27S – Convocan Huelga General por Palestina

La actuación, tanto del gobierno actual como de los gobiernos anteriores, para el sindicato CGT «está siendo vergonzosa; no se han aplicado sanciones de ningún tipo al comercio con el Estado sionista al igual que se ha intensificado la compraventa de armamento a Israel». El reconocimiento del Estado Palestino por parte del actual gobierno «no deja de ser un acto simbólico cuyo fin es desmovilizar las diferentes acciones sindicales y sociales retrasando así la implantación de medidas reales.»

Desde CGT exigen al gobierno español «la ruptura inmediata» de relaciones diplomáticas, comerciales y militares con Israel, «el reconocimiento y amparo del derecho de retorno a todas las personas palestinas refugiadas y que se implementen todas las medidas necesarias que conduzcan al fin de la ocupación del Estado sionista de Israel. Contra la complicidad de nuestras instituciones y gobiernos y atendiendo a la llamada de las trabajadoras y trabajadores palestinos convocamos una jornada de lucha y huelga general el día 27 de septiembre.»

Casi 200 organizaciones se han sumado a esta Huelga General . Súmate para parar el 27 de septiembre por Palestina

Bajo el lema “Invirtamos en vidas, no en armas” la CGT pone de manifiesto el perjuicio que supone para todas las personas trabajadoras el gasto militar, ya que implica un importante recorte en gasto social, un gasto social que mejoraría la vida de la gente en nuestro territorio y no contribuiría a la muerte de personas en el genocidio que sufre el pueblo palestino.

A continuación, pasamos a desglosar los motivos por los cuales se convoca esta Huelga General:

Sobre la violación de la legalidad internacional:

El 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia concluyó que la expansión israelí sobre Palestina se basa en la expropiación y confiscación de las tierras y recursos de la población palestina, lo que vulnera la Convención de la Haya y el Convenio de Ginebra. designadores láser Litening

La Corte también determinó que los Estados están obligados a no reconocer como legal esta ocupación de Israel y a no prestar ni ayuda ni asistencia para mantener dicha situación.

Según Amnistía Internacional, el suministro de armas y equipos por parte de los Estados miembros de la UE, posibilita las violaciones del derecho internacional por parte de Israel y es contrario al derecho internacional.

El Estado Español como partícipe en el genocidio de Palestina.

El Estado Español continua mantenimiento relaciones comerciales y armamentísticas con el Estado de Israel y las empresas israelíes. Según publica el Informe del Centro Delàs, estas relaciones se materializan en exportaciones de material de defensa a Israel desde España, importación de material de defensa desde Israel y adjudicación a empresas israelíes de contratos de productos y servicios para las fuerzas armadas o los cuerpos de seguridad en España

De la misma manera el Estado español no ha vetado las relaciones comerciales con Israel, pese a que las autoridades españolas han asegurado que no se han concedido nuevas licencias de exportación de material de defensa a Israel desde el 7 de octubre de 202318. Por su parte, la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material, dependiente de Defensa, ha adjudicado un nuevo contrato a una empresa israelí para la compra de armamento. Se trata de 207.414.102 millones de euros para la compra de designadores láser Litening V, con la finalidad de instalarlos en 45 cazas eurofighter recién adquiridos para los programas Halcón I y Halcón.

Incremento de gasto militar del Estado Español y su relación con el conflicto provocado por Israel.

Las relaciones militares entre el Estado Español e Israel sólo se han visto parcialmente afectadas en las exportaciones españolas, ya que buena parte del material de defensa de patente israelí se fabrica en España por parte de filiales de empresas israelíes o de otras empresas que los producen a través de un acuerdo de transferencia de tecnología de las empresas israelíes y se han mantenido las importaciones tanto de armas como de material de defensa de patente israelí.

Nuestro gobierno ha seguido adjudicando contratos a empresas militares israelíes, a sus filiales en España o a otras empresas españolas que fabrican productos israelíes con acuerdo de transferencia de tecnología entre ellas la primera y la tercera del sector en Israel. Entre esos contratos destacan la adquisición del sistema de lanzacohetes SILAM, o los misiles SPIKE ambos publicitados como “probados en combate”, es decir en los territorios palestinos.

Incremento del gasto público para fines militares en relación con los gastos sociales y de fomento de empleo.

Los Presupuestos Generales del Estado previnieron para el año 2023 un gasto de 14.453,83 millones de euros en gastos de defensa, lo que ya de por si supone un incremento del 26% respecto a las cuentas del 2022.

A esa cantidad hay que añadir la que el Consejo de Ministros autorizó a transferir más de 581 millones desde el Fondo de Contingencia para atender a los gastos ocasionados por la participación en misiones del exterior y ha aprobado en 2023 dos ampliaciones de crédito en abril y julio que suman otros 1.300 millones con cargo a dicho fondo.

Comparativa de gastos militares con los gastos sociales.

