Denuncian la irresponsabilidad de Asuntos Exteriores en la evacuación urgente de Gaza de una madre y dos menores beneficiarios de protección internacional en España

La Clínica de Derechos Humanos de Sevilla ha denunciado la irresponsabilidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEC) al ignorar la solicitud de evacuación urgente de Gaza por el paso de Kerem Shalom de una madre y dos menores reconocidos como beneficiarios de protección internacional española. La asociación denuncia que desde mediados de mayo ha formulado cinco requerimientos por escrito al gabinete del ministro de Asuntos Exteriores y ha mantenido varias conversaciones telefónicas con el objetivo de que se active la evacuación de estos familiares.

Se trata de una madre (Sabreen) y sus dos hijos menores (Sara y Elías) menores de edad, esposa e hijos de Hazem Aboulaish, estudiante de doctorado de la Universidad de Sevilla, que logró la protección internacional, junto a Basel Ashour gracias al trabajo de la Clínica de Derechos Humanos de Sevilla y que actualmente se encuentran en la capital andaluza.

De los dos hijos menores, uno de ellos es un bebé lactante de apenas un año, quien se encuentra en estado de desnutrición severa y se encuentra herido en una mano por una esquirla de una bomba. La madre y la otra hija de siete años de edad, viven bajo las mismas condiciones de amenaza y riesgo de muerte inmediata. La familia se encuentra sin acceso a atención médica, alimentación adecuada, agua potable o seguridad mínima.

La situación actual en Gaza hace que el derecho de asilo que ya tienen reconocido corra el riesgo real de no materializarse nunca. No obstante, “la evacuación es técnica y logísticamente posible”, ya que existen antecedentes desde marzo de 2025 de que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha colaborado en evacuaciones desde Gaza hacia puntos fronterizos, como el de Kerem Shalom, pero únicamente cuando los servicios consulares de los países interesados han realizado formalmente la solicitud y las gestiones diplomáticas pertinentes.

“Es una opción viable y factible, pero el CICR no tiene capacidad de decisión sobre quién puede cruzar: su labor es exclusivamente humanitaria y de facilitación, acompañando a quienes ya han sido autorizados por las autoridades competentes. La responsabilidad de solicitar la evacuación recae en los Estados y, en este caso, en el Ministerio de Asuntos Exteriores aún no ha activado ningún canal efectivo para cumplir con lo que consideramos una obligación, no solo humanitaria sino estrictamente legal”, explica la Clínica de Derechos Humanos de Sevilla.

Esta asociación ha acompañado el proceso de solicitud de protección internacional de los dos ciudadanos gazatíes, que lograron llegar a España en abril de 2024, en un contexto de enorme dificultad. Desde el primer momento, como asociación comprometida con la defensa de los Derechos Humanos, se implicó activamente en su caso, prestándoles, gratuitamente, asesoramiento jurídico, acompañamiento y apoyo humano, hasta conseguir el reconocimiento del derecho de asilo por parte del Estado español, del que ya son beneficiarios. La Brigada de Extranjería de la Policía Nacional en Sevilla, con su habitual diligencia y especifica predisposición, y ACNUR-España con el apoyo a esta solicitud desde el inicio, resultaron cruciales en este trámite, atendido por el Estado español, en tal ocasión, con celeridad y responsabilidad.

En ese mismo marco, en mayo de 2024 se solicitó una visa humanitaria ex articulo 38 para los miembros de sus familias, dirigida al Consulado del Reino de España en la República de Egipto. Dicha solicitud nunca fue atendida ni tampoco siquiera respondida. “Sin embargo, la Clínica no detuvo su labor, a través de un trabajo colectivo, riguroso y constante, se impulsó la tramitación de la extensión familiar del derecho de asilo, tal como contempla la legislación vigente, con el objetivo de permitir la reunificación en España de estas personas con sus familiares directos”.

Por ello, la Clínica de Derechos Humanos de Sevilla exige al Estado español que “no postergue más una decisión que implica la vida o la muerte de una familia reconocida como beneficiaria de protección internacional española. El Estado español tiene la responsabilidad de garantizar no solo el reconocimiento formal del asilo, sino su aplicación real y efectiva”. Permitir que este derecho se quede en el papel, mientras las personas afectadas luchan cada segundo por sobrevivir es, a su juicio, una renuncia a los principios más básicos del Estado de Derecho y los derechos humanos.