CCOO denuncia el «desmantelamiento» de los agentes medioambientales en Córdoba y exige a la Junta de Andalucía que active ya la nueva ley

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Córdoba ha lanzado una alerta: el cuerpo de agentes medioambientales en la provincia y en el conjunto de Andalucía está al borde del colapso. La falta de reposición de efectivos por parte de la Junta de Andalucía, sumada a una oleada de jubilaciones previstas para 2026, amenaza con dejar sin vigilancia extensas zonas forestales.

Según los datos que maneja el sindicato, Córdoba cuenta actualmente con 69 agentes. Pero la cifra es engañosa. A lo largo de 2026 se jubilarán 27 de ellos, lo que supone una sangría de casi el 40% de la plantilla. Las proyecciones son aún más duras: si la administración no convoca plazas suficientes, para 2030 apenas quedarían 33 efectivos, frente a los más de cien que había años atrás. Una situación «insostenible» para una provincia con la extensión y la riqueza forestal de la Sierra Morena cordobesa o las Sierras Subbéticas.

Contexto: Desmantelamiento silencioso de los servicios públicos

La denuncia no es solo numérica. CCOO advierte de que la reducción de personal tiene consecuencias directas sobre el terreno. Menos agentes significa menos patrullas de vigilancia, lo que se traduce en una menor capacidad de detección temprana de incendios forestales, justo cuando Andalucía se prepara para la época de mayores riesgos.

«Un agente no solo apaga fuegos; los previene», explican fuentes sindicales. La escasez también provoca que muchos profesionales tengan que patrullar en solitario o cubrir áreas excesivamente amplias y aisladas, lo que pone en riesgo su seguridad física.

Además, la falta de personal lastra la investigación de delitos ecológicos. Vertidos ilegales, caza furtiva, ocupación de vías pecuarias o tala ilegal quedan sin supervisión, generando una «sensación de impunidad» que, a la larga, degrada los ecosistemas.

La ley que prometió la solución (y aún no llega)

El sindicato lanza un órdago a la Junta de Andalucía apoyándose en la Ley 3/2025, de Agentes Medioambientales de Andalucía, que entró en vigor el pasado 19 de diciembre . Esta norma, que nació con el objetivo de «reforzar y modernizar» el cuerpo, crea cuatro escalas profesionales (Superior, Ejecutiva, Técnica y Operativa) y blinda su condición de agentes de la autoridad .

Sin embargo, CCOO denuncia que la ley se está quedando en papel mojado. «No sirve de nada tener una ley moderna si no se dota de los recursos humanos necesarios», advierten. La exigencia es clara: un plan de refuerzo urgente que vaya más allá de la reposición habitual de efectivos, y un calendario concreto de Ofertas de Empleo Público (OPE) que garantice el relevo generacional, especialmente en provincias como Córdoba.

El factor de la jubilación: un doble problema

La situación tiene un componente adicional que la Junta no puede ignorar. El pasado octubre, el gobierno central aprobó el Real Decreto 919/2025, que establece un coeficiente reductor del 0,20 para la jubilación de los agentes forestales y medioambientales . Esta medida, muy reivindicada por el colectivo, reconoce la penosidad del oficio y permitirá a los agentes jubilarse antes.

Pero este reconocimiento legal tiene un efecto perverso a corto plazo. Al incentivar las salidas anticipadas, acelera aún más la sangría de efectivos si las plazas de los que se jubilan no se convocan con la suficiente antelación.

Movilizaciones en el horizonte

Ante lo que considera una «inacción» de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, CCOO ha advertido que no se quedará de brazos cruzados. El sindicato anuncia que, si no hay una respuesta concreta que incluya inversión real en personal, iniciará movilizaciones. El objetivo es doble: defender la dignidad de los agentes, que actualmente trabajan bajo una presión extrema, y evitar el colapso en la protección del patrimonio natural andaluz.

La pelota queda ahora en el tejado de la Junta. La ley está aprobada; el problema de las jubilaciones, cuantificado. Queda por ver si las ofertas de empleo público de 2026 traerán las cifras que los agentes llevan años esperando.