Redacción •  Actualidad •  05/06/2025

El Gobierno central ignora al Supremo y vuelve a reclamar a las viudas de Orcasitas la devolución del complemento de mínimos de sus pensiones

  • A pesar de las sentencias judiciales que subrayan que la ayuda a la rehabilitación que han recibido sus comunidades de vecinos no puede considerarse ganancia patrimonial, la Dirección Provincial de Madrid del INSS ha retomado el envío de cartas a vecinos del Poblado Dirigido de Orcasitas para reclamarles la devolución del complemento de mínimos de sus pensiones de viudedad por ese motivo.
  • La FRAVM y la asociación vecinal del barrio, que junto a las familias afectadas presentaron el año pasado decenas de reclamaciones a la Seguridad Social y una queja al Defensor del Pueblo, piden al Gobierno de Pedro Sánchez que ponga fin de una vez por todas a esta injusticia y deje de computar como ganancias patrimoniales este tipo de ayudas para la población con rentas modestas.
  • Para ello, solicitan un cambio en la Ley del IRPF, ya que la Seguridad Social inicia los procesos de reclamación tras la información que recibe del Ministerio de Hacienda.
El Gobierno central ignora al Supremo y vuelve a reclamar a las viudas de Orcasitas la devolución del complemento de mínimos de sus pensiones

Muy a su pesar, las viudas del Poblado Dirigido de Orcasitas (Usera) vuelven a estar en el candelero por una Administración incapaz de asentar directrices correctivas en sus procedimientos. La pesadilla ha regresado a este barrio modesto del sur de la capital que, paradójicamente, todas las administraciones españolas y la propia Unión Europea ponen de ejemplo cuando hablan de políticas de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética.

Así, como ocurriera el año pasado, la Dirección Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) está enviando cartas a vecinas y vecinos del barrio en las que les reclaman la devolución del complemento de mínimos de sus pensiones de viudedad por haber detectado un aumento de sus ganancias patrimoniales procedentes de las ayudas a la rehabilitación ya la mejora energética que sus comunidades percibieron en 2023. «Usted ha percibido indebidamente la cantidad de 2.394€, en concepto de cobro indebido de su prestación de jubilación, originado por revisión del complemento de mínimos al haber percibido por usted y/o, en su caso, por su cónyuge, durante el periodo que se indica [el año 2023], unas rentas derivadas del trabajo (excluida la pensión), del capital o de actividades económicas y/o ganancias patrimoniales que superan el límite de ingresos legalmente establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado», puede leerse en la notificación de una vecina del barrio recibida hace unos días. Como otros centenares de personas del barrio, su comunidad se benefició de unasubvención del Ayuntamiento de Madridpara rehabilitar su edificio. A ella le reclamarán la devolución de 2.394€, pero las cantidades pueden ser mayores. Además, este incremento de las ganancias patrimoniales que, usando un mecanismo ciego, Hacienda detecta y traslada a la Seguridad Social no solo afecta al complemento de mínimos de las pensiones sino aotras ayudas públicas destinadas a personas vulnerables o con discapacidad como el Ingreso Mínimo Vital, subsidios para desempleados o incluso las becas de comedores escolares.

Todo esto vuelve a suceder, para susto y enfado de los hogares afectados, a pesar de la existencia de dos contundentes sentencias del Tribunal Supremo y de que el año pasado la Dirección del INSS emitiese una orden para dejar sin efectos sus reclamaciones después de las quejas y protestas de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y de la Asociación Vecinal Guetaria del Poblado Dirigido de Orcasitas, que llegaron a pedir el amparo del Defensor del Pueblo. ¿Cómo es posible que Hacienda y la Seguridad Social vuelvan a hacer lo mismo, cebándose con las familias más humildes, más vulnerables? ¿Es esta la manera de fomentar el ahorro energético en las comunidades? ¿Cómo vamos a animar a las comunidades a que solicitan ayudas públicas si luego pasan este tipo de cosas? Hay que subrayar que las familias afectadas por las reclamaciones del INSS ni siquiera llegan a ver el dinero de las subvenciones, ya que este se ingresa directamente en la cuenta de las comunidades de vecinos y debe usarse íntegramente para la realización de las obras de rehabilitación o eficiencia energética.

