Libardo García Gallego •  Opinión •  28/12/2017

Otros puntos programáticos de un candidato de izquierda al congreso colombiano

Suele exigirse un diagnóstico específico de la situación concreta acerca de un asunto objeto de estudio en un espacio determinado como requisito indispensable para poder aplicar los correctivos adecuados en ese momento. Así es el funcionalismo, el mismo que no llega a analizar las causas últimas de los problemas sino que se limita, como la medicina alopática, a tratar de sanar pero no a curar los males desde su raíz.

En el Departamento del Quindío, a pesar de estar sobrediagnosticado en derechos humanos, las soluciones de fondo para frenar sus violaciones o vulneraciones no se ven por ninguna parte. Estas son las propuestas para mejorar de manera sustancial la incipiente cultura en derechos humanos, tanto a nivel regional como nacional. El orden de enunciación no implica mayor o menor importancia del respectivo ítem. Partimos de la base que todos los derechos humanos son importantes: universales, inalienables, imprescriptibles e inviolables.

Si la consecución de la paz depende de la introducción de reformas de fondo a la Constitución Política y a las leyes respectivas de manera que favorezcan a la mayoría del pueblo colombiano, la indiferencia de los legisladores y gobernantes en este aspecto demuestra la ausencia de voluntad política por parte de los Poderes del Estado.

Una educación verdaderamente democrática tiene que dotar a todos los individuos a través del proceso educativo formal de las herramientas suficientes y eficaces que les permita ver e interpretar el mundo según su propia cosmovisión, ayudados por los diferentes telescopios y microscopios superestructurales existentes en cada momento histórico, sin sesgos, sin fundamentalismos, respetando plenamente a cada individuo. En consecuencia, las personas menores de edad deben ser eximidas de cualquier tipo de práctica religiosa, política, militar y confesional. Para cumplir este ideal se precisa de profesionales de la educación con formación integral de la más alta calidad.

El atraso ideológico y político que se evidencia en la sociedad colombiana, especialmente en los sectores populares, obedece en gran parte a sus deficiencias formativas, a la ausencia de una sólida formación integral, tanto formal como informal. La raíz de tales deficiencias radica en la calidad de los contenidos a través de sus años de escolaridad. Dejando de lado la educación no formal, veamos un poco lo que sucede en la educación formal.

La formación humanística es mínima y muy sesgada, lo cual se comprueba al observar la escasa cantidad de horas asignadas al área de las Humanidades y la excesiva cantidad horaria destinada a la enseñanza religiosa. Esto sin analizar los contenidos programáticos.

Todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos y la normatividad o reglamentación mediante la cual se desarrollen éstos o aquéllas, han de ser compatibles con la Constitución o Norma de normas.

Al revisar el desarrollo de los Currículos correspondientes a los diferentes niveles educativos (básica, primaria, secundaria), se observan incompatibilidades entre éstos y la Constitución Política.

No se cumple el Art. 27 de la C.P.N. que dice: “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra” cuando la enseñanza gira alrededor de las ideas católicas o cristianas, sin dejar espacio para cosmovisiones alternativas, contrarias a éstas, inclusive ateas; cuando se persigue a los docentes por exponer otras formas de interpretación de la sociedad y su evolución, cuando no se ofrece a los estudiantes la diversidad de interpretaciones filosóficas, políticas, económicas, que les permitan formarse su propia visión, así su interpretación no coincida con la de sus padres y docentes, cuando se obliga a los educandos menores de edad a practicar rituales religiosos, a vestir uniformes de policías o a ingresar a las fuerzas militares, sin dejarles elegir por sí mismos, violando de paso el Artículo 16, sobre el libre desarrollo de la personalidad; el 18, sobre la libertad de conciencia; el 19, sobre la libertad de cultos, y el 20: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación… No habrá censura”

Lo anterior tiene su base en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, principalmente en sus artículos 18, ”… derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión…”, 19 “…derecho a la libertad de opinión y de expresión…” y 26: “1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser legalizada, el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”

Uno de los derechos más ignorados y pisoteados en Colombia es el de la libertad de expresión, pues cuando se expresan quienes no comparten las directivas gubernamentales se les sataniza hasta tildarlos de “terroristas”. Otra de las formas de vulnerar este derecho es otorgándolo a los dueños de abundantes recursos económicos y negándolo a quienes carecen de ellos. La oposición política a los gobiernos requiere de medios propios (canales nacionales de radio y televisión, diarios y revistas de circulación nacional) a través de los cuales poder controvertir los programas gubernamentales. Cuando la oposición la ejercen los pobres, casi siempre los perdedores, el Estado está obligado a dotarlos de los medios indispensables para que puedan ejercer una oposición eficaz y efectiva.

Armenia, 28 de diciembre de 2017


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