La vivienda y la revuelta que viene

El problema de la vivienda sólo se resolverá cuando deje de ser un activo financiero y se considere un derecho inalienable.

Conozco a una pareja que hace un par de años suscribió un contrato de alquiler a largo plazo que fijaba una renta mensual de 700 euros. Cuando llevaban año y medio como inquilinos, los dueños de la vivienda les anunciaron que la vendían. Así que se marcharon y después han sabido que la casa fue adquirida por una sociedad inmobiliaria que la ha arrendado por 1000 euros. Otra pareja amiga vive en un edificio de unos 50 años sobre el que un fondo buitre ha hecho una propuesta de compra para convertir la totalidad de sus casas en alojamientos turísticos.

Estas dos situaciones descritas son paradigmáticas respecto de la naturaleza que tiene este mercado actualmente: es un activo financiero más, codiciado por los capitales especulativos que andan por el mundo en busca de dinero fácil. Las empresas y personas que antes invertían en oro, acciones de Telefónica, bonos del Estado o terrenos, ahora compran compulsivamente viviendas, lo que provoca su encarecimiento en espiral. Esta dinámica, intachable desde el punto de vista de una economía de mercado donde todos los bienes son mercancías susceptibles de compraventa, entra en colisión con el derecho que toda persona tiene a vivir bajo un techo. Y si en la cuestión sanitaria, por ejemplo, prevalece el derecho a una sanidad pública y universal-si bien interferido por una creciente tendencia privatizadora-, en lo tocante a la vivienda hay que abordar el asunto desde una perspectiva similar: el Estado debe garantizarla.

Ello sólo puede conseguirse a través de un parque público con las suficientes dimensiones como para tirar hacia abajo del precio de las promociones privadas. Hay que entender, por otra parte, que la razón de la carestía irracional de este bien de primera necesidad no radica en que haya una demanda que supere con creces la oferta disponible: hay millones de casas vacías y otras miles de las que están siendo desalojados los inquilinos habituales para convertirlas en alojamientos turísticos o alquileres con precios cuadruplicados. Además, la construcción ha despuntado en los dos últimos años. Así pues, no estamos ante una escasez de oferta, sino de exceso de demanda con finalidad no habitacional, sino inversora y especulativa.

Por consiguiente, la primera medida inmediata-mientras se levanta ese parque público-es la prohibición de las operaciones de compraventa cuyo objetivo no sea residencial. La segunda no puede ser otra que rebajar administrativamente los alquileres. Esto, que parece muy radical, está obligado por la desproporción que hay entre el coste de la vivienda y el salario mediano, con el disparate de habitaciones en las grandes ciudades que superan los 500 euros. La Constitución española permite intervenir este mercado ‘para evitar la especulación, regular el uso del suelo y garantizar el acceso a la vivienda’. Pues eso, que se aplique nuestra ley de leyes con la contundencia que exige la gravedad del momento en que vivimos.

Lamentablemente, la mayoría de fuerzas políticas españolas se mueven entre la indolencia ante el drama social que provoca la falta de vivienda asequible y la complicidad con el capital financiero involucrado en esta operación de extracción de rentas a las clases populares. El PP saca el recetario liberal clásico: dejemos actuar libremente a las fuerzas del mercado proveyendo del suelo necesario para edificar. Ya sabemos lo que esta política, que nos ha llevado al momento actual, da de sí: en la Región de Murcia el gobierno regional de la derecha ofrece viviendas ‘protegidas’ por bastante más de 200.000 euros. El PSOE, por su parte, tampoco abandona el marco liberal y propone utilizar el dinero público para subvencionar a los caseros, tanto por la vía fiscal como por la aportación directa. Ello supone mantener altos los alquileres con un coste compartido entre arrendatarios(o compradores) y contribuyentes. Pero es que, además, estas ayudas llegarían a muy poca gente: hay 7.000 millones para 5 años. Incluso Sumar ha limado sus rupturistas propuestas de antaño y ahora se limita a pedir la congelación de los alquileres y la prórroga automática de los contratos. Imagino la enorme ilusión que le hará a un inquilino saber que no va a pagar, en el futuro, más de los 1.150 euros de media que ahora abona por 80 metros.

El asunto no tiene solución a no ser que se le dé la vuelta como a un calcetín al sistema político y económico: mientras la clase política del bipartidismo esté sometida a los bancos y fondos buitre como Blackstone, las cosas no van a cambiar.  Hay que acometer un programa valiente de vivienda pública soportado en una nueva fiscalidad que grave el capital financiero y los grandes patrimonios como es debido. Si esto no se hace, vendrá una revuelta que se manifestará, en primera instancia, en cuanto se abran las urnas, donde no van a quedar muy bien paradas las fuerzas que hoy sostienen al gobierno. En la sociedad progresista hay un fuerte sentimiento de orfandad: no existe una coalición social y política sólida que esté poniendo sobre la mesa, con números y plazos, una propuesta factible que vaya a la raíz del problema. Y eso desasosiega porque deja a la gente sin esperanza.

joseharohernandez@gmail.com