Basta de criminalización, represión y asesinatos contra el pueblo mapuche

El último domingo, sicarios civiles amparados por la pasividad de las fuerzas policiales de la Provincia de Río Negro, asesinaron a Elías Garay de 29 años, e hirieron de dos balazos a Gonzalo Cabrera de 21 años en el Lof Quemquemtrew, paraje ubicado en La Cuesta del Ternero, un territorio ancestral de la comunidad mapuche, a 25 kilómetros al norte de El Bolsón.

Elías se suma a la lista de víctimas, como Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, que en forma pacífica intentan recuperar tierras ancestrales y que son estigmatizadxs acusándoles de pertenecer a grupos terroristas con el objeto de justificar su persecución, y legitimar los crímenes con los que se pretende limitar las legitimas aspiraciones territoriales de la comunidad mapuche que están reguladas en la Constitución Nacional. No es casual que este lamentable hecho ocurra en los días en que se está tratando en el Congreso Nacional la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial de los Pueblos Originarios, a la cual se oponen los empresarios terratenientes y los capitales trasnacionales que pretenden continuar con el despojo. Ley que esta REDH confía en que sea sancionada a la brevedad.

La criminalización de los Pueblos Originarios tiene una larga y dolorosa historia en América Latina y el Caribe. La irrupción de sus legítimos reclamos, que en ningún momento han sido acompañados con la violencia que se les pretende asignar, busca ser criminalizada con el único objetivo de instituir un nuevo enemigo interno, apto para ser estigmatizado, privado de sus derechos y utilizado como excusa para montar aparatos represivos cada vez mas especializados que descarguen su violencia contra estas comunidades y el campo popular en general.

La REDH Argentina repudia la campaña provocada prioritariamente por terratenientes, exige la inmediata identificación y detención de los asesinos, y demanda la creación de una mesa de diálogo y negociación –con participación protagónica de las comunidades locales– para abordar la problemática de forma consensuada, distante de las imágenes y prácticas de violencia que buscan instaurar los medios hegemónicos y los sectores reaccionarios, tanto provinciales como nacionales, y logre solucionar los justos reclamos de las comunidades por sus territorios.