La justicia murciana: revisionismo ambiental y negacionismo climático

Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, exconsejeros, respectivamente, de Medio Ambiente y Obras Públicas del gobierno de Ramón Luis Valcárcel allá por la década de 2000, suspiraron aliviados el pasado 20 de noviembre de 2025. La Audiencia Provincial de Murcia sentenció ese día, el mismo en que fue condenado por el Supremo el Fiscal General, que aquellos responsables políticos no eran culpables de los delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y blanqueo de capitales que había establecido la fiscalía en relación al caso Novo Carthago. Éste arrancó veinte años antes con una investigación por corrupción relacionada con la recalificación de unos suelos sujetos a protección próximos al Mar Menor.

En su sentencia, el tribunal establece que no se ha acreditado que las resoluciones adoptadas en su día fueran de naturaleza prevaricadora. Pero lo más llamativo es que el fallo judicial legitima que existan “opiniones razonadas” que favorezcan interpretaciones a la carta sobre la legalidad ambiental, de tal manera que se puedan ejecutar proyectos de ocio en enclaves donde no están permitidos. Uno, en su ignorancia, pensaba que existía un consenso sólido, determinado por la literalidad de las normas, respecto de que en espacios con determinados valores naturales y paisajísticos no caben infraestructuras que impliquen transformaciones sustanciales del medio. Y un uso “recreativo-deportivo” conlleva, inexorablemente, la alteración de los parámetros originales de un paraje en lo que a flora, fauna y paisaje se refiere. Sencillamente, porque hay que construir, siquiera sean las instalaciones necesarias para el ocio, el deporte, el esparcimiento y el encuentro social que definen aquel uso. Y a nadie se le escapa que junto a esas dotaciones habría que edificar viviendas que acompañaran esas actividades deportivas, culturales y de restauración.

Lo que, en definitiva, ha venido a hacer la Audiencia Provincial es reescribir, dentro de la Comunidad Autónoma de Murcia, la legislación sobre ordenación territorial y medio ambiente; es decir, crear una suerte de jurisprudencia que deja en papel mojado todo el acervo legal existente en estos ámbitos. También sugiere que los acusados eran, en realidad, unos visionarios adelantados a su tiempo, aquél que acreditaría que la sostenibilidad es una engañifa que sólo sirve para cercenar el crecimiento. El camino queda marcado: hay que limitar drásticamente los territorios a preservar en su estado original, ocupar todo lo que sea viable y consumir el agua que sea necesaria para generar un crecimiento imparable, ilimitado. Si esto genera contaminación y gases de efecto invernadero, se trata de los peajes que hay que pagar para vivir mejor. Porque lo del cambio climático, no lo olvidemos, es un cuento.

La Audiencia Provincial de Murcia está reivindicando que los gobiernos y la sociedad se desprendan de los corsés que, según su criterio, impiden el progreso. Es urgente recuperar la cultura del ladrillo, ésa que nos llevó a la catástrofe financiera de 2008. Debemos levantar casas, oficinas y almacenes donde sea posible hacerlo, porque ello va a inducir empleo y riqueza. A tomar por saco la transición energética. Para implementar estas políticas, hay que cambiar las leyes. Mientras esto no sea viable dadas las mayorías parlamentarias, que los tribunales funcionen como lo están haciendo ya en el terreno estrictamente político: escorando este país, a golpe de toga, hacia escenarios regresivos.

No sé si la forma en que se ha resuelto este caso anticipa lo que puede ocurrir el 15 de septiembre de 2027. Ese día, Ramón Luis Valcárcel, expresidente autonómico, comparecerá ante la Justicia para dar cuenta de su gestión en el caso de la desaladora de Escombreras. Básicamente, el presunto delito por el que está imputado se refiere al desfase entre el coste, para ACS, de construir esa infraestructura, 111 millones, y lo que finalmente va a recibir esta empresa de manos de la Comunidad Autónoma, unos 600 millones. Ahí vio la Fiscalía en 2006 prevaricación, fraude y malversación de caudales. El objetivo de la operación era sortear las limitaciones en la disponibilidad de agua establecidas por la CHS para nuevos desarrollos residenciales. Así que para garantizar el suministro de una urbanización surgida de una dudosa recalificación de 180 millones de metros cuadrados para 250.000 viviendas, Valcárcel crea una sociedad pública que arrienda, con el citado desajuste contable, la desaladora a la empresa de Florentino Pérez.

Está compareciendo ante la Justicia una forma de producir y consumir fundada en la depredación ambiental y la precariedad laboral. Por el momento, los tribunales la están avalando, en sintonía con las corrientes reaccionarias que ponen en solfa la puesta en marcha de una agenda que armonice el desarrollo económico con la inclusión social y la preservación de los recursos naturales. Urbanizaciones a mansalva, explotaciones agrícolas extensivas jalonando el territorio y exclusión de una parte de la población: ése es el modelo por el que siguen apostando las élites murcianas. Si acarrea corrupción, insostenibilidad, contaminación y explotación de la clase trabajadora, el que venga detrás que arree.

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