UGT y CCOO acuerdan convocar una huelga general de 24 horas por la crisis de la vivienda y por el bloqueo de la patronal a unos salarios dignos
- Los secretarios generales de ambos sindicatos vinculan el acceso a la vivienda con el bloqueo salarial y sitúan la movilización antes de las elecciones del 29-N. La patronal cuestiona la legalidad y advierte de que acudirá a los tribunales.
Los sindicatos CCOO y UGT han acordado convocar una huelga general de 24 horas este otoño para reivindicar salarios dignos que permitan acceder a una vivienda. La decisión, que deberá ser ratificada por los órganos de dirección de ambas centrales, supone la primera huelga general de ámbito estatal en catorce años y recoge el guante del Sindicato de Inquilinas y de la Acampada en Sol, que venía exigiendo una movilización nacional tras las multitudinarias manifestaciones y acampadas de las últimas semanas.
«No hay manera de establecer una negociación con la CEOE para impulsar una subida de los salarios en los convenios colectivos», ha afirmado el secretario general de CCOO, Unai Sordo. «La vivienda es cara porque los salarios se bloquean. Hemos considerado finalmente que la mejor manera de concurrir en esa movilización social es una convocatoria de huelga de 24 horas».
El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido la legitimidad de la convocatoria frente a las advertencias de la patronal. «La huelga está plenamente insertada en el marco de la Constitución», ha subrayado. «Ahora coincide con estas acampadas, estas movilizaciones extraordinariamente positivas en nuestro país y por eso hemos querido juntarlo. Es una manera muy clara y directa de poner sobre la mesa el problema número uno de nuestro país, que es la falta de vivienda».
Ambos dirigentes han sido explícitos al descartar que la huelga se convoque durante la campaña electoral del 29-N. «Lo que no vamos a convocar es la huelga en campaña», ha precisado Álvarez, para añadir que los sindicatos no hacen cálculos electorales: «Nosotros no nos presentamos a las elecciones».
Ante el bloqueo de las Cortes y la convocatoria de elecciones, la respuesta sigue en las calles: salarios, vivienda y derechos laborales. 🗣️@UnaiSordo sobre la necesidad de mantener la movilización social y laboral. 📻👇 @HoyPorHoy de @La_SER https://t.co/3bUeMalGxe
— Comisiones Obreras (@CCOO) October 5, 2026
«Un clamor social imparable»
Las federaciones territoriales de ambos sindicatos han respaldado la convocatoria con declaraciones que subrayan la dimensión laboral del problema habitacional. La secretaria general de CCOO en Catalunya, Belén López, ha sido especialmente contundente: «Si los salarios suben menos que la vivienda, no se puede acceder a ella. Es una huelga laboral. No hay nada más laboral que el coste de la vida».
López ha respondido con dureza a las acusaciones de la patronal sobre la supuesta ilegalidad de la convocatoria: «La patronal, con esta idea de que la huelga es ilegal, muestra cuál es su posición ante los problemas de la mayoría social». Y ha añadido que la huelga «es una huelga dirigida contra las patronales, y también contra los partidos de derechas y de extrema derecha, que son su brazo político».
En la misma línea, el secretario general de UGT en Catalunya, Camil Ros, ha rechazado las dudas jurídicas planteadas por la CEOE: «Las huelgas, evidentemente, tienen un componente laboral, pero también tienen un componente político. La CEOE hace esto para marear. Así ya lo diluimos. No hay debate sobre la legalidad de la convocatoria. Otra cosa es que se esté de acuerdo o no».
El secretario general de UGT en Baleares, Toni Calero, ha situado la movilización como una respuesta ineludible: «Desde las organizaciones sindicales mayoritarias no podemos permanecer al margen ante el grave problema de la vivienda en nuestro país». Calero ha advertido que «el incremento desmesurado de los precios conjuntamente con el incremento de los salarios están llevando a que cientos de miles de trabajadores y trabajadoras tengan graves dificultades para poder acceder a una vivienda digna», y ha definido la huelga como «un instrumento para conminar a los partidos políticos a poner sobre la mesa medidas reales».
Su homóloga en CCOO Baleares, Ana García Alcolea, ha apelado al «clamor social» para justificar el paro: «Venimos desde hace tiempo reclamando que los salarios tienen que subir, que se tendría que haber firmado el sexto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, con subidas entre el 4 y el 6 por ciento, que no se ha producido». García ha añadido que la huelga «responde al clamor social por el grave problema de la vivienda» y que trabajarán para que sea «un éxito» tanto en los centros de trabajo como «con todos los movimientos sociales».
Por un salario digno, por un techo donde vivir y porque los precios dejen de asfixiarnos. Trabajamos para vivir no para pagar. Sabemos que la lucha y la organización es el único camino. Por eso… ¡vamos a la huelga general! https://t.co/Cf6T3v1H3S
— Comisiones Obreras (@CCOO) October 5, 2026
La patronal utiliza argumentos falaces para intentar cuestionar el encaje legal
La CEOE y Cepyme han reaccionado con dureza al anuncio. La patronal considera «inadmisible» una huelga general cuyas reivindicaciones, sostiene, «no son en esencia de naturaleza laboral» y persiguen «provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda». En un comunicado, las organizaciones empresariales subrayan que estas cuestiones son competencia de la Administración y «quedan al margen de la gestión de las empresas».
