José Haro Hernández •  Opinión • 25/06/2020

El hundimiento

Todo el mundo conoce esa escena de la película alemana ‘El Hundimiento’ en la que un Hitler desquiciado brama órdenes a inexistentes divisiones militares que obrarían la proeza de contener y destruir a un Ejército Rojo cuya victoria era inexorable. El delirio del máximo dirigente nazi no era creído por sus generales, pero sí por él mismo y por sus todavía numerosos seguidores.

Bueno, pues a nuestra derecha más rancia, crecientemente acotada a los márgenes de PP y Vox dada la desafección de Ciudadanos hacia el trifachito, le ocurre algo parecido, salvando las lógicas distancias, a lo que padecía el dictador alemán. Efectivamente, desde el inicio de la legislatura, a las huestes de Casado y Abascal este gobierno de coalición les ha parecido ilegítimo, y así lo han calificado. Y ya se sabe que contra un gobierno de esa naturaleza todo vale. Derrocarlo sería, pues, una obligación ‘constitucional’. El problema es que no pueden hacerlo sin saltarse la legalidad. Y esa impotencia se traduce en una creciente frustración, la cual conduce a actuaciones delirantes en las que se invocan, como en el búnker de Berlín, soluciones milagrosas que se materializan en hechos políticos ubicados entre lo ridículo y lo irreal. Veamos el primero de ellos. Se trata de ese atestado policial, confeccionado por dos capitanes de la guardia civil claramente sobreexcitados ideológicamente, a quienes no les ha importado sacrificar el prestigio del Cuerpo, ganado a pulso durante décadas de brillante actuación, en el altar de un texto que pretendía criminalizar el 8M mediante un compendio de bulos, medias verdades y testimonios tergiversados, que no buscaba otra cosa que convencernos de que una manifestación de 100.000 personas, deliberadamente convocada por el gobierno, con intención suicida añadida, para expandir el virus, contribuyó a la difusión de éste más que dos millones de personas hacinadas en el metro o decenas de miles de personas apiñadas en los estadios de fútbol. Tan grosero resultaba el informe que una jueza, no muy amiga del ejecutivo precisamente, se ha visto obligada a archivar el asunto de inmediato.

El segundo disparate tiene que ver con la tragedia acaecida en las residencias de mayores, sobre todo madrileñas. No importa que el BOE de Marzo establezca con nitidez que las competencias que las CCAA tienen sobre estos centros quedaron reforzadas durante el Estado de Alarma. Tampoco importa que sea el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid el que, de su puño y letra, impartiera instrucciones expresas a los hospitales de esa autonomía para que no acogieran a ancianos procedentes de las residencias. No, el culpable de todo es el vicepresidente segundo del gobierno. Ante la evidencia de que los tribunales estén ya actuando contra el gobierno de Ayuso a instancias de denuncias de los familiares, la ultraderecha se limita a señalar infantilmente, contra toda evidencia documental, a Iglesias.

Un tercer ejército fantasmagórico ha creído la derecha extrema encontrarlo en los importantes recursos(subvenciones y préstamos) que, procedentes de la UE, van a llegarnos para afrontar la crisis. No se le ha ocurrido otra cosa a Casado que alinearse con los países del norte insolidarios que le niegan a los del sur el pan y la sal, exigiendo una fuerte condicionalidad, es decir, recortes, para que esas ayudas lleguen a sustanciarse. Obviamente, la imagen de unos políticos trabajando en Europa contra los intereses de España no beneficia precisamente sus expectativas. Y es que aquí la ideología, una vez más, ha primado sobre las necesidades del país: los reaccionarios son conscientes de que los fondos europeos pueden impulsar una salida progresista de la crisis y, en consecuencia, consolidar al gobierno que los ha propuesto y gestionado. La perspectiva de que el tándem Casado-Abascal llegue alguna vez a formar gobierno se diluye definitivamente si la economía se reactiva y se reorienta en un sentido más redistributivo y sostenible.

Todo esto pasa porque hay unas ideas que se derrumban, las del ultraliberalismo autoritario, y quienes las sostienen en España no aceptan que su tiempo ha pasado.

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