El capitalismo prefiere a Sánchez

En los últimos meses, las agencias de calificación crediticia S&P, Moody’s y Fitch han mejorado la nota de España debido a ‘su fortaleza y resiliencia económica’, lo que le ha servido al gobierno para sacar pecho de su gestión, avalada además por un crecimiento de la economía española muy por encima del de una Europa que bordea la recesión. Ahora bien, resulta extraño que quienes se consideran progresistas se enorgullezcan del respaldo que ofrecen unas entidades de más que dudosa reputación, dedicadas a evaluar unos determinados productos financieros en función del riesgo de impago que puedan entrañar. Eso en la teoría. En la práctica, como quiera que las tres citadas acaparan el 90% del mercado, sus análisis se hacen a gusto del que paga: Enron y Lehman Brothers tenían excelentes calificaciones justo antes de quebrar, lo que provocó la ruina de quienes invirtieron en esas compañías fiándose de los informes redactados por quienes de toda esta debacle salieron forrados. 

Estas agencias no sólo chantajean a empresas pidiéndoles dinero a cambio de buenas notas en su puntuación, sino a los países en función de si las políticas que llevan a cabo se corresponden con los intereses de las finanzas. Así, la deuda que emita un Estado que lleve adelante medidas redistributivas mediante una fiscalidad progresiva tendrá una nota baja, lo que le obligaría a subir los intereses de sus bonos para captar financiación en los mercados. Es decir, estamos ante un oligopolio mafioso al servicio de la especulación financiera más burda y destructiva. 

Y si este personal elogia a un gobierno, éste tendría que hacérselo mirar y examinar qué estará haciendo mal, en lo tocante a la economía productiva y a la distribución de la renta entre las distintas clases y grupos sociales, para merecer los elogios de tan siniestra fuente, expresión de un capitalismo de casino cuya codicia nos sumerge en periódicas crisis financieras que arrasan con los puestos de trabajo y el gasto social.

Y el pecado de Moncloa es llevar adelante una política descaradamente favorable al capital y, por consiguiente, en perjuicio de los salarios, tanto en lo que hace a la retribución de quienes trabajan(salario directo)como en lo que respecta a los servicios públicos de sanidad, educación y dependencia(salario indirecto). Las cifras, en este sentido, son escandalosas: las grandes empresas y bancos registran beneficios históricos sobre los que tributan muy poco debido a que la reforma fiscal prometida se quedó en agua de borrajas. Paralelamente, una gran parte de las personas que viven de su trabajo tienen menos poder adquisitivo que hace 5 años, cuando comenzó a andar la coalición progresista. Particularmente sangrante es el tema de la vivienda: se ha convertido en un bien de lujo lo que debiera ser un derecho inalienable. Los ricos y los fondos buitre se han lanzado a acaparar patrimonio en forma de vivienda para succionar la renta de las clases trabajadoras a través de alquileres y precios de venta irracionales. Es decir, mientras una minoría engorda de manera obscena su nivel de riqueza, una parte creciente de la sociedad, fundamentalmente la juventud, ve cerradas sus posibilidades, no ya de prosperar, sino simplemente de sobrevivir sin ayuda de la familia o de los subsidios estatales.

Este marco socioecónomico, en otras condiciones, habría disparado la conflictividad laboral y ciudadana. Si no ha sido así es porque al timón hay un gobierno presuntamente de izquierdas que goza de la más alta consideración por parte de las cúpulas sindicales. De manera que esta austeridad, tanto salarial como fiscal-la falta de presupuestos ha congelado el gasto nominal de los servicios públicos-, se desenvuelve en un contexto de inaudita paz social. Que también se fundamenta en el pavor que desata en la sociedad democrática lo que sería la alternativa al actual ejecutivo: un gobierno de PP y Vox.

Así que nos encontramos con una situación de acelerada desigualdad y bajo el acecho de un trumpismo hispano que espera su oportunidad. En este escenario donde falta un actor-una alternativa de izquierda transformadora-, el capital ha hecho realidad su sueño húmedo: las cuentas de resultados desbordadas y las calles calmadas. Y no está demasiado interesado en experimentos de política económica basados en una motosierra que, provocando una contracción brutal de la demanda y un hundimiento de los activos financieros por déficit excesivo, merme beneficios y espolee la revuelta social.

Ciertamente, los amos del dinero usan a la derecha reaccionaria para polarizar la sociedad, enfrentar a los penúltimos con los últimos y amendrentar a los rojos, pero no la quieren al frente del Ministerio Economía, como se demostró con la muy conservadora británica Liz Truss, tumbada por los mercados apenas llegó al gobierno. También hay ahora en EEUU movimientos empresariales contrarios a las redadas de Trump contra trabajadores y trabajadoras inmigrantes.

Definitivamente, el IBEX 35, que es quien manda en España realmente, prefiere para la gestión de sus asuntos a una socialdemocracia descafeinada, profundamente respetuosa con el régimen neoliberal y atlantista. Que además, porra en mano si hace falta, tiene a Marlaska y una Ley Mordaza heredada del PP para garantizar el orden público. ¿Qué más se puede pedir?  

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