Tomás F. Ruiz •  Opinión •  22/01/2021

Delito de Curriculum en España

Con el juicio en candelero a la ex presidenta Cristina Cifuentes por falsedad en documento público, me pregunto cuántos casos como este se han dado, se están dando y se darán en el futuro en un país de pícaros y maleantes como es el nuestro. Lo de Cristina Cifuentes es sólo la punta de un iceberg que afecta toda la Administración española y que cuenta, en la mayor parte de los casos, con el amparo y la complicidad de catedráticos, rectores, decanos y demás egregia jerarquía universitaria. Gracias a ellos se ha formado una muy rentable “industria” para fabricar un curriculum falso a gusto del postulante. Debemos reconocer que el delito de curriculum es un mal endémico.

Decir que hemos sido siempre un país de picaros y que lo seguiremos siendo, no justifica que, con el siglo XXI ya avanzado, arrastremos aún comportamientos de corrupción administrativa tan escandalosos y tercermundistas como éste. La revelación de cómo se gestó el curriculum falso de Cristina Cifuentes ha demostrado hasta qué punto el corporativismo, la prepotencia y el “hoy por ti, mañana por mi” siguen siendo las máximas que guían la conducta de un muy elevado porcentaje de cargos de la Administración educativa española. También nos demuestra que hay toda una trama clandestina implicada en la elaboración de curriculums falsos y en su defensa, llegado el caso. La sola implicación de la monárquica universidad Juan Carlos Iº (en realidad, con un nombre así se puede esperar todo tipo de corruptelas y falsedades en este centro) da una idea de hasta dónde puede llegar la proliferación de curriculums falsos en este país.

Me viene a la memoria otro caso similar, contemporáneo al de Cristina Cifuentes, que se dio en la ciudad de Cuenca y que yo mismo me ocupé de investigar como periodista. Se trataba de una falsedad documental amparada por el Ayuntamiento de Cuenca (Castilla-La Mancha) para designar a dedo al director de su recién creada Escuela Municipal de Cine. Curiosamente, este caso había ya pasado de las manos del pp a las del psoe y ambos habían cerrado filas para dar como certeras todas las falsedades que su protegido había incluido en el currículum presentado para su designación en el cargo. El aspirante -único porque no se abrió ningún concurso de méritos como marca la ley- se había inventado un inexistente master en Dirección Cinematográfica de la universidad Camilo José Cela, un trabajo de guionista en la productora José Frade que nunca fue refrendado y un galardón en un festival de cine de terror londinense, FrightFest, donde nunca dan premios.

En el curriculum de este individuo (que responde al alias “Juanra”), habría seguramente más falsedades documentales implícitas, pero con estas tres tenía ya un buen botón de muestra. Las puse en conocimiento del alcalde de Cuenca de entonces, Ángel Mariscal (pp). Ni él ni su predecesor Darío Dolz (psoe) movieron un dedo para retirar al impostor del puesto directivo inmerecidamente conseguido. Ambas formaciones, aparentemente enfrentadas en otros escenarios políticos, en Cuenca cerraron filas y se limitaron a mantener silencio administrativo y a no responder a ninguna de las preguntas que les hizo la prensa (entre otras, qué sueldo recibía este individuo como director de la Escuela de Cine).

Al resultar evidente la complicidad de los sucesivos alcaldes, me dirigí a la Fiscal de Cuenca, Isabel Gómez López, a la que puse al corriente y presente pruebas de lo que ya entonces había sido definido en el código penal como “delito de curriculum”. En este caso la complicidad fue aún mayor: tras hacer el paripé, abriendo una investigación y simulando que tomaba cartas en el asunto, la fiscal de Cuenca archivó mi denuncia y permitió que el falsificador de curriculum continuara desempeñando impunemente su puesto directivo, con toda la complicidad y el amparo judicial que ella le brindaba. La prensa local tampoco informó nunca nada sobre este caso de falsedad documental (delito de curriculum), cohecho de dos ediles y habiendo contado con la abyecta complicidad judicial de la fiscal jefe de Cuenca.

Desafortunadamente para ella, Cristina Fuentes no ha debido saber jugar bien sus cartas, porque no dispone del amparo de ningún fiscal en su caso. Si recibiera un castigo ejemplar por el delito cometido es posible que toda la mafiosa “industria” montada en este país para elaborar falsos curriculums se viniera abajo. Aunque me temo que estamos hablando de “pedir peras a un olmo”; o lo que es lo mismo, exigir a la justicia que acabe su complicidad con los delincuentes que falsifican documentos y se inventan másteres inexistentes.


Opinión /