El Movimiento de Objeción de Conciencia y la insumisión. Ejemplo número 100 de resistencia civil noviolenta
Salam aleikum.
Para conmemorar la consecución del reto de conseguir publicar 100 ejemplos de resistencias civiles noviolentas (que en sus inicios parecían bastante improbable de conseguir) publicamos hoy el ejemplo de la objeción de conciencia al servicio militar y la insumisión al mismo en España entre las décadas de 1970 y 2000. En dicha resistencia colaboramos de diversas formas y en diversos momentos y ha sido una parte nuclear de nuestra vida. Por ello el reconocimiento y la alegría de haber llegado a 100 ejemplos de resistencias civiles noviolentas.
El reto no acaba aquí, pero ahora sin poner metas porque hemos aprendido que la noviolencia y las resistencias civiles noviolentas son mucho más abundantes de lo que se supone (que suele ser cero).
100 ejemplos de resistencias civiles noviolentas publicados en este blog son a su vez la constatación en el tiempo y en el espacio (hemos publicado resistencias de muchísimos países y de varias épocas históricas) de que la noviolencia siempre ha estado viva y ha generado cambios sociales positivos.

El reclutamiento forzoso ha sido unos de los instrumentos principales de adoctrinamiento y sometimiento militarista en la sociedad española al menos desde finales del siglo XVIII. Una ordenanza de 1800 consolidó este impuesto de sangre hacia la población y la constitución de Cádiz estableció el servicio militar obligatorio y universal. A partir de mediados del siglo XIX se estableció el sistema de quintas en el que se sorteaba la obligación de ir a filas, eligiéndose originalmente un sodado por cada cinco jóvenes. El sistema permitía sustituir el servicio obligatorio por una redención en metálico, lo que sirvió para que las clases adineradas pudieran eximirse de esta obligación pagando a otro para ir por ellos y generó una importante corrupción y clasismo dentro del ejército.
Tras el golpe de estado y la guerra civil, y para atornillar la represión que basó gran parte de la actuación de la dictadura, se generalizó el servicio militar como el mecanismo de control social y adoctrinamiento más extenso con los que contó el régimen militar de Franco.
Si he empezado por este repaso es para señalar, a continuación, que desde su implantación, el reclutamiento militar en España tuvo siempre una importante respuesta social y ha provocado a lo largo de su extensa duración varios ciclos de movilización antimilitaristas en contra, protagonizando, por ejemplo, los motines de Barcelona a finales del siglo XVIII; la resistencia que en el sexenio democrático estuvo a punto de acabar con las quintas y en la que la inmensa mayoría de los ayuntamientos y organizaciones sociales pidieron su supresión al gobierno; los motines posteriores en Jerez (1869), Barcelona (1870) y otros pueblos y ciudades; o la conocida como Semana Trágica en 1909, alcanzando también a la II República existía un grupo de resistentes a la guerra llamado “orden del Olivo” fundado en 1932 y que era la sección española de la Internacional de Resistentes a la Guerra. El cual fue muy activo antes del conflicto armado y constan mítines anarquistas llamando al antimilitarismo, incluido el convocado para día 18 de julio del 1936, convocado por CNT y la Internacional de Resistentes a la Guerra en Barcelona con intervención de una de las fundadoras de mujeres libres, Amparo Poch) o en medio de la guerra, con el compromiso (invisibilizado y minorizado por la mística militar) de Amparo Poch o de José Brocca y otros grupos de antimilitaristas.
Por desgracia, de la energía política de todo este antimilitarismo que se desarrolló antes de la dictadura militar de Franco no quedaba ni el recuerdo cuando, en los años 70 del siglo XX, comenzó el último ciclo de lucha contra el servicio militar obligatorio.
Como en tantas otras luchas y tradiciones políticas, el activismo antimilitarista tuvo que empezar casi de cero su lucha, a falta de una transmisión y un relevo con los antimilitarismos anteriores.
La lucha noviolenta contra el servicio militar obligatorio (SMO) durante el franquismo y hasta la supresión del reclutamiento forzoso
La lucha contra el SMO desde los estertores del franquismo hasta su supresión en 2001 ha supuesto a la vez el ciclo de movilización y protesta más largo y continuado del antimilitarismo en el estado español, caracterizado por su enfoque político de resistencia y desobediencia, por el uso del repertorio y la metodología noviolenta, por la variabilidad creativa y táctica de la lucha emprendida y por la gradual capilaridad de sus contenidos, valores y prácticas de acción al resto de la sociedad.
