José Haro Hernández •  Opinión •  13/09/2021

No es mercado, es especulación

Una conocidísima empresa eléctrica, propietaria de gran parte de las centrales hidroeléctricas del país, está teniendo un comportamiento, en estos últimos tiempos de subida estratosférica del precio de la luz, que resulta paradigmático respecto de cuál es la orientación que preside el quehacer de las grandes corporaciones en relación a las necesidades vitales de la población, el medio ambiente, el bolsillo de la ciudadanía y el margen empresarial de beneficios. Básicamente, la cosa consiste en que este último aspecto prevalece, en términos absolutos, sobre los demás. Todo por la pasta, aunque las economías domésticas, las industriales y la propia Naturaleza se vayan al garete. 

En resumidas cuentas, lo que viene haciendo esta compañía es especular con el agua. La desembalsan masivamente, reduciendo espectacularmente el volumen almacenado, con el fin de que en la subasta la energía hidroeléctrica entre en juego el mayor número posible de horas al día(hace unas semanas llegó a marcar los precios en 23 de las 24 horas). El truco reside en que esta producción, monetariamente insignificante para las centrales, se cobra según el valor de la última energía que ha entrado en el sistema, que suele ser de ciclo combinado, mucho más cara por la adquisición de gas y la preceptiva compra de derechos de emisión de carbono. En definitiva, pingües ganancias, absolutamente desproporcionadas. Es como si un frutero inundara su establecimiento de manzanas porque en lugar de cobrarlas a su precio normal(más o menos 1,50 euros/kilo) lo hiciera al del aguacate(unos 5 euros/kilo), que vende en mucha menor proporción.

El problema con los desembalses no es sólo que buscan, y consiguen, un aumento desorbitado del recibo eléctrico. Generan, además, un desabastecimiento para las poblaciones afectadas: particulares, ganaderos y agricultores ven mermada el agua que precisan para vivir y trabajar. Para rematar, se instala un paisaje árido que perjudica la actividad turística y, sobre todo, el ecosistema acuático.

Y todo este daño no lo inflige, contra la creencia general, el mercado. Porque el sistema de formación de precios de la energía no tiene nada que ver con la oferta y la demanda. Ni con los costes de producción de los distintos elementos que conforman esta mercancía. Volviendo al ejemplo de la frutería, si ésta actuara, en connivencia con el resto de establecimientos del gremio, como en el ejemplo arriba descrito, haciendo pagar al cliente por cada uno de los productos que echa en la cesta lo que marca el más caro de ellos, se produciría una reacción social y de las autoridades económicas que pondría fin inmediatamente a ese ataque a la más elemental lógica comercial.

La pregunta, por tanto, es por qué este despropósito. Y la explicación es muy simple: las eléctricas constituyen un oligopolio privado muy influyente vinculado al poder político. Lo cual les permite saltarse las más elementales reglas del mercado. De hecho, el capitalismo moderno siempre se las ha saltado. Empezó, allá por el siglo XIX, comprando la fuerza de trabajo por debajo de su valor de reposición y las materias primas traídas de las colonias por un importe inferior al real. En este país, respecto de los europeos de nuestro entorno, padecemos una dosis extra de capitalismo oligopólico. Tal es así que, mientras los principales países de la UE disponen de empresas públicas energéticas, aquí no existen: el PP, y en menor medida el PSOE, las privatizaron por completo, por lo cual estos partidos fueron recompensados mediante el conocido mecanismo de las puertas giratorias. 

Esto explica la irritante, por pasiva, reacción del gobierno actual ante una escalada en la factura de la luz sin parangón en el conjunto de Europa. A pesar de que la Fiscalía ha remitido a la CNMC un informe sobre prácticas irregulares de algunas de las más importantes empresas del ramo, que además ya han sido sorprendidas(y multadas) en el pasado manipulando los precios, causa estupor la indolencia cómplice de un ejecutivo que se presenta como el más progresista de la historia. Y que podría hacer muchísimo más de lo que está haciendo. Para empezar, dispone de la Directiva Europea 2019/944 reguladora del mercado interior de la energía que, en relación a la fijación pública de precios, ésta se puede producir excepcionalmente, entre otras circunstancias, ´en caso de deficiencia del mercado, cuando las intervenciones de las autoridades reguladoras y de la competencia hayan resultado ineficaces’. Esta norma parece escrita ex profeso para el caso español. Pero además, Sánchez tiene la Constitución Española, cuyo artículo 128 establece que el sector público puede ´acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general’. Y no cabe duda de que cuando las empresas españolas soportan unos costes energéticos que doblan los de las europeas, está en juego el interés general; también por la merma en el consumo que supone el hecho de que la gente tenga que destinar una parte creciente de sus ingresos a pagar la luz. 

El camino para salir de esta situación es diáfano: primero, intervenir los precios; segundo, empezar a montar una empresa pública de energía. Siquiera sea para parecernos un poco a Europa, que no a Venezuela.

                           joseharohernandez@gmail.com


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