La nacionalización del sector eléctrico: una tarea imprescindible y urgente

El XII Pleno del Comité Central del PCE, celebrado el 26 de abril de 2020, fijó la imperiosa necesidad de incrementar la intervención del Estado en la planificación y dirección de la economía, y particularmente a poner en marcha un sector industrial, energético y financiero público y poderoso. Constatamos que la crisis ha puesto al descubierto las costuras de un sistema minado por décadas de políticas neoliberales han destruido nuestra capacidad productiva como país. De ahí la necesidad de construir un sistema económico y productivo al servicio de las necesidades de nuestro pueblo, que garantice soberanía, eficiencia y suficiencia. Y, fuera de la UE y sus reglas, así como fuera de las políticas belicistas de la OTAN.

La nacionalización del sector eléctrico siempre ha estado en nuestro programa político, pero hoy resulta imprescindible cuando planteamos la necesidad de reconstruir nuestra capacidad productiva. Más si consideramos que la energía eléctrica es un producto básico y de primera necesidad para el conjunto de la población. Resultando un sector estratégico, no puede quedar al albur de los intereses especulativos del oligopolio que actualmente lo posee y del que se lucra de manera exorbitada. Como cualquier sector económico esencial debe quedar sometido a la planificación democrática y bajo control público. El actual modelo de producción y mercado energético se viene construyendo desde hace 20 años, con los siguientes resultados: dividendos astronómicos entre los propietarios del oligopolio y una inversión tecnológica absolutamente ineficiente, entre otros. El desastroso balance es el resultado directo de gestionar el sector desde la perspectiva de la generación del máximo beneficio, en lugar de sobre criterios como la satisfacción de las necesidades de la población, la reducción de la agresión al medio ambiente y el incremento de la soberanía energética del país.

No es suficiente, sin embargo, con nacionalizar el sector eléctrico para garantizar la electricidad como un servicio universal o un desarrollo sostenible y soberano de nuestro modelo. Ejemplos de cómo gestionar en favor de las multinacionales existen, y en este sector no han faltado. El propio Ministro de Industria del Gobierno de Felipe González, Juan Manuel Eguiagaray, reconoció que con la moratoria nuclear el Estado rescató a las eléctricas de una inversión sin rentabilidad alguna y además pagó 6.600 millones de euros más de lo que el sector había invertido.

Por eso no basta exclusivamente con nacionalizar el sector para favorecer los intereses de la mayoría trabajadora, también es necesario plantear la necesidad de un contexto político y económico distinto, sino porque una vez nacionalizado se precisa un modelo de gestión que anteponga los intereses generales a cualquier otro y eso es inviable si no va acompañado de un sistema público de financiación que permita soberanía frente a la oligarquía financiera.

La venta de Endesa frente al modelo público de Francia e Italia

En 140 años de historia del sector eléctrico en España la única empresa pública relevante ha sido ENDESA, que a finales de los años 80 poseía tan solo el 15% de la capacidad de producción instalada en el país. Dicha capacidad se amplió con la adquisición de Sevillana de Electricidad, FECSA, HECSA, ENHER y Electra de Viesgo, pero dicha expansión de la empresa estatal formaba parte del plan de creación de un oligopolio privado en el que tanto PSOE como PP colaboraron activamente. De manera que, tras los procesos de absorción, el Estado vendió su participación en Endesa y entregó a ENEL la mayor de las empresas del oligopolio eléctrico español. Y aquí viene la paradoja: ENEL es una empresa pública del estado italiano. Para continuar con ejemplos cercanos, en Francia EDF, que posee el 90% de la capacidad productiva del país, tiene una participación del Estado del 84,8 % y la segunda compañía eléctrica del país, Engie (antigua GDF), también tiene participación del Estado en un 24%. Lo que viene a demostrar que mientras en España se “liberalizaba”, destruyendo la capacidad pública de intervención, nuestros vecinos no sólo se reforzaban sino que se optaba por extender tentáculos a otros estados como el nuestro.

Y podemos empezar ya, porque este año, y en los próximos cinco, vencen muchas concesiones hidroeléctricas, encuadradas en prácticamente todas la Confederaciones Hidrográficas del estado.

Son miles las razones para nacionalizar el sector eléctrico, pero la principal es garantizar que cada cual reciba según sus necesidades, tal y como plantea K. Marx en su Crítica al Programa de Gotha.