Abascal y el manual del victimismo

Granada. Protestas antifascistas por un acto de la extrema derecha, cordón policial y una decisión que lo cambia todo: en lugar de rebajar el clima, se empuja hacia el choque. Resultado: ultras saltando el cordón, provocaciones constantes y una escalada que no es casual.

El patrón es conocido. Se fuerza el conflicto, se busca la imagen y después se reescribe el relato para presentarse como víctima. Mientras tanto, la respuesta policial vuelve a señalar en la misma dirección.

En España, los empleados de seguridad privada (vigilantes de seguridad) no pueden llevar porras extensibles de forma general. Su uso está estrictamente regulado y limitado por la normativa vigente. 

Ayer en el acto de campaña en Granada, miembros de la seguridad de VOX usaron porras extensibles, totalmente ilegales, para golpear a manifestantes. La policía debería de conocer este hecho y haberlo detenido. pic.twitter.com/euQlybnhFk

— Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) April 17, 2026

Uso de porras extensibles. Situación Legal en España

• Regla General: La defensa reglamentaria para un vigilante de seguridad debe ser de goma semirrígida, forrada de cuero, de color negro y de 50 centímetros de longitud.
• Arma Prohibida: Las defensas extensibles están clasificadas como armas prohibidas para civiles según el Reglamento de Armas (Art. 5.1.c). Al no ser considerados «funcionarios especialmente habilitados» (como sí lo son los policías), los vigilantes tienen prohibido su porte y uso habitual.
• Excepción por Autorización: Una empresa de seguridad puede solicitar a la Dirección General de la Policía una autorización específica para sustituir la defensa reglamentaria por otras armas defensivas (como la extensible) en servicios muy concretos, siempre que se justifique su necesidad. Sin estaa utorización expresa y por escrito para el servicio específico, su uso es ilegal. 

Consecuencias de un uso no autorizado

• Sanciones Administrativas: El porte de una defensa extensible sin la habilitación correspondiente puede conllevar multas elevadas y la incautación del arma por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
• Responsabilidad Penal: En caso de utilizarla en una intervención, el vigilante podría enfrentar cargos penales, ya que se considera el uso de un arma prohibida en el ejercicio de sus funciones

Aquí puede comprobarse cómo el ultraderechista Abascal de VOX dio las órdenes para saltarse el cordón policial para que sus matones a sueldo agredieran con extensibles a manifestantes antifascistas en Granada. Total impunidad en connivencia con la policía. pic.twitter.com/QcELG3l7tV

— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) April 17, 2026

APDHA acusa a Vox de provocar los disturbios en Granada al instar a sus seguidores a avanzar contra manifestantes pacíficos

• Los llamamientos desde la tribuna desencadenaron la confrontación con una protesta pacífica

• La organización estudia el inicio de acciones penales por los hechos ocurrido

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denuncia los graves hechos ocurridos en Granada durante el acto organizado por Vox en las inmediaciones de la Catedral y que derivaron en enfrentamientos y cargas policiales. Tal y como señala la organización, “los incidentes se produjeron tras la alteración de una concentración pacífica que se desarrollaba en las proximidades del acto en ejercicio del derecho fundamental de manifestación”.

La APDHA subraya que “las personas concentradas se encontraban ejerciendo su derecho a la protesta de forma pacífica” y denuncia que “la situación de conflicto se desencadena a partir de los llamamientos realizados desde la propia tribuna del acto por parte de su máximo dirigente”.

En concreto, la entidad andaluza destaca que el líder de la organización ultraderechista afirmó públicamente que “este acto no va a comenzar hasta que estos tipos sean expulsados” y que “vamos a avanzar por esa calle… yo el primero”, en referencia directa al grupo de manifestantes. Para la APDHA, estas declaraciones “constituyen un llamamiento explícito a la confrontación directa con personas que se encontraban ejerciendo un derecho fundamental”.

En este sentido, APDHA considera que “la alteración del orden público no puede atribuirse a la existencia de una protesta pacífica, sino a la decisión de forzar el desplazamiento de dicha protesta mediante la movilización de asistentes al acto político”. A partir de ese momento, “se produce una aproximación deliberada hacia el grupo de manifestantes que desencadena los enfrentamientos posteriores”. Así, a través del material audiovisual difundido en medios de comunicación y redes sociales, la APDHA señala que “se constata cómo seguidores del acto se dirigen hacia la concentración, produciéndose los momentos de mayor tensión cuando estos avanzan hacia los manifestantes”, lo que “confirma que la dinámica de confrontación no fue espontánea, sino inducida”. Asimismo, la organización advierte de la especial gravedad de las informaciones relativas a la actuación de personas vinculadas a la seguridad del acto.

 Según las imágenes difundidas, “se habrían producido intervenciones contra manifestantes por parte de particulares, incluyendo el eventual uso de instrumentos cuya tenencia y utilización se encuentra legalmente restringida”. Igualmente, la APDHA pone de relieve que “ninguna convocatoria política puede pretender condicionar el ejercicio del derecho de manifestación de terceros ni exigir su expulsión del espacio público”, señalando que “la pretensión de iniciar un acto político supeditándolo a la desaparición de una protesta crítica constituye una vulneración grave de los principios democráticos”.

En relación con la intervención policial, la organización recuerda que “toda actuación debe regirse por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad” y advierte de que “las cargas producidas deben analizarse teniendo en cuenta que los incidentes se desencadenan tras los llamamientos a la confrontación y el avance hacia la concentración pacífica por parte de VOX”.

Por todo ello, la APDHA considera que “los hechos ocurridos en Granada evidencian una grave alteración del orden público en la que se ha pretendido enfrentar una movilización política con una protesta pacífica mediante dinámicas de presión y confrontación directa”.

Finalmente, la organización anuncia que “se encuentra estudiando el ejercicio de acciones legales, incluidas acciones penales, en relación con los hechos descritos, a fin de depurar las posibles responsabilidades derivadas de los mismos” y reitera que “la incitación a la confrontación frente a quienes ejercen derechos fundamentales constituye una amenaza directa al sistema democrático”.