Intento de golpe de estado en Venezuela

A través del siguiente pronunciamiento, la mayoría opositora de ultra-derecha de la Asamblea Nacional de Venezuela votó en favor de la destitución del presidente de la República, Nicolás Maduro y de la deslegitimación de los poderes públicos del estado.

Se refieren a un presunto golpe de estado encabezado por el mismo Gobierno Nacional. La causa principal invocada por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional es la suspensión de la recolección del 20% de las firmas necesarias para activar el referéndum revocatorio del presidente de la república. La recolección de firmas había sido anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para finales de Octubre 2016, con la previsión de realizar el referendo revocatorio en el primer trimestre del 2017.

La suspensión del proceso, anunciada el pasado 20 de octubre por el CNE, se debe a la obligación que tiene el CNE de acatar los pronunciamientos de lostribunales penales de siete estados del país, quienes declararon invalida la etapa anterior del proceso refrendario, la recolección del 1% de firmas, debido a que la oposición introdujo ante el CNE 605.727 firmas fraudulentas, el 60% del total.

Entre las firmas fraudulentas se detectaron mas de once mil muertos, 14.000 menores de edad, miles de privados de libertad y mas de 200.000 firmas falsas. A miles de personas se les usurpó su identidad. Se vaciaron nóminas de empresas y listas de ahorrista en el sistema bancario para perpetrar el fraude. Miles de ciudadanos acudieron a los tribunales penales para introducir denuncias por usurpación de identidad.

Todas estas irregularidades son delitos penados por la legislación vigente en el país. Los responsables de tales delitos son los dirigentes de los partidos de oposición que introdujeron las firmas fraudulentas ante el Consejo Nacional Electoral. Por tales motivos, los tribunales penales han también ordenado la prohibición de salida del país del excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski, el secretario de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, Ramón José Medina, José Luis Cartaya, Oscar Antonio Barreto, Ricardo Francisco Sucre, Luis Ernesto Aparicio y Arnoldo Gabaldón.

El vice-presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la agrupación política mas grande del país, con mas de 7 millones de militantes, señaló: “Es una réplica del golpe de estado de abril 2002 … alega el abandono del cargo del Presidente Nicolás Maduro, convocatoria de un paro nacional y realizar una marcha hacia militares, asedios a los cuarteles militares, en este caso a la base aérea de La Carlota, ataques a la Fuerza Armada con participación de factores de la iglesia venezolana y participación de la embajada de los Estados Unidos en Caracas. Es parte de las continuas operaciones de la derecha para salir del presidente Nicolás Maduro”.

El ministro de la defensa, general Vladimir Padrino López, dejó claramente establecida su posición en declaraciones del 24 de Octubre 2016: “Dejamos firme nuestro compromiso irrevocable de respetar nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, más allá de las ambiciones de poder».

Nótese que el pronunciamiento de la mayoría opositora de la Asamblea Nacional se refiere a la Fuerza Armada Nacional, cuando su designación oficial es FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (FANB). La oligarquía venezolana siempre ha sido característicamente anti-bolivariana.

Se escudan en la constitución para justificar sus ambiciones de poder, la misma constitución que derogaron durante el golpe de estado del 2002 para sustituirla por la de 1961. La actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, fue aprobada en referendo popular en 1999. La del 61 se refería a la República de Venezuela y había sido negociada tras bastidores entre los partidos políticos de la época, a espaldas del pueblo venezolano. Algunas diferencias. La del 99 solo puede ser modificada por voluntad del pueblo a través de un referendo popular; la del 61 por decisión de los políticos en sesión del parlamento. La del 99 prohíbe la privatización de la empresa matriz Petróleos de Venezuela; la del 61 lo permite por decisión de los políticos de turno. La del 61 desconoce los derechos de los pueblos indígenas; la del 99 los protege. La del 99 considera a la educación, la salud, la vivienda y la alimentación como derechos humanos que deben ser protegidos prioritariamente por el gobierno nacional; la del 61 permite su privatización y mercantilización.

