Paula Espinosa: “Estamos convencidos de que el Tribunal Constitucional terminará tumbando la modificación de la ley de la Huerta que desmantela su protección”
- Compromís denuncia que la aplicación del Decreto Ley puede generar efectos irreversibles, como la transformación urbanística de suelos de alto valor agrario, la pérdida de biodiversidad, la ruptura del sistema de riego tradicional y la desaparición de estructuras institucionales de protección como el Consell de l’Horta.
La portavoz adjunta de Compromiso en las Cortes, Paula Espinosa, ha mostrado la satisfacción de la coalición por la aceptación a trámite del Tribunal Constitucional al recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la ley de la Huerta de Valencia realizada por el Consell del PP, que desmantela su protección.
Este recurso fue posible por el impulso de Compromís, que consiguió aglutinar las 50 firmas necesarias gracias al apoyo del resto de diputados del grupo SUMAR, Podemos y PSOE en el Congreso.
Para Espinosa «este recurso ha sido un paso necesario para defender la legalidad, la democracia y el territorio. No se puede aprobar una reforma de esta magnitud con la excusa de una emergencia, más aún cuando atenta contra todas las recomendaciones técnicas y científicas para hacer frente a catástrofes como la DANA. La Huerta de Valencia no es un espacio vacío funciones insustituibles que el gobierno del Botánico supo proteger en atención al interés general.”
Compromiso está convencido de que el Tribunal Constitucional, tras la aceptación a trámite, terminará sentenciando que el Decreto del Consell se aprobó de manera inconstitucional, utilizando la figura excepcional del decreto ley sin que concurran las condiciones de “extraordinaria y urgente necesidad” exigidas por el artículo 86 de la Constitución española, tal y como señaló en su informe la propia Abogacía de la Generalitat.
Para Compromiso lo más grave es que el decreto aprobado se aprovecha de la conjuntura de la DANA de octubre de 2024 y la pondrá como excusa para impulsar cambios legislativos estructurales que ya se habían intentado aprobar anteriormente, sin éxito, en la ley de acompañamiento a los presupuestos.
“Utilizar la DANA y la urgencia que se deriva de ella, para desmantelar la protección de la Huerta de Valencia, un espacio único reconocido por la FAO y la UNESCO, que garantiza la soberanía alimentaria, la resiliencia climática y el patrimonio cultural e identitario de los valencianos y valencianas, es una temeridad”.
Asimismo Compromís denuncia la vulneración que hace el decreto en cuanto a la grave regresión ambiental que representa. Se rebajan los niveles de protección de un espacio agrícola sin ningún procedimiento de evaluación ambiental ni argumentación técnica, incumpliendo el principio de no regresión en materia ambiental, vulnerando el artículo 45 de la Constitución. El decreto reduce los niveles de protección de la Huerta, permitiendo la urbanización de más de 3.800 hectáreas de suelo agrícola y obviando su capacidad de actuar como una infraestructura verde clave para la protección ante fenómenos meteorológicos extremos, como la DANA del 29 de octubre de 2024.
«Hay que recordar que el día de la DANA, las zonas agrarias actuaron como zonas de inundación natural, absorbiendo parte del agua y evitando que llegara con más violencia a los cascos urbanos. Son los campos, y no el hormigón, los que reducen el impacto de las lluvias torrenciales, filtran el agua hacia los acuíferos y frenan el efecto barra». (Mirar cartografía adjunta)
«La Huerta de Valencia, además de ser patrimonio agrícola y ambiental, es también patrimonio cultural e identitario valenciano. Convertirla en moneda de cambio con un discurso manipulador para viabilizar intereses urbanísticos es un error histórico que compromete la seguridad, la soberanía alimentaria y la identidad de nuestro territorio.»
El decreto también establece la supresión del Consejo de la Huerta, órgano de participación y coordinación intermunicipal, lo que supone un ataque directo a la autonomía municipal y la recentralización de competencias, rompiendo con la garantía de la participación de los ayuntamientos, y de los sectores implicados en la gestión de este valioso espacio, agricultores y sociedad civil.
Por último, el recurso argumenta que el Decreto Ley 4/2025 no sólo altera el ordenamiento jurídico aplicable en la Huerta de Valencia de modo sustantivo, sino que lo hace de forma opaca, repentina, incoherente y sin garantías, generando un entorno jurídico incierto y arbitrario. Todo ello vulnera el principio de seguridad jurídica que consagra el artículo 9.3 CE, tal y como ha reiterado el Tribunal Constitucional en múltiples ocasiones.
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