RESCOP exige el bloqueo y decomiso de la carga del buque “TRANS TIND” en Cartagena por vínculos con la ocupación israelí

La Red Estatal Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) reclama al Gobierno español medidas firmes contra el comercio con la empresa israelí ICL, acusada de financiar y sostener la ocupación militar en Palestina. La organización denuncia que la inspección de la carga del buque en el puerto de Cartagena es una acción “insuficiente” y exige la prohibición de futuras operaciones comerciales con compañías implicadas en la llamada economía de la ocupación.

Una inspección “insuficiente”

RESCOP ha criticado la decisión de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia de inmovilizar y revisar la carga del buque “TRANS TIND” únicamente para verificar si la mercancía tiene uso agrícola. Según la organización, lo determinante no es el destino final del producto, sino la procedencia de la mercancía y la implicación de la multinacional israelí ICL.

La red recuerda que esta compañía está directamente vinculada con la ocupación de Palestina, por lo que cualquier intercambio comercial con ella supone “complicidad con la economía de la ocupación”, un término acuñado por la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.

ICL, empresa señalada por su papel en la ocupación

RESCOP subraya que la implicación de ICL en la ocupación israelí está ampliamente documentada. Entre los ejemplos, destaca el programa “Apadrina un soldado”, a través del cual la empresa destina beneficios empresariales para apoyar al Ejército israelí y sostener las políticas de ocupación.

Además, la filial de ICL en Estados Unidos provee a Israel de fósforo blanco, un material usado para la fabricación de bombas que, según Amnistía Internacional, han sido lanzadas contra la población de Gaza.

En el ámbito nacional, ICL Iberia desarrolla actividades en Cataluña, Valencia, Mallorca y Murcia, donde mantiene acuerdos con la Universidad Politécnica de Cartagena. Estas operaciones, afirma RESCOP, han sido catalogadas por el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo como colaboraciones que contribuyen tanto a la ocupación como al “genocidio en curso”, además de generar un grave daño medioambiental en territorio español.

Llamamiento al Gobierno español

En su comunicado, RESCOP exige al Gobierno el bloqueo y decomiso inmediato de la carga del “TRANS TIND”, así como la prohibición de futuras relaciones comerciales con empresas vinculadas a la ocupación israelí.

De no hacerlo, la organización advierte que España estaría incumpliendo el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de julio de 2024, que obliga a los Estados a impedir relaciones comerciales y de inversión que sostengan la ocupación ilegal de Palestina. Este fallo, recuerda RESCOP, fue aprobado con el voto favorable de España.

La red también acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de contradecir las medidas anunciadas el pasado 8 de septiembre si no actúa con firmeza en este caso. “La complicidad con el genocidio y la ocupación ilegal de Palestina no se puede detener únicamente con palabras y buenas intenciones —subraya RESCOP—, sino que es necesario legislar y adoptar medidas reales que contribuyan al fin del genocidio, la ocupación y el régimen de apartheid”.

Una llamada a la coherencia

La organización concluye que este caso es una oportunidad para que el Gobierno español muestre coherencia entre sus compromisos internacionales y su política interna. Permitir que ICL continúe operando en España no solo significaría vulnerar resoluciones internacionales, sino también legitimar la explotación de recursos vinculados a la ocupación y perpetuar la complicidad económica con la represión del pueblo palestino.