Profesionales afectados por la homologación y equivalencia de títulos reclaman seguridad jurídica ante el uso de la denominación ONR-NARIC en resoluciones y criterios homogéneos en su evaluación
El 19 de mayo de 2026, ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado, la ministra Diana Morant afirmó que la Oficina Nacional de Reconocimiento Académico y Profesional de Títulos Universitarios Extranjeros (ONR-NARIC) no está creada y que se creará mediante un nuevo real decreto, todavía en tramitación.
Esa declaración choca con la realidad documental. La denominación ONR-NARIC ya figura en notificaciones y trámites de audiencia fechados en abril de 2026 así como encabezados con su membrete y suscritos por el Subdirector General de la oficina, por delegación de la ministra. Es decir, se dictan y firman actos administrativos en nombre de un órgano que la propia ministra reconoce inexistente.
La incoherencia se agrava por las fechas. El proyecto de real decreto que crearía la ONR-NARIC estuvo en audiencia pública entre el 27 de abril y el 18 de mayo de 2026 y, a día de hoy, no ha sido aprobado ni publicado en el BOE. Sin embargo, hay resoluciones firmadas antes y después de esa declaración en sede parlamentaria. Si el órgano y el cargo que lo encabeza aún no existen en el ordenamiento, queda en entredicho la competencia del firmante y, con ella, la validez de esas resoluciones y la seguridad jurídica de los expedientes afectados.
Más allá de esta cuestión orgánica, el problema de fondo es la falta de criterios homogéneos en la evaluación. No se trata solo de quién firma, sino de que las decisiones se adopten con criterios objetivos, previsibles y consistentes. Se vienen observando expedientes cerrados antes de agotar el plazo de diez días hábiles concedido para aportar documentación, y resoluciones desfavorables frente a profesionales que reúnen los requisitos para homologar.
Estas circunstancias afectan sobre todo a quienes llevan años esperando el reconocimiento de su titulación. Por ello, los profesionales afectados reclaman claridad institucional sobre la situación jurídica de la ONR-NARIC, transparencia en los procedimientos y una aplicación homogénea de los criterios que garantice la igualdad de trato a todos los solicitantes.
En nuestra cuenta de instagram hemos publicado dichas declaraciones de la ministra, las cuales adjuntamos a continuación. Con gusto podemos compartir pruebas de la situación que estamos mencionando en esta nota de prensa.
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