El aparente detonante de la confrontación actual es la suspensión del proceso conducente al referendo revocatorio del presidente de la república, incluido en la constitución de 1999 por iniciativa el movimiento bolivariano. El presidente de la república, al igual que todos los cargos de elección popular (gobernadores, alcaldes, diputados), pueden ser removidos de sus cargos a través de un referendo revocatorio una vez cumplida la mitad de su mandato. En el caso del presidente, el proceso se debería haber iniciado, a solicitud de la oposición, en enero 2016. Como el reglamento vigente para tal fin, aprobado en el 2007 y utilizado ya en 11 oportunidades, implica un período de 243 días desde el momento que se inicia el proceso hasta que se efectúa el referendo, para que se efectuara en el 2016 la solicitud de activación debió efectuarse en enero de este año. Sin embargo, la oposición decidió hacerlo sólo a finales de abril. Debido a esta curiosa dilación, el referendo sólo podría efectuarse a inicios del 2017, como ya lo había anunciado el CNE.

Según el artículo 233 de la Constitución, “Si la falta absoluta del presidente o presidenta de la república se produce durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes… Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutiva asumirá la presidencia de la república hasta completar dicho período”

Si la oposición venezolana hubiese solicitado la activación del referendo en enero 2016, sin apelar al fraude, actuando de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes, el referendo se habría efectuado a finales de este mismo año, el cuarto año del período constitucional. De ganarlo, con una votación superior a la que eligió al presidente y superior a la que durante el referendo lo hubiese apoyado, se habría realizado una elección en 30 días por un nuevo presidente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 233 de la constitución. Este era el mecanismo evidente al alcance de la oposición para optar por el poder por la vía democrática.

Al retrasar la solicitud de activación del proceso refrendario hasta finales de abril, por la aparente torpeza de la misma oposición, el referendo quedó postergado para el 2017. Según el artículo 233 de la constitución, de ganarse el referendo se declara la falta absoluta del presidente y el vicepresidente asume la presidencia hasta completar el mandato, en este caso hasta enero del 2019. Este escenario es posiblemente mas nefasto para la oposición que la permanencia en el poder de Nicolás Maduro.

De allí la insistencia de la oposición, plasmada en el pronunciamiento que se presenta a continuación, para que el referendo se realice en el 2016, a pesar de la multiplicidad de irregularidades y delitos cometidos, a pesar de los pronunciamientos de los tribunales penales de 7 estados del país, y aunque se violenten las leyes vigentes y se violen así los derechos del funcionario afectado, en este caso el presidente de la república.

Adicionalmente, la Asamblea Nacional ha sido declarada en desacato constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia, por su insistencia en violentar las normas constitucionales y desconocer la autoridad de otros poderes públicos: el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder electoral. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, ha declarado públicamente que la Asamblea Nacional no acatará ningún pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia con el que no esté de acuerdo, refiriéndose a los magistrados de dicho tribunal como “malandros”, “comadres” y “bandidos”. Cuando tomó posesión de su cargo en enero 2016, el presidente de la Asamblea Nacional declaró públicamente que el objetivo de su gestión era deponer al presidente de la república en un período máximo de 6 meses. En complicidad con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha tratado de usurpar funciones que le corresponden por mandato constitucional al presidente de la república, como son las relaciones internacionales, y ha tratado de que se le otorgue el derecho de intervenir personalmente en sesiones de la OEA para solicitar la activación de la Carta Democrática contra su propio país, un acto de traición a la patria. La directiva de la Asamblea Nacional ha juramentado como diputados a personas cuestionadas por el Tribunal Supremo de Justicia y en abierto desacato a sus sentencias jurídicas. Por estos y otros motivos, el Tribunal Supremo de Justicia ha sentenciado que todas los actos y decisiones de la Asamblea Nacional son nulos hasta que se ajuste a derecho y acate la normativa constitucional vigente.