Si comparamos los gastos militares previstos en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y los prorrogados para el 2024, con los gastos previstos en medidas prestacionales y de empleo, resulta que el gasto militar representa una cifra que supera:

• • 3 veces la prevista para servicios sociales y promoción social (7.117 millones de euros, y se prevé una disminución a 5.774 millones en los prorrogados para 2024 es decir menos que en 2022); a la destinada a fomento de empleo ( 8.029 millones de euros y se prevé una disminución a 7.516 millones).

• • 20 veces superior a la prevista para trabajo y economía social (193 millones y se prevé una disminución a 119 millones por debajo de en 2022)

• • 7 veces superior a la presupuestada para acceso a la vivienda (3.477 millones de euros)

  • Casi 6 veces más que el gasto en educación (5.355 y se prevé una disminución a 5.338 millones)

  • Casi 3 veces más que la cifra para agricultura pesca y alimentación (8.688 y se prevé una disminución a 8.412)

  • 7 veces superior a la partida destinada para el Ingreso Mínimo Vital (4.193 millones de euros que además descendió frente al del año anterior, 4436 millones de euros)

  • 3 veces más que el presupuesto de gastos para sanidad en el 2023 y casi 5 veces más para el 2024

  • Casi 8 veces más que el presupuesto de atención a la dependencia

  • 4 veces mayor que el gasto en los recursos totales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030

  • 10 veces más que el gasto en ayudas a la dependencia

Teniendo en cuenta lo anterior urge una reestructuración del gasto público, donde partidas destinadas a partidas militares y bélicas innecesarias e injustas que financian una crisis humanitaria en Palestina y que hace cómplices del mismo a las personas asalariadas con su trabajo y aportaciones en cotizaciones, deben de ser destinadas a medidas para mejorar sus circunstancias económicas, laborales y profesionales, incluidas las prestaciones sociales.

Exigencias al gobierno de medidas concretas y efectivas:

Aumento de las prestaciones por:

• • pensiones de jubilación contributiva y no contributiva

  • incapacidad permanente

  • nacimiento y cuidado del menor

  • pensión de viudedad

  • subsidio por desempleo

  • ingreso mínimo vital

  • lesiones permanentes no invalidantes,

  • riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural

  • muerte y supervivencia,

  • la regularización de la situación administrativa de las personas migrantes, haciendo más accesibles los permisos de residencia, trabajo y las concesiones de nacionalidad.

  • aumento presupuestario para aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en sectores y profesiones de riesgo.

Empleo:

• • Medidas y programas destinados al fomento del empleo, a la inserción laboral y ayudas a la dependencia.

  • Aumentar las ofertas de empleo público para personas trabajadoras con discapacidad.

  • Incentivos fiscales y de cotización para las empresas que empleen a personas con diversidad funcional

  • Aumento del personal público de organismos como SEPE, ITSS para vigilar el cumplimiento de los derechos básicos de los trabajadores/as y especialmente para aquellos con diversidad funcional y/o discapacidad

  • Creación de la figura del Inspector/a de Trabajo Urgente (ITU).

Empleo Público:

• • Aumento de ofertas de empleo público para sanidad, educación, servicios sociales y seguridad social de la Administración Pública.

  • Aumento del presupuesto para la eliminación de la temporalidad en las plantillas que se encuentran todavía en abuso de temporalidad en los citados sectores públicos.

Vivienda:

• • Aumento de las partidas autonómicas destinadas al alquiler y el aumento del presupuesto destinado al parque de vivienda pública o ayudas para la financiación de la vivienda de los y las trabajadoras.

Medio Ambiente:

• • Aumento de medidas para el fomento de la economía social y recuperación del entorno rural.

  • Inversiones en materia de protección del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica y cambio climático.

  • Medidas y programas efectivos de reinserción laboral en el marco del proceso de transición justa.

Medidas que impidan el comercio de armamento con las empresas israelís y el propio Estado de Israel

• • Prohibición de la concesión de la autorización administrativa para el comercio de armamento con empresas israelís y el Estado de Israel, que implica a los Ministerios de Economía y Comercio y Defensa.

  • Revocación y suspensión de las licencias de ventas de material militar existentes con anterioridad a octubre de 2023 y de los acuerdos bilaterales con el Estado de Israel que impliquen directa o indirectamente el comercio de material militar o de programas de I+D militar.

  • Prohibición del comercio y las inversiones en los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida la Jerusalén Oriental ocupada.

  • Prohibición de las inversiones en empresas y bancos israelíes o filiales o empresas participadas que contribuyan a mantener la ocupación ilegítima israelí.

  • Ruptura de las relaciones diplomáticas, comerciales, académicas, culturales, deportivas, institucionales y políticas con el régimen israelí.

  • Cumplimiento de la legalidad nacional e internacional en las relaciones con Israel.

  • Embargo de armas a Israel.

  • Fin de la colaboración militares y de seguridad con Israel