Comunicado referente al acoso laboral y sindical en el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC)

La Agrupación de Funcionarios Bomberos Unidos que ostenta la mayoría social en esta administración quiere manifestar su compromiso inquebrantable con la protección de cualquier trabajador que sufra acoso o abuso de poder. Sin embargo, ante la reciente nota de prensa de CC.OO., nos vemos obligados a pedir una reflexión profunda sobre la realidad del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC). No se puede exigir justicia con una venda en los ojos que solo permite ver los casos de los propios afiliados.

La «gravedad de las conductas» que hoy se denuncia parece ser un criterio que CC.OO. aplica de forma selectiva. En la memoria de esta plantilla pesan episodios de extrema gravedad, incluyendo casos de agresiones físicas de superiores a subordinados que, en su día, se saldaron con sanciones meramente simbólicas y tras la intervención de instancias judiciales. En aquellos momentos, no vimos este nivel de alarma social ni exigencias de ejecución inmediata. Esta evidente disparidad de criterios genera una sensación de agravio comparativo que en nada ayuda a la convivencia en los parques.

Desde Bomberos Unidos denunciamos que no todos los expedientes reciben el mismo celo administrativo: mientras algunos procedimientos ni siquiera llegan a abrirse pese a existir denuncias de acoso plenamente acreditadas, obligando a las víctimas a solicitar traslado a otros parques y a prestar servicio lejos de su localidad de residencia ante la inacción de la administración, mientras los presuntos acosadores permanecían empoderados en sus puestos, otros casos se elevan a bandera sindical según convenga en cada momento. Una administración pública no puede funcionar condicionada por afinidades internas ni por la pertenencia a determinadas estructuras de poder que, como es sabido, ya han estado (y continúan estando) bajo el foco de investigaciones judiciales.

Si el objetivo es erradicar el acoso y el amiguismo, la solución debe ser sistémica. No basta con pedir que se ejecute una sanción concreta; hay que garantizar que nadie se sienta intocable por tener «galones» o apoyo orgánico. Por ello, seguimos exigiendo medidas que ataquen la raíz del problema. Tampoco hemos visto a CC.OO. exigir al CBPC tribunales de oposición externos y procesos de corrección anónimos que aseguren que el mérito y la capacidad están por encima de cualquier «clan» o favoritismo.

Resulta difícil confiar en la voluntad de protección de esta administración cuando se han vivido situaciones tan graves como la ocurrida al inicio del presente mandato. Desde el SAB (integrado en Bomberos Unidos junto con CSIF y SBC) se denunció un episodio de acoso sindical y laboral, aportando documentación que apuntaba, presuntamente, a hechos tan serios como la posible falsificación de partes de intervención. Aquella denuncia, que debía haberse tramitado con absoluta confidencialidad, terminó siendo utilizada públicamente para amedrentar al denunciante delante de mandos y compañeros. A día de hoy, y pese a que hemos ofrecido todas las facilidades, incluida la renuncia expresa a iniciar acciones judiciales por la presunta revelación de secretos, precisamente para permitir una resolución interna y depurar responsabilidades, seguimos esperando una respuesta. Una demora incomprensible tratándose de hechos que, en nuestra opinión, podrían incluso encajar en un presunto ilícito penal.

La Agrupación de Funcionarios Bomberos Unidos no permitirá que se utilice la lucha contra el acoso laboral de forma partidista. Exigimos que la diligencia que hoy se reclama se aplique a todos los trabajadores por igual, sin importar sus siglas ni su cargo.