Recordemos que en diciembre de 2023 ( ver sentencia )y en febrero de 2024 (ver sentencia), a propósito de casos similares, el Tribunal Supremo dictó sentencias en las que falla que no procede que la Seguridad Social reclame cantidad alguna a las personas perceptoras del complemento de mínimos de la pensión y de otras ayudas de similar índole. Ambos fallos consideran que las ayudas a la rehabilitación no computan como una ganancia patrimonial y que la situación de pobreza de esas personas se mantiene. Más aún, las sentencias hacen hincapié en que es la comunidad de propietarios, y no el vecino o vecina a título individual, quien destina el dinero de las subvenciones a rehabilitar la vivienda habitual.

Propuesta de modificación de la Ley del IRPF

Ante las nuevas notificaciones de reclamación del INSS, que sin duda llegarán no solo a Orcasitas sino a otros barrios de Madrid y otros municipios, la FRAVM y la asociación vecinal exigen a aquel que corte de inmediato el envío de estas cartas y al Ministerio de Hacienda que ponga fin a esta pesadilla y deje de computar como ganancias patrimoniales las ayudas a la rehabilitación que perciben familias de rentas modestas. De hecho, para que esto no se vuelva a repetir, ni en Madrid ni en el resto del Estado, la FRAVM ha dado traslado al Ministerio de Hacienda de una propuesta de modificación del artículo 33.3 de laLey 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicascon el fin de que las ayudas a la rehabilitación de vivienda dejen de ser consideradas ganancias patrimoniales, evitando «que ue tal y como ocurre en la actualidad, las personas que perciban ayudas y subvenciones a la rehabilitación superiores a 1.600 € están obligadas a declarar (artículo 96.2.b)» y que «dichas ayudas puedan acarrear la pérdida o reducción de prestaciones o subsidios».

«La consideración de las ayudas y subvenciones a la rehabilitación promovidas por las administraciones públicas como ganancia patrimonial afecta de manera especialmente negativa a los sectores vulnerables de la población, al poner en riesgo sus ingresos básicos de subsistencia. Esta situación genera el rechazo de dicha población a participar en los programas de rehabilitación de viviendas, precisamente aquellos colectivos que habitan un parque residencial de menor calidad constructiva y que, por tanto, se encuentran en una mayor necesidad de las ayudas y subvenciones públicas para la rehabilitación», sostiene la FRAVM en un escrito más destinado al Ministerio dirige María Jesús Montero .

Por ello, y con el fin de mantener «el principio de progresividad fiscal al establecer un mínimo de alquiler» y evitar «el uso especulativo de la medida por parte de los contribuyentes que pretenden beneficiarse de las ayudas de rehabilitación en viviendas distintas de la vivienda habitual» propone añadir un epígrafe f) al artículo 33.3 de la ley del IPRF con el siguiente texto:

«Con ocasión de la obtención de ayudas o subvenciones a la rehabilitación de vivienda de las administraciones públicas siempre que se trate de la vivienda habitual de la persona física y que el resto de sus rentas anuales no excedan del cuádruple del indicador público de renta de efectos múltiples».

La FRAVM espera que esta propuesta sea tenida en cuenta y podamos resolver, de una vez por todas, un problema que afecta, en primer lugar a familias vulnerables de barrios populares y viviendas modestas.

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La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) es una organización sin ánimo de lucro que, siguiendo la máxima de “la unión hace la fuerza”, agrupa a más de 300 entidades de 51 municipios de la Comunidad de Madrid. La mayoría son asociaciones vecinales, pero también cuenta con asociaciones culturales, radios comunitarias, colectivos de mujeres y plataformas de afectados. Juntas suman unos 200.000 socios y sociedades. Fundada en 1977, la FRAVM, que goza de un importante reconocimiento institucional, trabaja desde entonces para mejorar la vida de la gente de los barrios y localidades de la región, defendiendo la calidad de sus servicios y equipamientos públicos, un urbanismo a escala humana, el derecho a una vivienda digna, un medio ambiente saludable, el reequilibrio territorial, la igualdad entre mujeres y hombres y la participación ciudadana en los asuntos públicos, entre otras prioridades.


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