Ante las “nuevas amenazas”: Soberanía proclamada bajo la Cumbre Escudo de las Américas

Porque tal vez ahí resida la paradoja mayor de esta hora continental: mientras América Latina busca diversificar sus vínculos y ensanchar sus márgenes de maniobra en un mundo multipolar, Estados Unidos responde con una doctrina de cierre, vigilancia y tutela. Lo llama estabilidad, Lo llama seguridad, lo llama cooperación, pero bajo esos nombres vuelve a asomar algo mucho más antiguo: la persistencia del reflejo imperial

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Lo primero que deja la Cumbre Escudo de las Américas convocada en Miami por el presidente Donald Trump no es una imagen de cooperación entre iguales, sino una paradoja deliberadamente construida: en nombre de la soberanía regional, Estados Unidos acaba de presentar un nuevo dispositivo de tutela hemisférica. Bajo la retórica del combate a las “nuevas amenazas”, y mediante una “articulación” exprés de gobiernos ideológicamente afines, el mandatario reunió a una docena de presidentes alineados con su agenda política, y proclamó “el derecho de los pueblos del continente a forjar su propio destino sin interferencias”, pero ponía en escena una arquitectura política, militar y estratégica destinada a condicionar ese destino desde el Norte.

El llamado Escudo de las Américas no nace como un simple mecanismo de coordinación contra el narcotráfico, la migración irregular o el crimen transnacional, tal como se lo presenta en el discurso oficial. Nace como una nueva formulación de la vieja pretensión de mando hemisférico de Estados Unidos: una versión pretendidamente actualizada de la Doctrina Monroe, rehecha a la medida de Trump, de su lenguaje de fuerza y de su voluntad de restaurar la primacía norteamericana en una región que vuelve a ser mirada como patio trasero, reserva estratégica y zona natural de obediencia.

Lo que Washington llama amenaza es, en realidad, el pretexto que necesita para legitimarse como árbitro supremo de la seguridad continental y, asido a ese pretexto, militarizar la agenda regional y reordenar el mapa político latinoamericano según sus conveniencias. Antes fue la “amenaza comunista”; después, la “guerra contra las drogas”; luego, la “guerra contra el terrorismo”. Ahora llegan las “nuevas amenazas”: un concepto lo suficientemente amplio, ambiguo y elástico como para justificar desde operaciones de inteligencia compartida hasta intervenciones directas, desde control de fronteras hasta presión diplomática, desde el cerco económico hasta formas renovadas de protectorado.

Una cumbre de afinidad ideológica
Por mucho que el presidente Donald Trump alardee, la Cumbre Escudo de las Américas se parece más a un “firmen aquí” que a un verdadero espacio de concertación regional, y la selección misma de los invitados lo revela con nitidez. No hubo aquí voluntad de representar políticamente al continente, sino de ensamblar un bloque de afinidad ideológica. A la cita acudieron presidentes alineados con la derecha continental, mientras quedaron fuera México, Brasil, Colombia, Uruguay y Guatemala, entre estos, varios de los principales actores regionales y, no por casualidad, gobiernos que no encajan en la hoja de ruta trumpista. La exclusión no fue un detalle protocolar: fue una definición política que deja claramente establecido que el Escudo de las Américas no pretende construir consenso hemisférico, sino levantar una coalición subordinada.

Desde esa perspectiva, la proclamación de soberanía contenida en la Carta de Doral adquiere un tono casi cínico. No porque la soberanía sea una mala bandera, sino porque aparece invocada desde el mismo centro de poder que históricamente la ha vulnerado en América Latina cada vez que sus intereses lo han requerido. Hay una ironía imperial imposible de ocultar en que Estados Unidos, mientras anuncia una coalición militar, habla de autodeterminación regional, al tiempo que promueve un esquema de vigilancia, interoperabilidad y respuesta conjunta bajo su conducción, pero lo envuelve en el lenguaje de la libertad de los pueblos. Proclama “nuestro hemisferio” para sí mientras denuncia la injerencia ajena.

China en el rediseño hemisférico
Washington no ha convocado esta cumbre únicamente para enfrentar carteles y controlar flujos migratorios. La ha convocado, sobre todo, porque percibe que llega tarde a una región donde la República Popular China ya no es un actor marginal, sino un socio comercial decisivo, un financiador relevante y una presencia creciente en infraestructura, telecomunicaciones, energía y conectividad. Lo que se intenta no es solamente contener el delito transnacional, sino torpedear la consolidación de una relación latinoamericana con Pekín que ya ha modificado el equilibrio regional.