El marcado enfoque noviolento de la estrategia de acción empleada ha sido el sello de identidad de este ciclo largo desde sus inicios hasta el momento en que, ante el desbordamiento del sistema de reclutamiento forzoso al que luego me referiré, el oportunismo del gobierno de derechas de Aznar y del gobierno, también de derechas, de Jordi Pujol en Cataluña pactaron la supresión del SMO.
La lucha contra el SMO desarrollada por el antimilitarismo tuvo como principal (no único) promotor a un Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) constituido a partir de la coordinación de grupos locales de resistentes a la guerra a partir de los años 70 del siglo XX y protagonizó un ciclo largo de movilización y protesta social que duró desde los inicios de los años 70 hasta 2001, en que se suprimió el SMO.
A partir de entonces se encadenaron movilizaciones ante la creciente implicación militar española, de la mano de la geopolítica dictada por EE. UU. y la OTAN, en las diversas guerras y cambios de acontecimientos, pero nunca hasta la fecha ha recuperado ni la extensión ni la capacidad que tuvo en la lucha contra el SMO.
Los inicios
La disidencia contra el reclutamiento en el franquismo se abordaba por los llamados a filas de forma individual mediante deserciones o negativas a incorporarse a filas, que eran duramente castigadas con prisión militar y nueva obligación de reclutamiento, provocando condenas encadenadas.
Esto fue así y llevó con sus huesos a la cárcel a Testigos de Jehová y otras personas que por razones morales o religiosas no aceptaban la participación en el ejército.
Mediante encuentros y convivencias, a lo largo de los años 60, las Comunidades del Arca inspiradas por Lanza del Vasto en Francia comienzan a difundir la noviolencia en España, lo que facilitó que en varias ciudades (Valencia, Madrid, Barcelona, Bilbao) apareciera una incipiente estructura para la difusión de las estrategias de acción noviolentas y el antimilitarismo, principalmente vinculados a jóvenes en edad de ser reclutados para el ejército.
El panorama empezó a cambiar cuando Pepe Beunza decide en los campamentos de Castellterçol (Tarragona) de 1968 que no se presentará a la mili y apuesta por dotar a su disidencia del carácter público y político para reivindicar el derecho de cualquier joven a negarse a formar parte del ejército.
A partir de ahí nace un grupo de apoyo “Equipo OC” lo denominaron, que planifica y prepara junto con Beunza la puesta en escena del enfrentamiento y el enfoque político que darán a la desobediencia de Pepe, con el objetivo de reclamar el respeto al derecho de toda persona a no incorporarse a filas en pleno franquismo.
La objeción política de Pepe Beunza
Así se organizó la primera “objeción a la mili” en abierto desafío público, ilegal y noviolento a la institución militar, uno de los principales sustentos de la dictadura.
Beunza y su grupo de apoyo establecieron encuentros previos a su detención en la universidad de Valencia, constituyeron grupos de apoyo en varias ciudades de España, entablaron contactos internacionales.
Pepe Beunza se presenta en el cuartel en 1971, negándose a vestir uniforme y sometiéndose a un juicio y prisión en el batallón disciplinario del Sahara, que fue utilizada como altavoz de la campaña.
Durante su cautiverio de 15 meses tuvieron lugar actos de solidaridad en Europa, una marcha desde Ginebra a la prisión (fue interceptada en Pirineos) y una amplia repercusión de su desafío político, incluida la reclamación de las instituciones europeas a las que España quería pertenecer para que regularan de forma respetuosa la objeción de los jóvenes que se negaban a participar del SMO.
La campaña de Pepe Beunza, así como su activismo tras su salida de prisión, sirvieron también para acelerar la coordinación de grupos de objetores que ya había en distintos territorios y para orientar la lucha antimilitarista hacia uno (no el único) de sus principales objetivos: la abolición del SMO.
El desafío colectivo de Can Serra
Fruto de todo ello, el 1975 comienza el segundo desafío público y político con la preparación de la campaña de desobediencia colectiva conocida como “Can Serra”.

