Ambición, valentía y movilización para un país más justo y democrático

La ofensiva reaccionaria contra Pedro Sánchez y su familia, que buscaba la dimisión del presidente del Gobierno, ha fracasado. Esta derrota particular del bloque reaccionario es una buena noticia, pero no garantiza una victoria definitiva de la democracia y sus valores. Para que gane la democracia, este proceso debe materializarse en mecanismos que resten poder a las instituciones aisladas de la voluntad popular y en avances sociales que mejoren la vida de la clase trabajadora. Para que gane la democracia, el Gobierno de coalición debe acelerar el cumplimiento de su acuerdo programático para avanzar hacia un país más justo, más democrático y más igualitario.

La ciudadanía progresista rompió en las pasadas elecciones generales el guion que tenían escrito las derechas y algunos medios de comunicación, con la complicidad de las empresas demoscópicas. Hace menos de un año, una mayoría de izquierdas y demócrata dijimos que queríamos más derechos sociales, más democracia, más convivencia. En esta mayoría radica el mandato del Gobierno de coalición.

Tras este proceso de reflexión, la legitimidad del Gobierno y, particularmente, de Pedro Sánchez dependen de la ambición transformadora y de la valentía legislativa para acometer las reformas integrales de país. La democratización del Estado y de sus aparatos de poder es, desde ese momento, una obligación histórica ya impostergable.

La democracia debe servir, también, para que la gente viva mejor. La disputa entre la democracia y el bloque reaccionario va más allá de partidos políticos y de líderes. La única manera efectiva de luchar contras las derechas es avanzando en derechos. Para Izquierda Unida es el momento de iniciar una ofensiva política, legislativa y social. El objetivo de fondo de las ofensivas reaccionarias es que no se acometan los avances sociales y las reformas institucionales con las que el Gobierno de coalición está comprometido. Ahora más que nunca, defender el Gobierno es defender el acuerdo programático.

Proponemos cuatro medidas concretas que, además de ser imprescindibles, contarán con el respaldo mayoritario de la ciudadanía:

– Democratización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Todas las instituciones y todos los poderes del Estado deben estar sujetos a la democracia, en general, y a la voluntad popular, en particular. Deben parecerse más a la sociedad, y en ningún caso pueden permanecer aisladas y blindadas al mandato democrático que emana de las urnas. El bloqueo de la derecha a la renovación del CGPJ exige abordar reformas para que la mayoría democrática pueda poner en marcha un nuevo Consejo. Además, debe abordarse una nueva forma de acceso a la carrera judicial, pasando de la oposición memorística a una fórmula en la que se tenga en consideración la vida curricular de cada aspirante.

– Derogación de la denominada ‘ley mordaza’. Este fue uno de los incumplimientos más importantes del primer Gobierno de coalición. El PSOE no puede postergar más su cumplimiento. La democracia se defiende en todos los ámbitos y el ciudadano es uno de los más importantes: ningún político puede estar sometido al ‘lawfare’, pero tampoco ningún ciudadano. Contamos ya con un gran consenso con la mayoría de grupos parlamentarios para dejar atrás la vigente ‘ley mordaza’, con solo unos pocos puntos de desacuerdo. Cerrar un acuerdo sobre esos puntos depende de la voluntad política del PSOE. Si hay decisión podemos tener una nueva ley con estándares democráticos de vanguardia en breve plazo.

– Una ley por una información veraz, contra la manipulación y los bulos. Si la estrategia de ‘guerra judicial’ triunfa en demasiadas ocasiones es gracias al papel preeminente que juegan algunos medios de comunicación en la misma. El derecho a la información veraz es un derecho constitucional y ciudadano. Ningún político y ningún periodista puede estar por encima de la ley vertiendo mentiras con objetivos políticos sin consecuencias, casi siempre en alianzas con algunos representantes del poder judicial.

– Garantizar el acceso digno a la vivienda. La vivienda es el principal problema de la juventud, pero no sólo de ella. Dedicar el 2% del PIB a políticas públicas de vivienda hasta el 2035 garantizaría ese derecho a más de dos millones de familias y protegería a las personas hipotecadas ante las subidas de los tipos de interés.

Estamos ante una oportunidad histórica para acometer, por fin, las medidas integrales que nuestro país necesita. Necesitamos iniciar un nuevo tiempo de avances sociales y regeneración democrática con ambición transformadora y valentía legislativa. La manifestación del 1º de Mayo será una primera oportunidad para iniciar un proceso de movilización social que empuje y acompañe, desde abajo, el nuevo tiempo político e institucional.

Ambición transformadora, valentía legislativa y movilización social para avanzar hacia un país más justo, más democrático y más igualitario.

COLEGIADA FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
Lunes, 29 de abril de 2024.