La escalada militar de Trump contra Venezuela repite el modelo de la guerra en Irak

El ambiente en el Caribe se vuelve cada vez más tenso, a medida que los Estados Unidos intensifican sus amenazas militares. Bajo el engañoso velo de la “guerra contra las drogas”, los Estados Unidos están ejecutando activamente un plan de intervención militar en Venezuela, empleando fuerza letal y proyectando su poder de una manera que las instituciones legales y los líderes regionales han condenado como una profunda amenaza al orden internacional. Esta agresión no es una operación de aplicación de la ley; es la negación de la ley, un renacimiento neocolonial de la Doctrina Monroe, diseñado para destruir la soberanía de Venezuela, tomar el control de las mayores reservas de petróleo del mundo e instalar un régimen dócil.

Licencia para matar: el precedente del asesinato de Estado

La escalada actual se ha caracterizado por una adopción escalofriante de la violencia extrajudicial. La administración Trump ha ordenado ataques militares unilaterales contra buques privados cerca de la costa venezolana, supuestamente para detener el tráfico de drogas. Para lanzar estos ataques de alarma, el ejército estadounidense ha desplegado una enorme fuerza naval compuesta por buques de guerra, drones y fuerzas de operaciones especiales.

Estos ataques han provocado la ejecución sumaria de al menos 27 personas, según informes recientes. El más reciente ataque letal en el Caribe provocó la “eliminación” de seis personas más. Esto no es aplicación de la ley, es asesinato extrajudicial y una campaña que ahora forma parte de un plan de guerra contra Venezuela. La administración ha calificado a las víctimas, sin pruebas creíbles, de narcotraficantes y “terroristas”, una afirmación que, aunque fuera cierta, no da autoridad legal al presidente de los Estados Unidos para ejecutar a quien decida.

Las organizaciones jurídicas y de derechos humanos han condenado de manera inequívoca esta política profunda y peligrosa, que sustituye los procedimientos policiales establecidos por la fuerza letal premeditada. La Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York (NYCBA), una voz clave en materia de ética jurídica internacional, ha denunciado enérgicamente estas acciones. La NYCBA declaró explícitamente que “dado que los recientes ataques contra buques venezolanos y sus tripulaciones no estaban autorizadas por la legislación estadounidense y violaban el derecho internacional vinculante, se trataba de ejecuciones sumarias ilegales, es decir, asesinatos”. Además, argumentó que estas acciones violan el principio internacional fundamental de que “nadie será privada arbitrariamente de su vida”, recogido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Gobierno de los Estados Unidos posee amplia autoridad legal para que la Guardia Costera intercepte y registre los buques sospechosos de transportar narcóticos, seguido de un enjuiciamiento en los tribunales estadounidenses de acuerdo con los requisitos del debido proceso. Sin embargo, en el caso de los buques venezolanos, se eludió la función policial de la Guardia Costera autorizada por el Congreso; en su lugar, las tripulaciones fueron simplemente atacadas y ejecutadas por una fuerza militar abrumadora. Los líderes regionales, entre ellos el presidente colombiano Gustavo Petro, han condenado los asesinatos extrajudiciales, destacando la profunda inquietud que existe en toda América Latina por el retorno de la acción militar unilateral de los Estados Unidos bajo el pretexto de la política antinarcóticos.

Escalada: los B-52 y la amenaza de guerra

Más allá de los ataques letales, el Gobierno de los Estados Unidos ha adoptado una postura militar significativa que supone un desafío directo a la soberanía venezolana. El avistamiento de bombarderos B-52 estadounidenses en el espacio aéreo venezolano, volando a corta distancia, supone una escalada significativa. Este belicismo no tiene nada que ver con la “guerra contra las drogas” y sí con el cambio de régimen para saquear el petróleo de Venezuela. Este imprudente impulso hacia la guerra es un acto criminal de agresión internacional.

Los ataques unilaterales con drones de la Administración Trump en el Caribe, combinados con la terminación por parte de la Casa Blanca de todas las negociaciones con Venezuela, parecen ser el precursor de una operación de cambio de régimen a gran escala. Este es un momento crítico. Debemos dar la voz de alarma: existe el riesgo de un nuevo y catastrófico conflicto en la región.