Cinco resistentes a la guerra (Ovidio Bustillo, Vicente Amugos, Jesus Viñas, Guillermo Luis Cereceda y José Díez) presentan en las navidades de 1975 el manifiesto “un camino para la paz” dando a conocer que se habían negado a formar parte del ejército y que estaban desde primavera de ese año realizando un servicio autogestionario de apoyo al barrio de Can Serra en Hospitalet, desde donde desafiaban al militarismo y demostraban con los hechos qué es lo que realimente hay que defender y cómo.
Posteriormente se incorporan al proyecto otros resistentes a la guerra, Martí Olivella y Francesc Riera, y se inicia una segunda campaña de solidaridad y sensibilización en reivindicación del derecho a no participar del militarismo.
El nacimiento del MOC
En el año 1977, y como organización coordinadora de los grupos de objeción que florecen por todo el estado, nace el Movimiento de Objetores de Conciencia, que pronto cambiará su nombre por el de Movimiento de objetores y objetoras de conciencia y después por el de Movimiento de Objeción de Conciencia.
Ese mismo año, y por el empuje, mas cualitativo y político que cuantitativo, de los objetores que se negaban a ir a la mili, el General Gutiérrez Mellado, ministro de defensa, dicta una Orden comunicada (ósea, no publicitada pero dirigida a todas las instancias militares) por la que las personas que se nieguen a ir a la mili por razones de conciencia pasarán directamente a una situación de prórroga indefinida de incorporación aplazada hasta que se encuentre una solución legal a su situación.
Era la primera vez que el desafío colectivo, público, político y desobediente de los antimilitaristas conseguía un parche legal para evitar el desgaste del militarismo.
El congreso de Landa y la adopción de la estrategia noviolenta para acabar con el SMO
Ante la aceleración de los acontecimientos políticos en España, los grupos de objetores ya coordinados en el MOC deciden celebrar un congreso para orientar su lucha y organizar una estrategia de acción política en defensa del derecho de no colaborar con el ejército. Se celebra para ello un congreso en Landa (Navarra) en el año 1979.
El MOC adopta en este Congreso una estructura asamblearia y una estrategia de acción noviolenta para promover la lucha contra el militarismo en distintos campos de acción: objeción al servicio militar, antimilitarismo, noviolencia, defensa popular noviolenta, feminismo, OTAN, objeción fiscal y laboral, etc.
Se autodefine como un movimiento social antimilitarista, lo que trasciende el tema de la objeción de conciencia y el SMO.
El congreso de Landa armó ideológicamente al antimilitarismo español para adoptar su marcado carácter radical y noviolento y para, llegado el momento y tras intenso debate, preparar el camino para la desobediencia civil a la ley de objeción y la concreción más delante de la insumisión como estrategia de lucha.
Una copia integra de las actas del Congreso de Landa puede encontrarse en el enlace siguiente: https://www.grupotortuga.com/Actas-del-Primer-Congreso-del
El MOC reivindicó a partir de esta fecha un estatuto respetuoso con la opción política de los resistentes a la guerra, que permitiera el ejercicio del derecho de objeción de conciencia y comenzó su actuación para conseguirlo.
Después de Landa
Durante los años que pasaron hasta que en diciembre de 1984 se publicó la ley reguladora de la objeción de conciencia, el MOC se dedicó a utilizar el repertorio de acción noviolento para difundir su apuesta antimilitarista y presionar a los poderes políticos resultantes de la transición política en el reconocimiento efectivo del derecho a la objeción de conciencia.
Además, promovió otro tipo de campañas, como la de devolución de cartillas militares de los reservistas militares, la de lucha contra el juguete bélico y sexista, contra los campos de tiro militares y las bases, contra la OTAN, por la objeción fiscal al gasto militar, de solidaridad con objetores presos en otros países, etc.
También profundizó en otro tipo de propuestas, como la defensa popular noviolenta, el feminismo, la resolución alternativa de conflictos y la educación por la paz, el ecologismo, etc.
Una vez se fueron conociendo las propuestas legislativas de los sucesivos gobiernos de Suárez y Felipe González el MOC fue profundizando no sólo en el rechazo a los aspectos más restrictivos de estas leyes, sino también en el contenido más profundo de una objeción de conciencia cada vez más radicalizada.
De este modo, hacia finales de 1983, y como fruto de la reflexión y el análisis de la realidad, se presentó un documento de reivindicación que establecía, junto con la apuesta por la desmilitarización social y la exigencia de reducción del gasto militar, los puntos mínimos que debería tener una ley de objeción para ser aceptada por los objetores antimilitaristas, anunciando que, de no cumplirse, la ley seria desobedecida y se promovería una campaña de desobediencia civil.