Washington quiere recuperar centralidad donde la había perdido; quiere volver a fijar los límites de lo aceptable en la política exterior de los países latinoamericanos y recordarle a la región que, mientras Estados Unidos se reserva el derecho de disputar zonas de influencia a otras potencias en Asia, Europa o Medio Oriente, no está dispuesto a tolerar que esas potencias hagan lo propio en lo que sigue considerando su espacio natural de predominio. Lo notable es que reclama para sí la intangibilidad de los patios traseros ajenos, pero niega a los demás ese mismo principio cuando se trata del continente americano.

Visto así, la cumbre de Miami no inaugura simplemente una coalición de seguridad; inaugura una doctrina práctica de neo-protectorado. Su lógica no consiste en anexar territorios, como en los viejos imperios clásicos, sino en condicionar decisiones, penetrar estructuras de inteligencia, fijar prioridades militares, homologar protocolos, abrir bases de datos, asegurar acceso logístico y definir —desde Washington— quién es aliado confiable, quién es adversario tolerable y quién debe ser neutralizado. Ya no se necesita administrar directamente una colonia para ejercer dominio sobre ella: basta con establecer un marco de dependencia militar, tecnológica, económica y política que reduzca el margen real de autodeterminación.

De ahí que lo ocurrido en Venezuela no pueda presentarse aisladamente como un hecho excepcional, y mucho menos como una simple pieza de justicia internacional. La construcción narrativa previa, el clima de criminalización, la escenificación de amenazas y el desenlace final revelan una secuencia funcional a esta nueva política de fuerza. Venezuela operó como laboratorio y mensaje: laboratorio, porque ensayó la idea de que la intervención puede revestirse de legalidad moral cuando se invoca el combate a un mal superior; y mensaje, porque mostró a toda la región hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos cuando decide que un gobierno ha cruzado la línea de sus intereses estratégicos, o mejor dicho, de los recursos estratégicos que el imperio necesita asegurarse.

Por eso la referencia a las “nuevas amenazas” debe leerse también como una advertencia, y lo más preocupante es que en ese rótulo cabe todo: narcotráfico, migración, crimen organizado, influencia extranjera, desorden institucional, populismo incómodo o cualquier experiencia política que se resista a la disciplina hemisférica. La elasticidad del concepto es justamente su fuerza, porque lo que no se define con precisión puede expandirse sin límites y lo que se expande sin límites termina habilitando una intervención también sin límites.

De ahí que no sea casual que el nuevo discurso estadounidense combine seguridad, inversión privada, infraestructura crítica, telecomunicaciones, energía y principios democráticos en un mismo paquete. Ese ensamblaje no busca otra cosa que fusionar geopolítica y negocios, control territorial y hegemonía tecnológica, alineamiento ideológico y oportunidades para el capital estadounidense. La soberanía de la que se habla en esos documentos no es la soberanía material de los pueblos sobre sus recursos, sus rutas comerciales, sus decisiones estratégicas y sus alianzas internacionales; es una soberanía administrada, vigilada y recortada bajo el paraguas de una potencia que se reserva la última palabra.

Doctrina imperial sin disfraces
La novedad del Escudo de las Américas no está en su retórica, que recuerda demasiados episodios del pasado continental, sino en la franqueza con que vuelve a poner sobre la mesa una pretensión colonial de mando. Lo que durante años se disfrazó de cooperación, asistencia o asociación estratégica hoy se exhibe con menos pudor: alineamiento geopolítico, coalición militar, exclusión de gobiernos no afines, contención de China y recuperación del hemisferio como esfera de influencia directa. Trump no inventó esa pulsión; lo que hizo fue despojarla de ornamentos.

    La pregunta de fondo, por eso, no es si el Escudo de las Américas producirá más coordinación en materia de seguridad o si la Carta de Doral tendrá efectos diplomáticos inmediatos. La pregunta verdadera es otra: qué queda de la soberanía latinoamericana cuando su defensa es proclamada bajo un dispositivo concebido para limitarla, y hasta dónde está dispuesta a llegar la región en su aceptación de un nuevo orden hemisférico que, en nombre de la protección, revive viejas jerarquías de subordinación.
Porque tal vez ahí resida la paradoja mayor de esta hora continental: mientras América Latina busca diversificar sus vínculos y ensanchar sus márgenes de maniobra en un mundo multipolar, Estados Unidos responde con una doctrina de cierre, vigilancia y tutela. Lo llama estabilidad. Lo llama seguridad. Lo llama cooperación. Pero bajo esos nombres vuelve a asomar algo mucho más antiguo: la persistencia del reflejo imperial.