José Haro Hernández •  Opinión •  14/12/2022

La derecha subversiva

‘Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley’. Esta frase, que salió de boca de un soriano que fue grabado en un control de alcoholemia por un programa televisivo que se hizo viral, se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los eslóganes recurrentes de las derechas recalcitrantes de este país. Y es que históricamente se ha considerado que los sectores conservadores de la sociedad encarnaban el respeto a la ley y el mantenimiento del orden, frente a aquellos segmentos de las clases consideradas bajas que, bien por la vía delincuencial, bien por la revolucionaria, quebrantaban con su accionar criminal y/o subversivo el sistema sociopolítico y el conjunto de leyes que lo armaban, alterando así la convivencia y la armonía social. 

Conforme la ciudadanía asumía un proceso de empoderamiento y el acervo legal de las sociedades, a consecuencia tanto de las movilizaciones históricas de los pueblos como del acceso a los gobiernos de fuerzas progresistas, iba conformando un nuevo Estado que primero fue de Derecho y después alcanzó la condición de Social, la relación entre las leyes y los distintos sectores sociales experimentó importantes cambios, de suerte que llegamos al presente en una situación en la que las normas de todo tipo(sociales, ambientales, laborales,…) que encauzan las relaciones sociales están cuestionadas permanentemente desde aquellos estamentos que hasta hace unas décadas se erigían en guardianes de lo establecido. Hasta el punto de que las infringen deliberadanmente.

En este sentido, en los últimos tiempos asistimos a una auténtica revuelta de los poderosos y sus representantes políticos para retroceder algo así como un siglo, atacando virulentamente el conjunto de instituciones y leyes que humanizan esta sociedad y la acercan un poco hacia un sistema más justo. No se revuelven contra un nuevo orden revolucionario abruptamente impuesto, sino contra el sentido común y las ganancias elementales acumuladas por los movimientos sociales a través de un largo período histórico de luchas. Los de arriba en la jerarquía social se han instalado en la subversión.

Que es como se llama lo que hace Ayuso con la sanidad pública madrileña, desmontando una conquista(la de disponer de un médico público cuando enfermamos)que jamás imaginamos que se pudiera poner en cuestión a estas alturas del siglo XXI. También lo que practica el PP, en este caso contra la propia Constitución, al negarse a renovar el poder judicial a fin de garantizarse tanto la complicidad de éste en su proyecto retrógrado como la impunidad de su propia corrupción. Y también en lo que incurre Sánchez cuando traiciona a los saharauis o encubre la gravísima violación de los derechos humanos perpetrada en Melilla. Y unos y otros cuando tapan en el Congreso de Diputados las tropelías del emérito y los delitos de las cloacas del Estado. Vulneran los fundamentos del Estado moderno(división de poderes e igualdad de todos y todas ante la ley). Las élites y el Estado profundo se han proclamado en rebeldía, básicamente contra los derechos de la mayoría y los impuestos a la minoría.

En nuestra región disponemos de sobradas muestras de esa insurrección que en estos tiempos adopta la forma trumpiana con resonancias ibéricas de carácter ayusiano. Y como muestra, unos cuantos botones. En primer lugar, tenemos una Asamblea Regional en la que han hecho metástasis la corrupción y el transfuguismo, conformando la representación de la soberanía popular murciana como una cloaca alejada de los estándares democráticos que presentan los parlamentos de otras comunidades autónomas y países de nuestro entorno. Otro ejemplo: Murcia va a ser sancionada por la justicia europea por incumplimiento de la Directiva relativa a la protección de las aguas contra la contaminación por nitratos. En esta ocasión, para la derecha regional prevalecen los intereses de la agroindustria sobre la legislación ambiental europea, de obligado cumplimiento para España.

Más expresiones de la actitud subversiva del PP: la llamada Ley de Simplificación de López Miras, que no pretende otra cosa que obviar las prescripciones ambientales y de ordenación del territorio de cuantas empresas tengan a bien obsequiarnos con su presencia en estas tierras. De proseguir esta lógica desreguladora, aquéllas terminarán exigiendo el restablecimiento de la esclavitud como condición para invertir aquí. Otro intento de esquivar el orden legal ha sido la Ley de Autonomía Financiera, tumbada por los servicios jurídicos de la Asamblea en tanto que anticonstitucional por cuanto suponía un intento de desobediencia fiscal al Estado, al invadir las competencias de éste en materia tributaria.

Paradigma de la actitud delictiva de los reaccionarios murcianos es el banquillo sobre el que se sienta Valcárcel para dar cuenta de los tejemanejes que giran en torno a la desaladora de Escombreras, asunto en el que se pisotean un buen puñado de leyes ambientales y de normas contables, y sobre el que planea una muy alargada sombra de corrupción. 

En definitiva, la derecha, contaminada por las ideas extremistas de la ultraderecha, ha decidido cortar amarras con la democracia, como vía más rápida y determinante para acabar con las conquistas sociales y la presión fiscal(ya excesivamente minorada)sobre las grandes empresas y los ricos. Sólo que ahora, a este fin, no recurren a los espadones, sino a las togas y a voceros mediáticos que, armados con un discurso de odio y bulos, pretenden desmontar un armazón jurídico construido a lo largo de muchas décadas.
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