Los doce puntos eran, a grandes rasgos, los siguientes:
- Reconocimiento del derecho de objeción sin restricciones y por cualquier motivación (ideológica, moral, religiosa, política, etc.).
- No discriminación, ni entre objetores y no objetores ni entre distintos tipos de objetores.
- Carácter civil y desvinculado de lo militar de cualquier prestación sustitutoria que se pudiera establecer.
- No militarización de dicha prestación.
- Autogestión de su realización por los propios objetores.
- Igual duración que el SMO.
- De no cumplirse estos mínimos, se reivindicaba el derecho a la desobediencia civil.
- Eliminación de la jurisdicción militar.
- Amnistía para los objetores presos (los había por haber desertado o por haber querido objetar de forma sobrevenida, cuando ya estaban en el SMO).
- Desmilitarización de la sociedad.
- Reducción del gasto militar.
- Transparencia y participación en la gestión de la prestación sustitutoria a la militar.
Este documento establecía el consenso mínimo entre los objetores que aceptarían una prestación sustitutoria del servicio militar como estrategia para “desbordar” el servicio militar y hacerlo ineficaz, y quienes no aceptaban éste por entenderlo como un mecanismo pensado para impedir la potencialidad de la objeción de conciencia (si este derecho fuera libre casi nadie iría a la mili y esta entraría en crisis).
Su relevancia para el futuro de la estrategia antimilitarista fue crucial, como veremos, porque facilitó el paso de la reivindicación de un derecho de exclusión a participar del SMO a la estrategia de insumisión.
También porque preparó mentalmente y organizativamente al MOC para planificar y desplegar el ciclo de movilización de la insumisión.
Durante todo este tiempo el repertorio de acción pública de denuncia del antimilitarismo realizó cientos de actos noviolentos: encadenamientos, ocupaciones, bloqueos, encartelamientos y sentadas, manifestaciones, actos de sensibiliación, juicios, … afinando con ello su capacidad de incidencia por medio de la acción directa y del diálogo con la sociedad.
La ley 48/84 de 28 de diciembre
Coincidiendo con el día de los inocentes, el gobierno publicó la ley de objeción de conciencia que reconocía el derecho de objeción a los que aún no se hubieran incorporado a filas pero no a los que ya estaban en ellas (objeción sobrevenida), establecía un tribunal que debía analizar los motivos de conciencia esgrimidos para reconocer el derecho e imponía una prestación sustitutoria de mayor duración del servicio militar pare evitar la salida masiva de los jóvenes hacia la opción de los objetores. También establecía penas de cárcel para los objetores desobedientes.
La ley fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo a instancia del MOC y otros grupos y, tras un lapso que duró hasta 1987, el Tribunal Constitucional acordó que la ley era constitucional y el gobierno se dispuso a aplicarla.
El inicio de la insumisión

Dado que cuando intentaron poner en marcha la ley había más de 22.000 objetores en prórroga de incorporación aplazada y el gobierno pensó que una desobediencia desencadenada por un grupo tan extenso y politizado podría ser un problema, acordó pasar a todos estos a la reserva y empezar la aplicación de la ley con los chavales más jóvenes, bajo la convicción de que no se atreverían a desacatar.
El MOC esperaba la jugada y propuso una campaña de “reobjeción”, en la que los objetores acumulados “renunciaron” a su condición de objetores para ser llamados a filas y negarse a la incorporación.
Ante la dimensión del reto, el gobierno decidió que no se admitieran las solicitudes de reobjeción y que todos estos objetores “antiguos” pasaran automáticamente a la situación de reserva, con el objetivo de desmovilizarlos.
A su vez, el MOC promovió la defensa de varios objetores sobrevenidos que se habían negado a participar de la mili una vez iniciado el SMO. Lauzerika, Odriozola, Martínez, tres objetores sobrevenidos, consiguieron la suspensión provisional de su servicio militar al llevarse sus casos a la Audiencia Nacional en recursos de protección de derechos fundamentales y hasta tanto el Tribunal Constitucional resolviera sus situaciones.