Los propios funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos siguen agravando la crisis con retórica y acciones belicosas. El secretario de Estado Marco Rubio, uno de los principales artífices de la política de cambio de régimen, se ha negado sistemáticamente a descartar la opción militar, afirmando que el régimen de Maduro se ha convertido en una “amenaza para la región e incluso para los Estados Unidos”.

La respuesta de Venezuela ha sido una defensa basada en principios de su soberanía. El embajador ante la ONU, Samuel Moncada, ha dado repetidamente la voz de alarma en la escena internacional, argumentando que el despliegue militar estadounidense en el Caribe es una operación propagandística a gran escala que busca “excusas para fabricar un conflicto” con el fin de apoderarse de la riqueza petrolera del país. Moncada afirmó que “los Estados Unidos creen que el Caribe le pertenece porque lleva más de 100 años aplicando la expansionista Doctrina Monroe, que no es más que un vestigio del colonialismo”.

El presidente Nicolás Maduro ha ordenado a Washington que reanude el diálogo, afirmando que “nuestra diplomacia no es la diplomacia de los cañones, de las amenazas, porque el mundo no puede ser el mundo de hace 100 años”, al tiempo que moviliza ejercicios de defensa nacional para garantizar que el país esté preparado para cualquier ataque directo. La NYCBA advirtió que los ataques contra buques venezolanos y las amenazas denunciadas contra el Gobierno venezolano violan las obligaciones de la nación en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, con el riesgo de que se intensifiquen hasta convertirse en hostilidades abiertas.

Paralelismos con la guerra de Irak: petróleo, ideología y engaño

La situación actual recuerda de forma escalofriante los prolegómenos de la invasión de Irak en 2003. En ese caso, la administración Bush justificó la acción unilateral basada en las “armas de destrucción masiva”, pero esto fue un pretexto. Los verdaderos objetivos no se limitaban al petróleo, sino que también incluían la consecución de profundos objetivos ideológicos y políticos: derrocar a un gobierno para remodelar la política de Oriente Medio y afirmar su dominio.

Washington debe aprender las lecciones de esta historia. La administración Bush prometió una rápida victoria en Irak. En cambio, las invasiones y la ocupación se cobraron innumerables vidas iraquíes, provocaron la muerte o heridas a decenas de millas de soldados estadounidenses y desestabilizaron la región. La idea de que los Estados Unidos puede llevar a cabo invasiones militares en el corazón de América Latina sin sufrir un contragolpe masivo es descabellada.

En el caso de Venezuela, la “guerra contra las drogas” y la calificación del Gobierno como “amenaza” sirven como nuevos pretextos retóricos. Los intereses de los Estados Unidos son múltiples: se trata de asegurar las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y de alcanzar el objetivo ideológico y político de derrocar a un Gobierno socialista para afirmar su dominio y remodelar la política latinoamericana. Los Estados Unidos buscan desmantelar la Revolución Bolivariana y eliminar un importante centro de política antiimperialista en el hemisferio.

La actual escalada no tiene que ver con la aplicación de la ley o la lucha contra el narcotráfico, sino con el cambio de régimen y el saqueo. Aunque los miembros del Congreso, tanto del Partido Demócrata como del Republicano, así como voces clave de la opinión pública, se pronuncian cada vez más sobre la ilegalidad de estos ataques y la ausencia de información creíble por parte de la administración, esta situación requiere mucha más urgencia, ya que una vez que se sube la escalera de la escalada, puede que no haya vuelta atrás. La comunidad internacional debe reconocer esta campaña agresiva por lo que es: un acto criminal de agresión internacional. El mundo debe oponerse a esta amenaza de un nuevo y catastrófico conflicto.

Manolo De Los Santos es director ejecutivo de The People’s Forum e investigador del Tricontinental: Instituto de Investigación Social . Sus artículos aparecen regularmente en Monthly Review, Peoples Dispatch, CounterPunch, La Jornada y otros medios progresistas. Recientemente ha coeditado Viviremos: Venezuela vs. Hybrid War (LeftWord, 2020), Camarada de la Revolución: Discursos seleccionados de Fidel Castro (LeftWord, 2021) y Nuestro propio camino hacia el socialismo: Discursos seleccionados de Hugo Chávez (LeftWord, 2023).

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Este artículo ha sido elaborado por Globetrotter .