Su búsqueda, una cuestión de Estado: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Imaginen que un día cualquiera se despiertan, encienden la televisión y en las noticias anuncian que toda la población de Cádiz, casi 117.000 personas, ha desaparecido; seguro que surgirían muchas preguntas ¿qué ha pasado? ¿por qué han desaparecido? ¿quién o quiénes son los culpables? ¿Qué va a pasar después de esto? La gente hablaría de ello en sus barrios, en los centros de trabajo, en los institutos… habría un sentimiento de incertidumbre e indignación generalizado. Se levantarían dudas sobre lo sucedido y se crearían bulos. En definitiva, la gente no pararía de hablar de ello, incluso se convertiría en una noticia internacional en la que habría muchas preguntas con muy pocas respuestas.

Pues bien, actualmente en España sigue habiendo más de 100.000 víctimas de desapariciones forzadas como consecuencia de la represión franquista vivida hasta los primeros años de la democracia. Da escalofríos pensar que más de 100.000 personas están en paradero desconocido o en fosas comunes, teniendo en cuenta que España es el primer país de Europa en número de fosas con desaparecidos, más de 114.000.

Cada cifra es una persona con una historia que nunca se ha investigado, vulnerando derechos humanos como el de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica o el de no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y es más, a día de hoy hay que sumarle a esta cifra la de cerca de 30.000 niños y niñas robados sobre los que no se tiene información y, peor aún, no se implementan esfuerzos, medios o recursos por parte de las instituciones públicas para conocer dónde están estas personas o sus familias.

Tenemos como país una cuenta pendiente con las víctimas y con su memoria que no puede ser encerrada como una cuestión del pasado, más aún cuando las consecuencias de lo vivido hace tan solo 44 años siguen presentes y sin resolverse, teniendo en cuenta que hemos construido nuestra democracia sobre miles de fosas comunes y, por tanto, sobre la impunidad de los crímenes franquistas. Muestra de ello es como en nuestra Constitución actual no se menciona ni a la Constitución precedente, la de 1931, ni a la época de la dictadura. Pues bien, como demócratas debería indignarnos que a día de hoy el antifascismo no aparezca como base de nuestra democracia, ni que se cite como tal en el texto constitucional.

Habrá quien diga que hay que olvidar el pasado y centrarse en el presente y en el futuro, una idea profundamente reaccionaria con la que se pretende equiparar a las víctimas con los victimarios, o dicho con otras palabras, tratar de equiparar a aquellos que lucharon por la democracia y la libertad con aquellos que pretendían mantener un régimen autoritario. Debemos tener claro como demócratas que esta idea basada en una falsa equidistancia es peligrosa y no es más que otro blanqueamiento de la impunidad franquista.

Cabe recordar que en varias ocasiones Naciones Unidas ha criticado ya la nula actuación del Estado español al mantener un ‘patrón de impunidad’ sobre las desapariciones sucedidas durante el franquismo, más teniendo en cuenta que ‘la brutalidad de este delito reside en su permanencia en el tiempo y lo convierte en uno de los más graves desde el punto de vista de la justicia penal internacional’. Es más, de acuerdo con el Derecho internacional las desapariciones forzadas se consideran un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, se pide a nuestro Estado que ‘establezca la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista para asegurar que se investiguen las desapariciones forzadas de manera exhaustiva y efectiva; identificar y enjuiciar a los responsables y, en su caso, sancionarlos con penas en las que se tenga en cuenta la gravedad de los crímenes; así como reparar de forma completa e integral a las víctimas’. Ante ello, el Estado español sigue manteniendo silencio.

Resulta fundamental, mucho más en una fecha como la de hoy en la que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, hacer de la búsqueda de aquellas víctimas una cuestión de Estado, garantizar que nuestras instituciones sean capaces de recuperar la memoria; esto es, conocer la Verdad y garantizar la Justicia y la Reparación de las víctimas, tal y como establece el Derecho internacional.

Elena Torres

Politóloga, miembro de la dirección federal de IU y responsable de Republicanismo