Así las cosas, y tras la paralización de varios años desde la aprobación de la ley. En el año 1988 empezaron a llegar cartas a los nuevos objetores para su incorporación a la prestación sustitutoria.
El ciclo de la insumisión
Los objetores antiguos y ahora pasados a la reserva, en vez de desmovilizarse planificaron junto con los nuevos objetores el desafío de la desobediencia, organizando equipos de apoyo para la misma, estrategias de comunicación de sus contenidos, contactos con grupos sociales y políticos, acompañamiento jurídico y material y planificando la escenificación y seguimiento de la campaña.
En febrero de 1989 se presentaron simultáneamente en diversas ciudades y pueblos españoles de manera pública y colectiva cientos de insumisos que se habían negado a incorporarse a la PSS sirviendo así de altavoz de la campaña de insumisión propiamente dicha.
Durante el ciclo de la insumisión fueron varias las campañas de presentación pública de insumisos con las que se desafiaba la ley y se comunicaba el reto colectivo contra la misma.
Los insumisos fueron selectivamente enjuiciados y condenados a prisión durante los 12 años que duró el enfrentamiento desde que se aplicaron los primeros (Noragriega e Hinojosa, juzgados aún por la jurisdicción militar en 1989) hasta la supresión del SMO.
Los primeros juicios a insumisos celebrados en un tribunal civil tuvieron lugar en Albacete en 1991 y supusieron la muestra de un amplio respaldo social a los insumisos enjuiciados y el inicio de la estrategia de hacer de los juicios y de las condenas un puntal de divulgación de la insumisión y su mensaje. Desde entonces se estima que hubo más de 3.000 juicios a insumisos. Juicios que provocaron oleadas de solidaridad y sirvieron para amplificar el mensaje de la insumisión y del antimilitarismo y, como veremos luego, para posicionar en favor de la causa insumisa y de la metodología noviolenta a múltiples articulaciones sociales y políticas.
El MOC desarrolló una estrategia de defensa jurídica de los insumisos basada en la justificación de la desobediencia civil contra el SMO y en el apoyo cívico y social a la insumisión. Bajo estos parámetros fueron defendidos la inmensa mayoría de los insumisos a lo largo y ancho del estado.
En 1992 se consiguió la primera sentencia absolutoria a un insumiso, Iñaki Arredondo, y poco después una segunda sentencia absolutoria a José María Bellido. A partir de entonces la disparidad de criterios judiciales ante el hecho de la insumisión, desde condenas duras hasta atenuantes y justificaciones con el fin de evitar la entrada en prisión de los jóvenes insumisos, junto con el paulatino cambio de lealtades en jueces y el mundo académico no dejó de crecer, generando una situación más favorable para la causa insumisa.
Con todo, más de 2.000 insumisos fueron reprimidos y encarcelados en el ciclo de la insumisión, una cifra inasumible para un Estado que alardeaba de democrático.
El encarcelamiento de insumisos provocó el crecimiento de grupos de apoyo, la acción de los insumisos presos desde dentro de la prisión y la extensión de la sensación social de lo intolerable de la represión a los antimilitaristas.
Al final del ciclo, la situación real era que el sistema de reclutamiento estaba notando el impacto de la campaña. Los militares exigían a los políticos que este tema no les salpicara (por aquel entonces su estrategia era la de normalizarse como una estructura democrática). El número de objetores legales crecía cada vez más y había problemas para completar los reemplazos militares. Los objetores legales alcanzaban tal número que el sistema de prestación sustitutoria era incapaz de absorberlo, por lo que miles de jóvenes se escapaban de la realización de prestación alguna, civil o militar, poniendo en crisis el modelo de reclutamiento militar español.

Por otra parte, la insumisión, que había alcanzado un alto grado de popularidad, hacía que cada vez fueran menos las organizaciones dispuestas a realizar convenios con el gobierno para asumir objetores para realzar la prestación sustitutoria.
También en la juventud más activista la propuesta desobediente de la insumisión ejercía un enorme atractivo más allá del propio SMO, y se fue incorporando a los repertorios de acción de otras articulaciones sociales y políticas.
Merece la pena observar el cambio de valores sociales que este ciclo antimilitarista ha ayudado a provocar en la sociedad española.
Por lo que se refiere a las izquierdas españolas, partían casi sin excepción de una tradición militarista y de reverencia a los ejércitos, bajo el sueño de un levantamiento popular apoyado por el ejército o de una insurgencia providencial que diera la vuelta a la tortilla.
