José Haro Hernández •  Opinión • 22/07/2020

La santa alianza

Tras la derrota de Napoleón, las monarquías de Rusia, Austria y Prusia establecieron en 1815 una alianza cuyo objetivo fue el mantenimiento en Europa del statu quo absolutista, monárquico y religioso, a fin de impedir el surgimiento y propagación de movimientos revolucionarios o seculares. Se puede afirmar que las élites españolas quedaron impregnadas de esos valores y a lo largo de los siglos XIX, XX y lo que llevamos de XXI no han hecho otra cosa que intentar mantenerlos, a sangre y fuego, para evitar la cristalización de las ideas liberales y, posteriormente, progresistas.

Pronunciamientos, golpes de Estado y guerras civiles a lo largo de los dos últimos siglos han conformado en España un fuerte pensamiento reaccionario(debilitado tan sólo en las dos breves experiencias republicanas), sustentado en la exaltación de la propiedad(latifundista y financiera), la monarquía, el nacionalcatolicismo y el combate permanente contra una antiEspaña sustanciada en la izquierda, el federalismo y el laicismo(anteriormente también en la masonería y el judaísmo).

La democracia del 78, en la medida que surgida de una reforma del franquismo, nace arrastrando buena parte de aquellas hipotecas históricas, por lo que mantiene intactas las estructuras de clase y los privilegios de aquellas entidades, como la Iglesia o la monarquía, que durante siglos han sido las columnas vertebrales, en lo ideológico e institucional, del viejo régimen, que en este país pervive a través de unas oligarquías que subsumieron en su seno a lo que en otros países europeos fue una burguesía emprendedora y modernizadora.

Esto explica lo que está pasando en torno al primer gobierno de izquierdas desde el año 36, que ha concitado en su contra a una reeditada Santa Alianza, que abarca un amplio espectro económico, político y mediático. Efectivamente, los sectores liberales del propio PSOE, buena parte de los barones de este partido, la derecha más moderada, el empresariado, la monarquía, los aparatos de Estado, muchos medios de comunicación y la ultraderecha han establecido un acuerdo implícito, fáctico, de geometría variable y diferentes niveles de estridencia, pero que comparten un objetivo común: acotar los obligados cambios, en una orientación expansiva y social, que la pandemia está propiciando. Aceptando a regañadientes el nuevo paradigma de mayor gasto público y redimensionamiento del Estado, ese nutrido frente pretende que el nivel de transformación no se desmadre, es decir, que se mantenga dentro de los márgenes que los poderosos pueden asimilar. Por supuesto, existen muy diversas estrategias orientadas a ese fin, desde la que propician los liberales del gobierno, consistente en lo fundamental en descafeinar las iniciativas que plantean los socialdemócratas del ejecutivo junto a Unidas Podemos, hasta el comportamiento cuasi insurreccional de Casado y Abascal, pasando por quienes se han comprometido en una  campaña de descrédito contra la figura de Pablo Iglesias y Unidas Podemos con la intención de hacer insostenible su presencia en el gobierno.

Tres son las líneas rojas que el bloque liberal conservador ha trazado. En primer lugar, nada de derogar la reforma laboral más allá de meros retoques. El mercado de trabajo debe seguir precarizado para que prosiga su marcha la devaluación salarial. Recuérdese el escándalo que suscitó, hace unas semanas, la firma de un documento parlamentario por parte de PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu en el que se exigía la derogación ‘íntegra’ de aquella norma. Nadia Calviño enmendó inmediatamente la plana a sus compañeros de partido firmantes. La patronal se retiró del diálogo social y el mismo PSOE votó el 1 de julio en el Congreso contra aquel acuerdo, desdiciéndose de lo que había suscrito con anterioridad.

El segundo veto es a cualquier intento de implementar un impuesto a la riqueza, como Unidas Podemos y EH Bildu han propuesto. El PSOE, aquí sin fisuras, se opone. Como la patronal. De este modo, se renuncia a recaudar unos 11 mil millones de euros, imprescindibles para atender el gasto social y superar la brecha de desigualdad que padecemos.

Por último, la decisión inicial de la Comisión de Reconstrucción de dejar fuera de los fondos extra para educación a la enseñanza concertada, se ha reconducido tras las presiones de la derecha y la Iglesia.

En definitiva, estamos en un punto de inflexión a partir del cual o avanzamos hacia la modernidad superando los viejos demonios históricos que espurios intereses mantienen, o nos instalamos en la decadencia de un sistema oligárquico y dinástico que sólo ofrece corrupción y desigualdad. Para tomar el primero de los caminos, es urgente que la izquierda en el gobierno refuerce sus lazos con la triunfante izquierda territorial, como único medio de consolidarse y afianzar un programa de transformación real, abandonando las veleidades de pacto con la derecha que sólo conducen a la impotencia, tanto para abordar el proyecto que el país necesita como para mantener la estabilidad del ejecutivo.

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