Adelante insta a la Junta a abrir un debate serio sobre el modelo de gestión del agua ante lo sucedido en Écija, La Luisiana y Marchena
- La confluencia andaluza cuestiona la operatividad de las concesiones a compañías privadas tras el dictamen que establece que el suministro de agua de estas localidades no es apta para el consumo humano.
- El Consorcio de Aguas de Écija detectó niveles de benceno por encima de los establecidos en la legislación vigente.
El parlamentario de Adelante Andalucía por la provincia de Sevilla, Ismael Sánchez (IU), ve que el modelo de colaboración público-privada que defiende el gobierno de la Junta de Andalucía dificulta la resolución de problemas respecto al suministro y calidad del agua, como se está viendo en varios municipios de la comarca de Écija y la campiña sevillana.
Sánchez defiende que es necesario un cambio de enfoque de la política de aguas y exige una revisión del modelo de gobernanza, tal y como viene solicitando la Red por la Nueva Cultura del Agua y la Fundación que también lleva este nombre. Tal y como solicita esta Red, “hay que pasar de una visión del agua como factor productivo, con la consiguiente política de oferta al servicio de determinados grupos de usuarios, a un enfoque de protección de un patrimonio común y uso condicionado a la sostenibilidad y esto debería haber ido acompañado de una reforma en profundidad del diseño institucional de la gestión del agua, algo que no se ha producido”, afirma el diputado.
El representante de Izquierda Unida comparte la preocupación de su organización por la situación en la que se encuentran las vecinas y vecinos de las localidades afectadas por la declaración de agua no potable y mantiene que se hace urgente debatir el modelo de gestión del agua.
Desde IU se defiende la gestión pública del agua, las inversiones en las infraestructuras de nuestros pueblos y ciudades y los Derechos Humanos al Agua y la gestión pública frente a los problemas de pobreza hídrica y privatización de servicios públicos y al saneamiento, la participación social activa y real, la solidaridad y la justicia ambiental.
Sánchez Castillo recuerda que Andalucía es la única comunidad española que ha reconocido por ley el derecho humano al agua para garantizar un “mínimo vital” de suministro a las personas que carecen de recursos económicos, sin embargo, hasta ahora no se dado ningún paso para llevarlo a la práctica.
La garantía del abastecimiento de agua potable de la máxima calidad ha de ser una prioridad central para el Gobierno de la Junta, pero desgraciadamente los hechos nos demuestran que no es así, ha concluido el diputado sevillano.
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