De hecho, algunos de los partidos de izquierda (LCR, MC entre ellos) proponían a la juventud aprovechar el SMO para aprender el manejo de armas de cara a un eventual levantamiento.
La potencia de la insumisión y el desbordamiento que la juventud provocó a estos postulados al acoger tanto las aspiraciones antimilitaristas como las metodologías de acción de la campaña insumisa que empujaron a estos partidos a un cambio de posiciones y, en cierta medida, también de mentalidades,
Caso paradigmático de este cambio lo narra Pedro Oliver (que antes de historiador fue insumiso preso en Pamplona) en su libro “Ejerzitorik ez-No a los ejércitos” para el caso de la izquierda nacionalista vasca y navarra cuando explica el panorama y el cambio de posiciones de esas izquierdas ante el poderoso influjo de la lucha insumisa en las juventudes de sus organizaciones, lo que obligó a estos partidos a cambiar su hostilidad inicial hacia el MOC y a asumir la estrategia de desobediencia antimilitarista, lo que contribuyó según mi parecer a modificar también sus marcos de acción y su mentalidad militarista.
Un ciclo de movilización de sello netamente noviolento

Puede decirse que el antimilitarismo del estado español hoy en día se caracteriza por su enfoque noviolento y el uso del repertorio de acción propio de la acción noviolenta.
El ciclo de movilización que va desde los años 70 del siglo XX hasta 2001 se desarrolló bajo parámetros metodológicos noviolentos:
- Hizo uso de la acción colectiva, política y pública en sus actuaciones, combinando sensibilización, diálogo con la sociedad, denuncia, acción directa noviolenta y no colaboración como ejes de su actuación.
- La fortaleza y resiliencia de la resistencia desplegada fue una constante de su lucha y una de las claves de su expansión y éxito.
- El carácter abierto y descentralizado de la acción, permitiendo la inclusión en la protesta de todo tipo de grupos, articulaciones, colectivos e iniciativas en apoyo de la lucha insumisa, le permitió una gran pluralidad y creatividad y, dada la horizontalidad y autonomía de acción, también una variabilidad táctica que descuadraba al poder, siempre más lento en su respuesta.
- El uso de los parámetros clásicos de la desobediencia civil, incluida la utilización de los juicios y de la prisión como escenificación y performance donde se visibilizaba el conflicto con el militarismo y lo perverso de la respuesta política del estado a unos chavales que predicaban valores compartidos socialmente de paz y justicia, dieron alas y legitimidad a la insumisión y potenciaron su carácter movilizador y de transmisión de valores sociales.
- Se especializaron y mejoraron paulatinamente y con el uso frecuente las formas de actuar y protestar en la calle, el uso de la acción directa noviolenta (que se popularizó socialmente) así como los contenidos y aspiraciones que el movimiento proponía.
- El uso inteligente de marcos comunicacionales y la constante provocación mediante acciones disruptivas de calle consiguió constantemente saltar las agendas cerradas y normalizadoras que el poder pretendía y poner de nuevo en el candelero, de forma permanente, el escándalo de la insumisión, forzando con ello a no dar por cerrado el problema suscitado.
- La resiliencia de la lucha permitió deslegitimar el servicio militar y abrir un boquete en las lealtades e inercias que hacían de este un pilar del estado.
- El alcance de la práctica desobediente, asociado a los relatos ideológicos antimilitaristas, fue más allá de la mera reclamación de supresión del SMO, para modificar en cierto modo las mentalidades sociales y la propia práctica y valores de articulaciones políticas que venían de una tradición militarista. Hoy en día, la insumisión y la estrategia noviolenta tienen un nada despreciable grado de conocimiento y reconocimiento en la cultura participativa en general y está al alcance de la mano de grupos de toda índole y protestas de todo tipo.
- Durante la campaña de la insumisión se abrieron otros frentes de lucha antimilitarista (bases militares, objeción fiscal, educación para la paz, salida de la OTAN, contra las guerras, campos de tiro, mujer y antimilitarismo, juguete bélico y sexista, apoyo a resistentes de la guerra de otros lugares, etc.) que permitieron expandir el discurso antimilitarista y noviolento más allá del problema de la mili.
