interpretación excesivamente restrictiva que muchos gobiernos locales y autonómicos están haciendo de las prohibiciones decretadas por el estado de alarma ante la pandemia del COVID-19.

 

Esta situación está afectando profundamente a sus modos de vida, además de estar incrementando el desperdicio alimentario por la imposibilidad de dar salida a sus productos, y lo que es más grave, que no lleguen a la ciudadanía alimentos básicos, frescos y más sanos frente a los procesados.

 

Las organizaciones firmantes remiten a los protocolos de seguridad e higiene puestos en marcha por algunas comunidades autónomas para que los mercados de proximidad y otros circuitos cortos de comercialización puedan seguir siendo garantes de seguridad alimentaria durante esta crisis.

 

Los canales de venta directa facilitan el acceso a la ciudadanía de bienes de primera necesidad -cuya producción, circulación y abastecimiento están protegidas expresamente por el estado de alarma- en condiciones óptimas de seguridad e higiene que suelen ser superiores a las de cualquier supermercado. En concreto, las organizaciones citan la regulación que hizo de la venta directa de alimentos el Gobierno de las Islas Baleares; o de los desplazamientos a granjas, huertos y corrales de autoabastecimiento de alimentos que han hecho la Consejería de Medio Rural en Galicia y la Consejería de Agricultura en Cataluña.

 

Asimismo, de cara a mitigar el  enorme impacto económico que está provocando esta crisis en las economías agrarias y rurales, entre otros motivos por la inactividad del sector hostelero y el descenso de las exportaciones, se pide un esfuerzo de las diversas administraciones. Deben apostar por las producciones locales, las de origen extensivo y las agroecológicas en la compra pública de alimentos para abastecer hospitales, centros de mayores, comedores sociales, comedores escolares o bancos de alimentos; y se deben impulsar medidas fiscales como la exención del pago de autónomos a las pequeñas granjas.

 

Todas las organizaciones que trabajan a favor de una alimentación sana y sostenible se encuentran unidas en esta emergencia, donde la pequeña producción agraria y ganadera está en la vanguardia.