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya había advertido días antes de que la convocatoria podría ser «ilegal» al no tratarse de un conflicto laboral. La patronal ha anunciado que analizará la convocatoria definitiva antes de pronunciarse de forma concluyente y no descarta acudir a los tribunales.
El marco jurídico que regula el derecho de huelga establece que las convocatorias deben estar motivadas por intereses profesionales de los trabajadores afectados. Los sindicatos han trabajado para vincular la reivindicación de la vivienda con el ámbito laboral, subrayando que el acceso a un bien básico forma parte de las condiciones de vida que un sindicato está legitimado para defender.
🔴UGT y CCOO acuerdan la convocatoria de una huelga general este otoño 📢Los sindicatos incorporan el conflicto de rentas en el marco de las grandes movilizaciones por la vivienda. Los salarios no alcanzan a pagar la vivienda y hacer frente a la inflación. 👊Llamamos a las personas trabajadoras a sumarse a esta campaña en los centros de trabajo y en la calle hasta que la vivienda deje de ser un privilegio y los salarios permitan vivir con dignidad.
— UGT (@UGT_Comunica) October 5, 2026
Del desahucio de Maricarmen a la huelga general
La chispa que ha desencadenado el proceso ha sido el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada de su vivienda en el barrio madrileño del Retiro tras no poder afrontar la subida del alquiler. Su caso, resuelto finalmente con su vuelta a casa tras semanas de protestas, se convirtió en símbolo de la crisis habitacional y catalizó una oleada de indignación.
El pasado viernes, el Congreso de los Diputados rechazó los dos reales decretos-ley de vivienda impulsados por el Gobierno, con los votos en contra de PP, Vox y Junts. Durante el fin de semana, más de medio centenar de ciudades acogieron manifestaciones convocadas por el Sindicato de Inquilinas bajo el lema «aquí no hay quien viva». En Madrid, la acampada de la Puerta del Sol supera ya las 2.000 tiendas y se extiende de forma indefinida. En Valencia, un centenar de tiendas y más de 200 personas mantienen otra acampada frente al Ayuntamiento.
Llevamos 15 años sin convocar una huelga general. Ya es hora de que montemos una grande por la vivienda. Es la herramienta que tenemos la clase trabajadora para que se nos haga caso, para que los políticos legislen a favor de las mayorías, y no de las élites rentistas. https://t.co/5x6dP04wZC
— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) October 5, 2026
La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha celebrado el respaldo sindical: «Estamos muy contentas de que los dos sindicatos con más afiliación de nuestro Estado se hayan puesto al lado de todo un movimiento que lleva diez días en la calle luchando por el derecho a una vivienda digna. La huelga será obra de todo el pueblo, será obra del poder popular y aún tienen que sumarse muchos sindicatos y movimientos sociales».
La organización de inquilinas ha anunciado que a finales de semana hará público el día exacto de la huelga, así como las reivindicaciones concretas y el calendario de movilizaciones. Su aspiración, según Del Río, es una movilización «verdaderamente masiva» que consiga paralizar el país.
El poder popular ha abierto un nuevo ciclo. Uno que no debe depender del gobierno de turno, sino de las movilizaciones hacia una huelga general, que es la única forma de conseguir lo que estamos pidiendo: que la vivienda deje de ser un lujo y vuelva a ser un derecho. https://t.co/ihen7UCaYs
— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) October 5, 2026
Una huelga con antecedentes y con incógnitas
Si finalmente se materializa, será la novena huelga general desde la transición democrática. Las dos últimas, en 2012 y 2010, se convocaron contra las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy y de José Luis Rodríguez Zapatero, respectivamente, en plena crisis económica.
A diferencia de aquellas, la convocatoria actual no responde a una reforma laboral o a un ajuste presupuestario, sino a una problemática social que los sindicatos consideran inseparable de las condiciones laborales. Ese es el punto que la patronal cuestiona y que podría dirimirse ante los tribunales.
La huelga se produce además en un contexto de incertidumbre política, con elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el adelanto electoral el mismo lunes en que los sindicatos hacían público su acuerdo. La coincidencia temporal añade complejidad al escenario, aunque los sindicatos han querido desmarcarse de cualquier cálculo electoral.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reaccionado con dureza al anuncio, llamando «golfos» a los dirigentes sindicales y acusándoles de haber mantenido un «silencio cómplice» con el Gobierno durante la legislatura.
Próximos pasos
A partir de ahora, los órganos de dirección de CCOO y UGT deberán ratificar formalmente la convocatoria. Después, los sindicatos se sentarán con el Sindicato de Inquilinas y las organizaciones vecinales para fijar la fecha y coordinar la movilización. Una vez acordada, la convocatoria deberá comunicarse por escrito a las patronales y a la autoridad laboral con un preaviso mínimo de cinco días naturales, ampliable a diez si afecta a servicios públicos esenciales.
El objetivo declarado de los convocantes es trasladar a los centros de trabajo el malestar que las calles vienen expresando desde hace semanas. «Seguiremos en la movilización y en la negociación colectiva hasta que la vivienda deje de ser un privilegio, y los salarios permitan vivir con dignidad», concluye el comunicado conjunto de ambas centrales.
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