Los recortes y privatizaciones matan

Hace unas semanas, mientras tertulianos, expertos y seudoexpertos, además de algún cantamañanas ocasional, especulaban sobre las causas de la tragedia ferroviaria de Adamuz que se llevó por delante 46 vidas, la intervención de un portavoz sindical de los ferroviarios zanjó el asunto. Se limitó a exponer un par de situaciones vividas recientemente por este colectivo laboral. En la primera, la contrata encargada del mantenimiento de una vía se mostró incompetente para afrontar una reparación, por lo que finalmente fueron los propios técnicos de Adif quienes tuvieron que hacerse cargo del arreglo. En la segunda, un tramo de la vía presentaba un defecto estructural porque no se apoyaba adecuadamente sobre el balasto. La empresa encargada dilató la intervención debido a su elevado coste.

Independientemente de que la causa técnica concreta del accidente se ha fundado, al parecer, en un defecto de la soldadura de un rail antiguo con otro más reciente, el origen último del siniestro parece encontrarse -y esto ya parece objeto de consenso- en el deficiente mantenimiento de la red ferroviaria de este país. Un deterioro que, por otra parte, se constata a diario, como vienen denunciando usuarios y maquinistas, a través de los problemas de vibraciones y retrasos que sufren los trenes, no sólo los de alta velocidad, sino también los de cercanías (rodalies en Cataluña). Todo ello evidencia una inquietante falta de seguridad en un medio de transporte que utilizan diariamente millones de personas, fundamentalmente trabajadores y trabajadoras.

Los datos, a este respecto, son elocuentes: el noveno informe de la Comisión Europea(CE) de fecha 30 de Julio de 2025, sobre evolución del mercado ferroviario español, establece que el 84% del gasto ferroviario en alta velocidad se destina a la inversión en nueva infraestructura, mientras que sólo un 16% se emplea en la conservación de la red operativa. España invirtió en 2022, según datos de la CE, la mitad de la media de la UE en mantenimiento, renovación y mejora por kilómetro de vía. 

Se ha priorizado claramente la ampliación de las líneas de alta velocidad -con la incorporación de operadores privados- sobre la preservación del buen estado de la red existente. Transportes destinó, en 2024, 2.280 millones a nuevas líneas de AVE, mientras que al mantenimiento de toda la red ferroviaria dedicó 1.120 millones. Es decir, un 33% en mantenimiento de la red frente al 67% en nuevos trenes y vías. En la UE la proporción es inversa: 75% y 25%, respectivamente. Podría concluirse, por consiguiente, que los responsables políticos han antepuesto los réditos electorales que proporciona la inauguración de infraestructuras y servicios de alta velocidad -cuyo uso ha crecido en los últimos años un 70%-, frente a la adopción de medidas de seguridad, cuyo importe sólo se ha incrementado un 22%. 

El resultado es que un número creciente de trenes circula sobre unas vías en mal estado: el gasto de mantenimiento por pasajero ha caído en AVE un 30% desde 2019. Una auténtica ciclogénesis explosiva, concurrencia de diversos factores devastadores, ha tenido lugar sobre nuestra infraestructura ferroviaria. A un marco de recortes presupuestarios, que viene desde 2010, se ha sumado tanto el afán de deslumbrar por parte de los gobiernos sucesivos como la cadena de subcontratas inherentes a la ‘externalización’ del mantenimiento. La consecuencia es que las empresas privadas encargadas de patearse las vías para subsanar deficiencias no disponen, una vez apartado el importe del beneficio industrial inherente a la privatización, de recursos suficientes para prestar un servicio con unos estándares mínimos de calidad. Y entonces es cuando la gente muere o, en el mejor de los casos, no llega a sus trabajos a tiempo tras coger un cercanías.

Esta combinación fatal de austeridad y privatizaciones no sólo afecta al transporte ferroviario. La sanidad es otra de las grandes víctimas de las políticas neoliberales implementadas desde hace décadas por gobiernos del PP y del PSOE. Las listas de espera aumentan en todos los territorios, así como las derivaciones a la sanidad concertada. Sobre lo que da de sí la gestión privada de los hospitales públicos, que la derecha aplica allí donde gobierna, lo hemos comprobado en aquella obscena grabación en la que el CEO del grupo Ribera, gestor del hospital de Torrejón, instaba a rechazar pacientes para mejorar la rentabilidad económica. El esquema se repite: menos dinero para el servicio, privatización de su gestión y, como consecuencia, unos recursos menguados que han de repartirse entre las necesidades de los usuarios o pacientes y los márgenes de beneficio del adjudicatario privado.

Y no es que no haya dinero en la sociedad. En 2025, merced al crecimiento económico y a la inflación, la Agencia Tributaria recaudó 30.000 millones más que el año anterior. Que podrían haber sido muchos más de haberse acometido esa reforma fiscal que nunca se materializa por presiones de los ricos y de las grandes empresas. En todo caso, hay órdenes de Washington y Bruselas para limitar el gasto en los servicios públicos y redirigirlo hacia el sector militar: en 2025, el gobierno español ha suscrito, sin pasar por el parlamento, 32.000 millones en nuevos contratos militares. La OTAN y la UE imponen una política de rearme y privatizaciones incompatible con el Estado del Bienestar, es decir, con la vida y la seguridad de las personas. La solución está en desobedecerla. Pero no veo yo al bipartidismo español y a sus respectivos socios a izquierda y derecha muy por la labor.

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