Organizaciones ambientales reclaman la anulación definitiva del clúster eólico del Maestrazgo y la aplicación de la ley ante posibles irregularidades que minan la credibilidad de la transición energética

Madrid, 16 de abril de 2026.- Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Fundación Renovables, Greenpeace y WWF España, junto con las organizaciones aragonesas ANSAR, ECODES y Fundación para la conservación del quebrantahuesos, manifiestan su profunda indignación ante las graves irregularidades en la tramitación del clúster eólico del Maestrazgo (Aragón), que están actualmente bajo investigación, y piden el fin definitivo del proyecto. A juicio de estas organizaciones, esta situación refuerza las advertencias que la sociedad civil lleva años trasladando en relación con el posible incumplimiento de los estándares ambientales requeridos para la aprobación del proyecto. 

Las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) otorgadas al proyecto han permitido la tramitación de 25 parques eólicos en un corredor de alto valor ecológico, afectando gravemente a la Red Natura 2000 y a especies protegidas como el quebrantahuesos.

Asimismo, existen otros proyectos eólicos y fotovoltaicos que se encuentran judicializados, en diferentes etapas de tramitación, construcción o en operación, que evidencian malas prácticas en la planificación renovable en Aragón. Estos proyectos han desembocado en procesos judiciales tras su aprobación en áreas de alta biodiversidad. Con el fin de eludir la evaluación estatal se fragmentaron o se tramitaron con diversas irregularidades, como falta de estudios sinérgicos o acumulativos, cambios de uso en suelos incendiados y otras deficiencias en la evaluación ambiental, o modificaciones sustanciales no evaluadas, entre otros aspectos.

Las organizaciones buscan poner de relieve posibles irregularidades que podrían comprometer la integridad de la transición energética. En estos momentos de inestabilidad internacional e inseguridad energética, marcados por la dependencia de los combustibles fósiles, se hace todavía más patente la necesidad y la urgencia del despliegue de las energías renovables. Un despliegue que debe ser ágil, justo y estar al servicio de la ciudadanía para frenar la emergencia climática y generar soberanía energética. Demandan, por lo tanto, garantías adicionales para evitar prácticas irregulares y especulativas que pongan en jaque la credibilidad de la transición hacia un sistema energético democrático, suficiente, eficiente y 100% renovable.

Las organizaciones consideran que estas prácticas dañan la transición energética y alimentan el rechazo social y los discursos contrarios a las energías renovables, perjudicando a la parte del sector que cumple con la legalidad y que es clave para la mitigación de la crisis climática.

Por otro lado, las organizaciones ambientales demandan con carácter urgente una planificación territorial para el despliegue de energías renovables que establezca la exclusión vinculante de las zonas de mayor valor ambiental. Asimismo, valoran positivamente el compromiso del Gobierno para presentar, antes del 20 de junio, una propuesta de procedimiento, criterios y plazos para la designación, coordinada con las CCAA, de Zonas de Aceleración para Renovables (ZAR), y piden que el Gobierno asegure una amplia participación en la definición de una  herramienta necesaria para acelerar una transición energética justa para las personas y compatible con la naturaleza. Del mismo modo insistirán en la necesidad de que en las ZAR:

• Se excluyan, además de áreas ya mencionadas en el Real Decreto Ley de escudo social, todas las áreas de sensibilidad ambiental de media a máxima, corredores ecológicos y otras zonas clave para la conectividad ecológica y para la conservación de especies sensibles, en particular aves y otros grupos especialmente vulnerables a determinadas infraestructuras energéticas.
• Se definan con mayor claridad espacios como los corredores ecológicos, las zonas degradadas y otras que son clave para la definición correcta de las ZAR.
• Se prioricen de manera efectiva los suelos artificiales y degradados, como cubiertas industriales y comerciales, aparcamientos, infraestructuras, vertederos, explotaciones mineras, polígonos industriales y áreas logísticas.
• Se favorezcan especialmente los proyectos con mayor participación ciudadana.

Por último, reclaman introducir, para las plantas más grandes, mecanismos que obliguen a las empresas a una participación ciudadana reforzada desde fases tempranas que vaya más allá de la declaración responsable propuesta en el RDL 7/2026. Los mismos deberán detallar las obligaciones mínimas de una participación temprana, que no se puede reducir a una obligación del promotor de informar a las personas propietarias de los terrenos y a las administraciones locales afectadas antes de pedir la Autorización Administrativa Previa.

Las medidas de protección que se piden no son nuevas, sino un reclamo permanente de las organizaciones ecologistas que, de haberse implementado años atrás, habrían impedido que se produjeran casos de corrupción como el del Maestrazgo.

El despliegue democrático de la transición energética no puede estar en manos solo de las decisiones de mercado. Es hora de que las malas praxis sean prohibidas y perseguidas y que las buenas prácticas sean obligatorias.

Las organizaciones  defienden que es perfectamente posible un despliegue de energías renovables ágil que sea, al mismo tiempo, respetuoso con las personas, el territorio y la biodiversidad. 

Las claves para conseguirlo son: la ordenación territorial del despliegue de las renovables, participado y con retorno al territorio, en coordinación con la planificación de las redes eléctricas que están llamadas a evacuar su generación, el impulso decidido de las comunidades energéticas y del autoconsumo y de medidas de reducción de la demanda (suficiencia y eficiencia).