- Los valores propuestos por la insumisión permearon con ello a la sociedad, que asumió como propias gran parte de las consignas antimilitaristas (gastos militares para fines sociales, OTAN no Bases fuera, no a la guerra, militares parásitos sociales, insumisión, etc.) y de sus propuestas y metodologías (educación para la paz, resolución alternativa de conflictos, crítica al gasto militar, acción directa noviolenta, desobediencia civil). Naturalmente estas prácticas y valores no eran exclusivos de los insumisos, pero lo cierto es que la campaña de la insumisión los dotó de la visibilidad y verificación de los que carecían en gran parte. Estos valores y propuestas han seguido más allá en el tiempo del ciclo insumiso y son hoy un patrimonio compartido de la sociedad.
Podemos a su vez poner en la balanza la eficacia de la acción noviolenta respecto a otras metodologías de lucha, como son el mero parlamentarismo representativo o la lucha armada. Y ello porque, en el caso de la insumisión, ésta triunfó ante el primero (ningún partido político proponía ni asumía la apuesta insumisa) demostrando su legitimidad para provocar cambios, y también frente al segundo, principalmente porque coincidió en el tiempo con la propuesta insurgente de ETA, que fracasó.
La insumisión española, resta decir, es estudiada como un caso típico de movilización social y de eficacia de la desobediencia noviolenta en sociedades democráticas y ha dado lugar a ríos de tinta en tesis doctorales y libros de sociólogos, juristas, politólogos y otros estudios, porque no se registra en Europa un caso similar.
Hay quien dice que de todas maneras el triunfo de la insumisión no fue tal y que el proceso de profesionalización de las fuerzas armadas ya estaba en marcha. En mi opinión es una apuesta bastante cínica.
¿Había planes en tal sentido? No podemos asegurarlo. En todo caso, desde luego no creo que hubiera planes de suprimir el SMO, uno de los pilares del ejército y su adoctrinamiento social, en el contexto de desafío insumiso y cuando merced a este el ejército era incapaz de parar la sangría de no cubrir los reemplazos y de no conseguir reprimir la objeción de conciencia con una PSS que estaba colapsada, máxime cuando se había popularizado en la población la idea de que gracias a los insumisos el que iba a la mili era porque era tonto o porque quería hacerla.
Los militares querrían parar el problema y salir del foco. De eso no hay duda. Pero lo que tampoco podemos dudar es que seguramente no querrían suprimir la mili en el contexto en que la insumisión tenía la vigencia social que tenía y la crítica del reclutamiento era ampliamente asumida por la sociedad.
Relevo

Acabada la mili se cerró un ciclo especialmente intenso de movilización antimilitarista y el movimiento antimilitarista perdió una parte importante de su activismo y de su extensión territorial.
Otros acontecimientos históricos posteriores han impulsado nuevos ciclos, más cortos y concretos, de activación antimilitarista, como es el caso de las guerras de Irak o Afganistán, donde la apelación a la movilización social ha servido para cambiar en cierto modo el rumbo de determinadas políticas de nuestros gobernantes.
En todo este tiempo ha existido una verdadera transmisión – continuidad de los postulados antimilitaristas, de su marcado carácter no institucional y noviolento, de su concepción asamblearia y alternativista y de su sintonía con las nuevas demandas sociales ecologistas, feministas, antibelicistas o por el procomún.
Y en cierto modo, el movimiento ha ido resignificando su identidad a lo largo de este período enfatizando su carácter antimilitarista y de su coherencia, dotándose de más conocimiento y profundidad del militarismo (nunca hemos sabido tanto de éste como ahora) e incluyendo como valores centrales y, hasta cierto punto, en su identidad propia el carácter insumiso y noviolento, hasta el punto de convertirse estos casi en sus propios objetivos.
Por desgracia, y en consonancia con el resto de las articulaciones vigentes, el activismo antimilitarista se encuentra reducido, envejecido, disperso, diluido, atomizado y descoordinado.
Asistimos a un momento crucial, en el que el rearme toma impulso y la amenaza iliberal refuerza el militarismo institucional.
Es momento de desconcierto y de reorientación. Necesitamos crear nuevas agendas antimilitaristas de respuesta que, desde nuestro enfoque noviolento, permitan animar nuevos ciclos de movilización social.
También repensar el diálogo con las gentes jóvenes a las que hemos de dar el relevo para que, si llega el caso, no tengan que empezar de cero.
Aleikum salam.
