La Confederación Hidrográfica del Tajo denuncia a la Consejería de Medio Ambiente por la instalación de vallados ganaderos sobre el cauce del río Lozoya
- La Confederación Hidrográfica del Tajo considera responsable de esta ocupación ilegal del Dominio Público Hidráulico a la Administración Ambiental de la Comunidad de Madrid, por su responsabilidad en la conservación de los espacios protegidos y el ecosistema del río Lozoya. La Plataforma Ecologista Madrileña exige a las administraciones mayor compromiso con la conservación de este ecosistema fluvial.

Desde hace años cualquiera puede observar la instalación de numerosos vallados que cruzan el río Lozoya, entre Rascafría y Pinilla. Se trata de cerramientos provisionales, construidos con alambradas, plásticos, palés y cualquier material de desecho. Materiales que acabarán desperdigados a lo largo del cauce con la primera crecida del río. Estos vallados se instalan para cerrar las fincas ganaderas, a pesar de que se trata de una ocupación ilegal del Dominio Público Hidráulico, que además vulnera las limitaciones de uso que prohíben la alteración hidrológica y geomorfológica del cauce y protegen a los hábitats y especies Red Natura 2000, a la que pertenecen estos tramos del río Lozoya.
En septiembre de 2023, la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, miembro de la Plataforma Ecologista Madrileña, presentó denuncia ante la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), por dos de estos vallados, solicitando su intervención ante esta ocupación ilegal del Dominio Público y el riesgo de que los materiales utilizados acabaran en el cauce. En una primera respuesta la CHT comunicó que “visitada la zona por parte del personal del Servicio de Vigilancia, se han podido constatar los hechos descritos y posteriormente se han llevado a cabo pesquisas encaminadas a averiguar la autoría de los mismos. Como no ha sido posible determinar persona física o jurídica responsable, en consecuencia, no es posible iniciar procedimiento sancionador tal y como solicita en su petición”. No había que ser muy perspicaz para comprender que los cerramientos era una infraestructura para controlar las poblaciones ganaderas de esas parcelas. En una segunda denuncia aconsejamos directamente a la CHT que investigara a los propietarios de las parcelas y de la ganadería que acoge. Sorprendentemente el mismo Servicio de Vigilancia Fluvial formuló denuncia, dos años después, contra la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid “por realizar actuaciones que no cuentan con autorización de este Organismo (cerramiento en cauce)”.
Desde la Plataforma Ecologista Madrileña exige a las administraciones mayor compromiso con la conservación de este ecosistema fluvial y los hábitats y especies protegidas de la de la Red Natura 2000 afectada. Los colectivos apoyan las gestiones que actualmente lleva a cabo la CHT para esclarecer estos hechos y denuncian la impunidad con que se producen estas agresiones a los ecosistemas protegidos de la Comunidad de Madrid.
