El Ministerio de Transición Ecológica reconoce a Alianza Verde 22 procedimientos de infracción abiertos en Bruselas contra España

El Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Sara Aagesen, ha reconocido en una respuesta dirigida a Alianza Verde que en la actualidad, hay 22 procedimientos de infracción abiertos contra España, de los cuales uno está en situación de dictamen motivado complementario y ocho en fase de demanda.

Esta respuesta es resultado de una iniciativa parlamentaria, presentada por el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, en el Congreso de los Diputados, en la que manifestaba su preocupación por el fuerte impacto de los delitos ambientales en todo el mundo, y la alta permisividad e impunidad en España.

En dicha pregunta, desde el partido ecologista denunciaban que “los delitos ambientales son la tercera actividad delictiva más lucrativa del mundo y constituyen ya la segunda mayor amenaza para la biodiversidad global, solo por detrás de la destrucción de hábitats”.

Desde Alianza Verde recuerdan que en abril de 2024 se aprobó la Directiva (UE) 2024/1203 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal y por la que se sustituyen las Directivas 2008/99/CE y 2009/123/CE. Y apuntan que los Estados miembros deben incorporar esta Directiva a su legislación nacional antes del 21 de mayo de 2026. El incumplimiento podría dar lugar a procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea.

“El gobierno, nuevamente, ha dejado pasar una fecha de trasposición de una directiva europea, y nuevamente en materia medioambiental. Este, precisamente, es uno de los motivos más frecuentes de los procedimientos de infracción que tiene abiertos España en la UE”, critican desde Alianza Verde. De hecho, en su respuesta, el gobierno no explica el por qué del retraso en la trasposición de esta Directiva y sólo remite a la futura elaboración de la reforma del Código Penal en lo relativo a los delitos ambientales y otros recogidos en la Directiva.

También se emplazan a la elaboración de una Estrategia nacional de lucha contra los delitos medioambientales, cuyo plazo termina el 21 de mayo de 2027. Desde Alianza Verde, sin embargo, se muestran muy escépticos, no sólo por los precedentes con los incumplimientos, sino por encontrarse al borde del final de una legislatura nefasta en materia medioambiental.